SANTO DOMINGO, RD.- Tras el escudo de los denominados “intercambios de disparos” que no son más que asesinatos, la Policía Nacional se ha convertido en una maquinaria de terror, en banda armada que sustituye a los tribunales y que amenaza institucionalidad y la propia democracia.
Así lo planteó el diputado por el Distrito Nacional, Gustavo Sánchez, en la sesión de ayer de la Cámara de Diputados, preocupado por las actuaciones de la PN quien viola derechos fundamentales al colocarse al margen de la Constitución y las leyes.
El legislador por el Partido de la Liberación Dominicana (PLD), pregunta ¿Hasta cuándo vamos a aceptar que esa expresión se convierta en una justificación automática de la muerte de ciudadanos a manos de quienes tienen la obligación de proteger la vida?
Continuó preguntando ¿Hasta cuándo vamos a permitir que el llamado intercambio de disparos sustituya las investigaciones, los tribunales y las sentencias judiciales?
Explicó que una cosa es enfrentar a un delincuente armado que amenaza la vida de un policía, y otra muy distinta es ejecutar a una persona que podía ser apresada y sometida a la justicia.
Sostuvo que la Policía Nacional no puede actuar como si fuera una banda armada enfrentada a otra banda armada, tras recordar que representa al Estado dominicano, obligado a actuar dentro de la Constitución y las leyes.
Precisa que la Carta Magna consagra, en su artículo 37, la inviolabilidad de la vida y establece que no puede imponerse, pronunciarse ni aplicarse la pena de muerte.
Advierte que cuando la Policía mata a un presunto delincuente en circunstancias que no han sido debidamente esclarecidas, no solamente priva ilegalmente de la vida a una persona: también puede estar enterrando información fundamental para desmantelar una estructura criminal.
Por ejemplo quisiera saber ¿Quién financiaba las operaciones de ese delincuente? ¿Quién le suministraba las armas? ¿Quién compraba los bienes robados? ¿Quiénes eran sus cómplices? ¿Quiénes dirigían las operaciones?
Además, ¿Existían personas con poder económico, político o incluso dentro de las propias instituciones que se beneficiaban de sus actividades?
¡Esas son las preguntas que una investigación criminal seria debe responder! Considera el diputado Gustavo Sánchez en su exposición.
Indica que un delincuente apresado puede conducir hasta toda una organización criminal, pero muerto ya no puede declarar ante un tribunal.
Expone que cuando estas muertes se repiten sin investigaciones independientes y transparentes, resulta legítimo preguntarse si está combatiendo realmente las estructuras criminales o si, por el contrario, se pierde la oportunidad de descubrir a quienes se esconden detrás de ellas.
“No estoy afirmando que exista necesariamente una operación deliberada para silenciar delincuentes. Estoy diciendo que el Estado tiene la obligación de investigar también esa posibilidad cuando las circunstancias lo justifiquen”, aclara.
Una sociedad no puede medir la eficacia de su Policía por la cantidad de cadáveres que produce, sino por los delitos que previene, los delincuentes que captura, las organizaciones que desmantela y los ciudadanos que protege.
Solicita a la Cámara de Diputados que ejerza sus facultades constitucionales de fiscalización y convoque a las autoridades responsables de la seguridad ciudadana para que expliquen qué está ocurriendo con las muertes reportadas como intercambios de disparos.
Que se informe cuántas personas han fallecido en estas circunstancias, cuántos de esos casos han sido investigados por el Ministerio Público, cCuántos agentes han sido sometidos a la justicia y cuáles son los protocolos que regulan el uso de la fuerza letal en los operativos policiales.
Pero, sobre todo, reclama que cada muerte sospechosa sea investigada de manera independiente, que se preserven las evidencias y que se establezcan las responsabilidades correspondientes, sin importar el rango de los involucrados.
“No podemos permanecer indiferentes ante la posibilidad de que se esté normalizando una práctica de ejecuciones extrajudiciales bajo la expresión rutinaria de intercambio de disparos” subraya.
Subraya que la vida de un ciudadano no pierde su protección constitucional por tener antecedentes penales, por ser sospechoso de un delito o incluso por haber cometido uno. Para eso existen los tribunales, los jueces, las condenas y las cárceles.
Hechos documentados
La denuncia tiene respaldo en hechos que están siendo documentados por medios y organizaciones de derechos humanos:
• El 14 de octubre, Diario Libre publicó un video sobre la muerte de Aneury Santiago Cabrera Estévez, cuya versión policial de un supuesto intercambio de disparos fue cuestionada por las imágenes difundidas.
• El Comité Dominicano de los Derechos Humanos informó que contabilizaba 23 muertes en supuestos intercambios de disparos durante los primeros días de octubre.
• El 19 de octubre, el PLD solicitó la interpelación de la ministra de Interior y Policía, Faride Raful, y del director de la Policía Nacional, Ernesto Rafael Rodríguez García, para que expliquen las muertes registradas en operativos policiales.
Estas cifras proceden de reportes periodísticos y organizaciones civiles, no de una estadística oficial única y auditada.
Mi recomendación parlamentaria: incorpore expresamente a su turno previo la solicitud de que la Cámara tramite la interpelación de las autoridades responsables y requiera a la Procuraduría General de la República un informe sobre las investigaciones de estas muertes.
Así su intervención no se limitará a una denuncia moral: quedará vinculada a una iniciativa concreta de fiscalización del Congreso Nacional.