SANTO DOMINGO, República Dominicana.- Ante la situación creada por la eliminación de los aranceles a las importaciones de arroz desde los Estados Unidos, el Partido de la Liberación Dominicana (PLD) sugiere al gobierno convocar una mesa nacional de negociación con las organizaciones de productores, industriales dl cereal y autoridades competentes, para evaluar las consecuencias y acordar un programa de acción inmediata.
Considera que la pregunta que el Gobierno debe responder hoy no es por qué Estados Unidos exige el cumplimiento del DR-CAFTA, sino qué hará el presidente Abinader para resolver la situación que su propia política ha contribuido a crear.
El partido de oposición propone además, presentar una evaluación de la política arrocera ejecutada entre 2021 y 2026, indicando los recursos invertidos, los avances en productividad, la evolución de los costos de producción y las medidas adoptadas para preparar al sector frente a la apertura comercial.
Asimismo, explicar públicamente las razones que llevaron a emitir el Decreto 693-24 y posteriormente derogarlo, incluyendo los informes jurídicos que sustentaron ambas decisiones, las comunicaciones intercambiadas con Estados Unidos y las recomendaciones del Consejo Nacional para la Soberanía y Seguridad Alimentaria y Nutricional (CONASSAN).
Iniciar negociaciones formales con EE.UU, procurando identificar mecanismos de cooperación, transición y apoyo a los productores que sean compatibles con el DR-CAFTA, sin crear nuevas expectativas de protección que posteriormente resulten imposibles de cumplir.
De igual modo, poner en marcha un programa extraordinario de modernización del sector arrocero, con financiamiento definido y metas verificables, que contemple rehabilitación de canales de riego, mecanización, investigación agrícola, acceso al crédito, asistencia técnica, reducción de costos y apoyo especial a pequeños y medianos productores.
Dicho programa debe incluir medidas transitorias para atender posibles pérdidas de ingresos y dificultades de comercialización derivadas de la apertura.
El Gobierno ha reiterado que continuará respaldando a los productores. El ministro de la Presidencia, José Ignacio Paliza, declaró recientemente que las autoridades buscarán nuevas conversaciones con Estados Unidos y mantendrán su apoyo al sector, aunque no precisó las medidas que serían implementadas.
Considera el PLD que los productores dominicanos necesitan ahora algo más que declaraciones de buena voluntad: necesitan decisiones, recursos, plazos y garantías institucionales.
Advierte que la protección de la producción nacional no puede depender de promesas coyunturales ni de decisiones improvisadas, debe descansar en una política de desarrollo productivo que permita a los agricultores competir con eficiencia, preservar el empleo rural y garantizar la seguridad alimentaria.
Considera que la pregunta que el Gobierno debe responder hoy no es por qué Estados Unidos exige el cumplimiento del DR-CAFTA, sino qué hará el presidente Abinader para resolver la situación que su propia política ha contribuido a crear.
Señala que la responsabilidad de gobernar no termina cuando se deroga un decreto, es precisamente entonces cuando comienza la obligación de ofrecer soluciones a quienes confiaron en la palabra del presidente.
El Partido de la Liberación Dominicana lo que exige de inmediato es que el Gobierno presente un plan de contingencia y modernización del sector arrocero, con presupuesto y calendario, que garantice la rentabilidad del sector y arroz dominicano a precios asequibles para los consumidores dominicanos, en lugar de limitarse a nuevas promesas de protección.
Derogación de Decreto
El Partido de la Liberación Dominicana llama la atención del país en el sentido de que la derogación del Decreto 693-24, con el 635-26, constituye una seria contradicción en el manejo de la política arrocera del gobierno del presidente Luis Abinader.
Después de haber prometido proteger la producción nacional frente a las importaciones de arroz estadounidense, el propio mandatario decidió eliminar esa protección en medio de las reclamaciones de Estados Unidos sobre el cumplimiento del DR-CAFTA.
En un comunicado de prensa, el PLD considera que lo ocurrido no puede presentarse como una situación inesperada, tras recordar que desde que asumió el Gobierno, en agosto de 2020, el presidente Abinader conocía que el período de desgravación del arroz establecido en el DR-CAFTA concluiría el 1 de enero de 2025.
Por tanto, señala, durante los años 2021-2024, su administración tenía la responsabilidad de preparar al sector arrocero para enfrentar las nuevas condiciones de competencia.
