Establece que empresarios contratantes son responsables penal y civil de las irregularidades denunciadas por el ministerio público
SANTO DOMINGO.- La Alianza Dominicana Contra la Corrupción (ADOCCO) presentó formal denuncia penal en contra de: Enrique Ernesto Bonetti Galván, representante de la empresa STRUKTURAT, LTD, Víctor Lisandro Macarrulla Martínez, representante de MAC CONSTRUCCIONES, S. R. L., Rafaela Delfino Mazzone, representante del CONSORCIO REMIX-ROTILLA, CONSORCIO REMIX S. A., Omar Miguel Yarull Micely, representante de la empresa CONSTRUCTORA PABLO YARULL & ASOCIADOS S. R. L., Francisco Humberto Pezzotti Grullon, representante de la empresa CONSTRUCTORA WOXXEN, S. R. L., Daniel Camarena Capriles, representante de la empresa CONSORCIO CONSTRUCCIÓN Y TRANSPORTE DE PREFABRICADOS EEC-PRETENSADOS ESTRUCTURALES DOMINICANOS, S. R. L., Erik Danny Bueno Tejada, representante de la empresa CONSORCIO EBUSA-COVIEDO, COVIEDO GROUP, S. R. L..
El presidente de la entidad Julio César De la Rosa Tiburcio, al realizar el depósito de la documentación donde demuestra que la responsabilidad atribuida por el Ministerio Público al ex procurador y sus colaboradores en lo referente a las irregularidades en la construcción del centro penitenciario bautizado como La Nueva Victoria, es extensiva a cada una de las empresas contratadas a esos fines.
Explica que por vía de consecuencias, sus representantes legales que firmaron los contratos para la ejecución de la obra, deben ser sometidos ante la jurisdicción penal, por ser cómplices de todo lo denunciado, tanto por expertos penitenciarios, como por los propios representantes del ministerio público, al momento de solicitar medidas de coerción contra los encartados de la operación Medusa.
La vinculación de los denunciados por las irregularidades, se establece en las actas de adjudicación NO. 138-2018 a la empresa STRUKTURAT LTD, por un monto total de RD$1,099,467,813.63, para el movimiento de tierra, en donde no se ha podido establecer la materialización del mismo, por las condiciones cenagoso del terreno donde se levantaron las edificaciones, expresiones vertidas por la directora de persecución de ministerio público, al señalar que tendrían que desmoler la estructura levantada.
En el acta de adjudicación No. 24-2019, en su punto Uno, adjudicó el proceso de Licitación pública Nacional para la Construcción del CCR la Nueva Victoria. Referencia Procuraduría-CCR-IPN-2018-0013, a las empresas que se de detallan a continuación:
Lote 1, Cuadrante A, (ALOJAMIENTO) CONSORCIO EEC-PRETEDOSA: Por un monto total de RD$946,163,091.30 (NOVECIENTO CUARENTA Y SEIS MILLONES, CIENTO SESENTA Y TRES MIL NOVENTA Y UN PESOS CON 30/100). Con los impuestos incluidos.
Lote 2, Cuadrante B, (ALOJAMIENTO) CONSORCIO REMIX-ROTILLA: Por un monto total de RD$881,638,698.63 (OCHOCIENTOS OCHONTA Y UN MILLONES, SEISCIENTOS TREINTA Y OCHO MIL SEISCIENTOS NOVENTA Y OCHO PESOS CON 63/100). Con los impuestos incluidos.
Lote 3, Cuadrante C, (ALOJAMIENTO) CONSTRUCTORA PABLO YARULL &ASOCIADOS, S. R. L.: Por un monto total de RD$870,183,808.59 (OCHOCIENTOS SETENTA MILLONES CIENTO OCHENTA Y TRES MIL, OCHOCIENTOS OCHO PESOS CON 59/100). Con los impuestos incluidos.
Lote 4, Cuadrante D, (ALOJAMIENTO) CONSTRUCTORA WOXXEN, S. R. L.: Por un monto total de RD$691,839,923.27 (SEISCIENTOS NOVENTA Y UN MILLONES, OCHOCIENTOS TREINTA Y NUEVE MIL NOVECIENTOS VEINTITRÉS PESOS CON 27/100). Con los impuestos incluidos.
Lote 5, Oficinas Administrativas MAC CONSTRUCCIONES, S. R. L.: Por un monto total de RD$1,298,210,894.40 (MIL DOSCIENTOS NOVENTA Y OCHO MILLONES, DOSCIENTOS DIEZ MIL OCHOCIENTOS NOVENTA Y CUATRO PESOS CON 40/100). Con los impuestos incluidos;
EN CONDICIÓN DE CONSULTORA CONSORCIO EBUSA-COVIEDO, representado por COVIEDO GROUP, S. R. L., CONSULTORA.
Señala que los escandalosos hechos que estremecieron la atención de la opinión pública cuando al ex procurador General de la República, Jean Alain Rodríguez, le fueron impuesto dieciocho (18) meses de prisión preventiva, acusado de ser el cabecilla de una red que malversó al menos Seis Mil Millones de pesos dominicanos (RD$6,000,000.00), junto a otros de sus ex colaboradores, al suscribir varios contratos con el objeto de adquirir los servicios de varias empresas, a los fines de realizar la construcción de la nueva Victoria, los firmantes de los contratos, debieron ser incluido en la solicitud de medida de coerción.
“Tal y como se ha determinado en la investigación el incumplimiento grosero o la inobservancia de la Constitución de la República por parte del ex procurador General de la República, Jean Alain Rodríguez, quien guarda prisión preventiva, nos manda como Alianza Dominicana Contra la Corrupción (ADOCCO), a solicitar se realice una investigación también, desde la perspectiva jurídico penal, a los fines de determinar si en el presente caso estamos en presencia de una negligencia administrativa producto de la ignorancia o el error de los servidores públicos que actuaron en el referido proceso de contratación, o si por el contrario de lo que se trata es de un acto deliberado de transgresión de las reglas de transparencia en la contratación y realización de la obra, por parte de los contratados, representando sus respectivas compañías, con la finalidad de saquear el erario público, mediante la opacidad, el influyentismo, el latrocinio, la simulación y el prevaricato, sin ser estos, incluidos en la investigación y posterior procesados igual que al ex procurador y sus ex colaboradores”.
Estima que la PEPCA, pero sienta un mal precedente al reducir las graves irregularidades detectadas en el proceso en cuestión, solo a la parte pública involucradas; es decir, al ex procurador general, Jean Alain Rodríguez y sus ex colaboradores, dejando fuera del expediente a las empresas constructoras y sus representantes.
Considera que esto da base social a toda clase de sospecha, al ser solo, el que pareciera el principal involucrado en el tema, Jean Alain Rodríguez, y sus ex colaboradores los que sean investigados, guardando prisión preventiva unos, y con medidas otros.
Sin embargo, indica, hasta el momento no se tiene evidencias de las investigaciones y posteriores acciones en contra de las empresas contratadas o los propios contratistas, como si se tratara de que las empresas nada tuvieron que ver con la obra.