SANTO DOMINGO, República Dominicana.- La Comisión de Niñez y Familia de la Cámara de Diputados (CD) critica acremente el caso sobre maltratos a niños, niñas y adolescentes maltratados y encontrados en el local de la Fundación Restaurando Vidas en el municipio de Haina, San Cristóbal.
No basta con intervenir, con detectar, con advertir; hay que dar seguimiento, cumplir las decisiones, se cumplan las medidas, este caso debe marcar un antes y un después en la República Dominicana, porque cuando se se vulneran los derechos de los niños, hay que establecer responsabilidades.
Sostiene que no solamente se deben investigar los maltratos denunciados, sino además, determinar qué ocurrió después de una primera intervención y cómo un establecimiento que carecía de habilitación pudo continuar o volver a operar teniendo menores de edad bajo su cuidado.
Así lo advirtió la Comisión de Niñez y Familia de la CD que preside la diputada Nelsa Shoraya Suárez, acompañadas de colegas de todas las bancadas del cuerpo legislativo
En un amplio documento expresa que las informaciones en torno al caso aumentan su preocupación y los obligan, como Estado, a formular preguntas que deben recibir respuestas claras.
Deplora que el establecimiento no contaba con la habilitación requerida para ofrecer servicios de cuidado o atención residencial a niños, niñas y adolescentes y que ya había sido objeto de una intervención de las autoridades en septiembre de 2025, luego de detectarse irregularidades.
Ese antecedente, precisa la comisión ampliadas por legisladores de todos los partidos políticos, cambia necesariamente la dimensión de este caso.
“Como Comisión de Niñez y Familia de la Cámara de Diputados, consideramos que no solamente debemos investigar los maltratos denunciados. También debemos determinar qué ocurrió después de aquella primera intervención y cómo un establecimiento que carecía de habilitación pudo continuar o volver a operar teniendo menores de edad bajo su cuidado”, señala el documento leído por Suarez.
Estima que la protección de los niños no puede terminar con una inspección, una advertencia o una intervención, las decisiones de las autoridades tienen que tener seguimiento y, sobre todo, cumplirse.
“Por eso consideramos necesario que las instituciones correspondientes sobretodo Ministerio Público, rinda las informaciones que permitan establecer cuál fue el seguimiento realizado después de la intervención que hizo el CONANI en septiembre de 2025, cuáles medidas fueron adoptadas por el ministerio público , a cuáles otras autoridades se notificaron todas las irregularidades detectadas y por qué, pese a esos antecedentes, nuevamente fueron encontrados menores en ese establecimiento”, subraya.
Aclara que no plantea estas interrogantes con el propósito de prejuzgar responsabilidades, sino porque el Estado tiene la obligación de revisar sus propios mecanismos cuando los sistema de protección presentan señales de fallas.
Al mismo tiempo, apunta, corresponde al Ministerio Público realizar una investigación exhaustiva y apegada al debido proceso para determinar las responsabilidades individuales correspondientes.
Sostiene que si las evidencias demuestran que hubo personas responsables de maltratar, permitir o participar en vulneraciones contra estos menores, deben ser procesadas conforme a las leyes.
Indica que la restra responsabilidad tampoco termina con determinar culpables, se necesita saber cuánto daño recibieron estos niños y qué vamos a hacer para repararlo.
“Valoramos que los menores bajo protección estén siendo sometidos a evaluaciones médicas y psicológicas. Sin embargo, solicitamos que estas evaluaciones permitan establecer una relación integral de los daños físicos, psicológicos y emocionales, y que cada niño cuente con un plan individualizado de tratamiento, protección, acompañamiento y seguimiento durante todo el tiempo que sea necesario”, amplía.
No podemos rescatarlos hoy y olvidarlos mañana.
Como Comisión de Niñez y Familia, consideramos además que este caso debe conducirnos a una revisión del sistema de habilitación, supervisión y seguimiento de todas las instituciones que albergan o prestan servicios a niños, niñas y adolescentes en la República Dominicana.
Necesitamos saber cuáles están habilitadas, cuáles operan fuera de la normativa, cuándo fueron inspeccionadas por última vez y qué mecanismos garantizan que una institución intervenida o impedida de prestar determinados servicios no continúe haciéndolo.
Desde la Comisión de Niñez y Familia estaremos atentos, solicitaremos las informaciones correspondientes y acompañaremos las acciones que sean necesarias dentro de nuestras atribuciones para contribuir al fortalecimiento del sistema de protección.
Insta a que se investigue lo ocurrido, se determine qué falló, que responda quien tenga que responder conforme a la ley, pero sobre todo, que cada uno de esos niños reciba la atención y el acompañamiento necesarios para sanar.
“La niñez dominicana necesita un Estado que no solamente intervenga cuando ocurre una tragedia, sino un Estado que prevenga, supervise, dé seguimiento y actúe a tiempo”, concluyó la Comisión de la Niñez y Familia de la CD.
Aprobado
La Cámara de Diputados aprobó en segunda discusión el Proyecto de Ley Nacional de Becas para el Desarrollo Productivo y Laboral de la República Dominicana, que ahora pasa al Senado para que lo convierta en Ley.
La pieza legislativa de la autoría del diputado José Manuel Caraballo Gómez tiene por objeto crear el Sistema Nacional de Becas para el Desarrollo Productivo y Laboral, destinado a garantizar el acceso equitativo a la educación superior, técnica y profesional, en correspondencia con las necesidades estratégicas del desarrollo económico, social y territorial de la República Dominicana.
Dicha pieza legislativa tendrá como órgano ejecutor al Ministerio de Educación Superior, Ciencia y Tecnología (MESCyT), el cual será el órgano de aplicación de la presente ley, con facultad de reglamentación técnica y administrativa.
Igualmente, con la presente ley se crea el Consejo Nacional de Becas (CONABE), como órgano de dirección, coordinación, evaluación y seguimiento del Sistema Nacional de Becas para el Desarrollo Productivo y Laboral.
Las disposiciones previstas en esta ley son de aplicación a todos los ciudadanos dominicanos residentes en el territorio nacional o en el extranjero, así como los extranjeros legalmente residentes en el país, que cumplan con los requisitos establecidos en esta ley y sus reglamentos.
Las instituciones receptoras son las de educación superior, públicas y privadas, reconocidas por el MESCyT, los centros técnicos y tecnológicos reconocidos por el INFOTEP y demás órganos competentes y las universidades, institutos y centros educativos extranjeros, con los cuales el Estado dominicano tenga convenios de cooperación académica.
El cuerpo legislativo aprobó una resolución mediante el cual se otorga un reconocimiento a la maestra Ligia Melo viuda Cardona por su ejemplar trayectoria en la educación dominicana y aporte al desarrollo del sistema educativo nacional.