SANTO DOMINGO, RD.-La Mancomunidad Dominico-Venezolana, junto con el Movimiento Venezolano presidido por José Alberto Pérez, expresa su preocupación ante el reciente acuerdo firmado entre el presidente de los Estados Unidos y la presidenta interina de Venezuela, designada por el mismo gobierno estadounidense.
Este acuerdo, que involucra la explotación de los recursos petroleros de Venezuela, ha suscitado un intenso debate sobre su legalidad conforme a la Constitución de la República Bolivariana de Venezuela.
Desde nuestra perspectiva, existen varios argumentos que respaldan la posición de que dicho acuerdo es ilegal:
Legitimidad del Gobierno: La presidenta interina carece de un mandato popular, lo que cuestiona su capacidad para representar a Venezuela en negociaciones internacionales. La Constitución establece que el presidente debe ser elegido por el pueblo, y la falta de un proceso electoral formal pone en entredicho la validez de su firma.
Soberanía Nacional: La Constitución venezolana reconoce que los recursos naturales son propiedad del Estado. Cualquier acuerdo que implique la explotación de estos recursos sin la debida autorización del gobierno legítimo y la Asamblea Nacional es, por tanto, ilegal.
Procedimientos Legales: La firma de tratados y acuerdos internacionales debe seguir procedimientos establecidos por la ley. La falta de cumplimiento de estos procedimientos puede llevar a la nulidad del acuerdo.
Intervención Extranjera: La intervención de un gobierno extranjero en los asuntos internos de Venezuela, como lo implica este acuerdo, contraviene las disposiciones constitucionales que protegen la soberanía nacional.
Impacto en Derechos Humanos: Cualquier acuerdo que perpetúe un régimen no democrático y que afecte los derechos humanos de los venezolanos debe ser considerado con cautela y puede ser impugnado legalmente.
La Mancomunidad Dominico-Venezolana y el Movimiento Venezolano, bajo la dirección del Lic. José Alberto Pérez, hacen un llamado a la comunidad internacional para que respete la soberanía de Venezuela y apoye un proceso de diálogo que garantice la participación del pueblo venezolano en la toma de decisiones que afectan su futuro.