Sin embargo, a escasos días de concluir ese período, el presidente emitió el Decreto 693-24, del 17 de diciembre de 2024, que establecía una cuota preferencial de 23,300 toneladas métricas de arroz estadounidense libre de aranceles y un gravamen de 99% para las importaciones que superaran esa cuota.
En contradicción, precisa, el mismo gobierno PRM autorizó importaciones récords de arroz, alcanzando 4.7 millones de quintales, en ese mismo año.
Recuerda que, en septiembre de 2021, el gobierno eliminó el Decreto 569-12, emitido por el presidente Danilo Medina, que establecía la realización de Subastas Públicas para el otorgamiento de permisos de importación de productos agropecuarios.
De esa manera, afirma, el gobierno PRM tenía cancha abierta para importar sin las más mínimas reglas de transparencia.
Indica que en estas circunstancias, existen razones para cuestionar si aquella decisión respondió a una estrategia comercial sostenible o si fue una medida de carácter populista, destinada a generar simpatías entre los productores arroceros, sin ofrecer garantías de que podría mantenerse frente a los compromisos internacionales del país.
Cuestiona que el Gobierno haya creado expectativas de protección entre los productores para luego retirar esa protección sin presentar simultáneamente una solución concreta a los problemas que justificaron su adopción.
Todo indica que la emisión del decreto 693-24 fue una medida engañosa y desconectada de un plan de soluciones a los problemas del sector. Y como dicen los productores, ¡con el arroz dominicano no se juega!
Muestra preocupación porque después de seis años de gestión, las autoridades no han presentado públicamente una evaluación integral que permita establecer cuánto se ha avanzado desde 2021 en la reducción de los costos de producción, el mejoramiento de los rendimientos agrícolas, la modernización de los sistemas de riego, la mecanización y el fortalecimiento de la competitividad del arroz dominicano.
Sostuvo que el Gobierno del PLD ejecutaba un plan para mejorar la competitividad del sector arrocero dominicano, que incluía, mejoramiento genético, logrando generar dos nuevas variedades de arroz (Juma 68-18, Juma 69-20 y dejó lista la Juma 70-22).
Además, nivelación de suelos con tecnología de GPS, apoyo presupuestario para garantizar la comercialización estable a través de la pignoración, rehabilitación de caminos interparcelarios, crédito oportuno, rehabilitación de canales de riego, construcción de presas, control de las importaciones, entre otros.
Subrayó que ese plan permitió aumentar la productividad del arroz dominicana en 1,018 kilogramos/hectárea, pasando de 4,127 kg/ha en el año 2012 a 5,145 kg/ha en el año 2019, es decir, 63 kilogramos de arroz por tarea.
Igualmente, el gobierno del PLD, encabezado por el presidente Danilo Medina, creó una Comisión de alto nivel, integrada por los Ministerios de la Presidencia, Relaciones Exteriores, Industria y Comercio, Agricultura y la Junta Agroempresarial Dominicana (JAD), con el propósito de analizar el proceso de desgravación arancelaria aplicado a productos sensibles como el arroz y establecer un diálogo oficial con los Estados Unidos, para gestionar la extensión del periodo de desgracian arancelaria.
Además, el presidente Medina sostuvo una conversación con el presidente Donald Trump y solicitó la extensión en 10 años el periodo de desgravación arancelaria, con el propósito de seguir implementando el programa de mejora del sector arrocero dominicano y así aumentar la productividad y competitividad.
En ese contexto, el presidente Trump envió un Subsecretario de Agricultura de los Estados Unidos a conversar con las autoridades del Ministerio de Agricultura de la RD de ese entonces, como parte de las gestiones.
La responsabilidad del Gobierno no consiste solamente en cumplir los compromisos internacionales, también comprende preparar oportunamente a los productores nacionales para competir en las condiciones establecidas por esos compromisos.
Recuerda que el arroz constituye un componente fundamental de la seguridad alimentaria dominicana y una fuente importante de empleo e ingresos rurales.
Según Confenagro, el sector comprende alrededor de 30,000 productores y genera más de 300,000 empleos directos e indirectos, por lo que ha solicitado un programa de transformación con metas, presupuesto y plazos verificables.
Por consiguiente, la derogación del decreto no puede significar que el Gobierno abandone a los productores a su suerte. Tampoco sería responsable intentar resolver el problema mediante nuevas disposiciones que reproduzcan las contradicciones jurídicas de la medida derogada.
Estima que corresponde ahora al presidente Abinader explicar al país cómo piensa proteger la capacidad productiva nacional, preservar los empleos rurales y garantizar condiciones de competencia que permitan la supervivencia y modernización del sector arrocero.