SANTO DOMINGO, RD.- La Alianza Dominicana Contra la Corrupción, ADOCCO valoró la entrada en vigencia este lunes de la Ley 74-25, que instituye el nuevo Código Penal de la República Dominicana, al considerar que representa un paso trascendental hacia la modernización del sistema de justicia penal y el fortalecimiento del marco jurídico para la prevención y sanción de la corrupción administrativa.
La organización afirma que el nuevo Código incorpora importantes innovaciones que amplían las herramientas legales para perseguir conductas que lesionan el patrimonio público, fortaleciendo la responsabilidad de los funcionarios y servidores públicos, así como de las personas físicas y jurídicas que intervienen en actos de corrupción.
Entre los principales avances, ADOCCO destaca la tipificación y el fortalecimiento de figuras penales como la corrupción pública, la concusión, el cohecho activo y pasivo, el tráfico de influencias, el enriquecimiento ilícito, el conflicto de intereses, la sobrevaluación ilegal en las contrataciones públicas, la malversación de fondos públicos, el peculado y otras infracciones contra la administración pública, acompañadas de sanciones más severas, decomiso de bienes e inhabilitación para el ejercicio de funciones públicas.
Asimismo, la entidad resaltó la incorporación de la responsabilidad penal de las personas jurídicas, un cambio de gran importancia para el sector empresarial, al establecer que las empresas pueden responder penalmente por determinados delitos cuando no adopten mecanismos adecuados de prevención y control.
En ese contexto, ADOCCO consideró que los programas de compliance se convierten en una herramienta indispensable para fortalecer la integridad corporativa y reducir los riesgos legales.
La organización también valoró que el nuevo Código incorpore disposiciones orientadas a proteger la independencia de la administración pública y el adecuado funcionamiento del sistema de justicia, mediante la sanción de conductas como la intimidación contra funcionarios públicos y el ultraje en el ámbito jurisdiccional.
ADOCCO precisa que la eficacia de estas disposiciones dependerá de una aplicación objetiva, independiente y respetuosa del debido proceso, así como del fortalecimiento de las instituciones encargadas de la investigación y persecución de los delitos contra la administración pública.
En ese sentido, reitera su respaldo a la iniciativa de crear una comisión técnica para revisar y evaluar la aplicación práctica del nuevo Código Penal, con el propósito de identificar oportunidades de mejora a partir de la experiencia que genere su implementación.
Como parte de su compromiso con la formación ciudadana y el fortalecimiento institucional, ADOCCO anunció la celebración del I Seminario Nacional «Impacto del Nuevo Código Penal en la Transparencia, la Libertad de Expresión y la Lucha contra la Corrupción», que tendrá lugar en el mes de septiembre de 2026, en Santo Domingo.
El evento reunirá a especialistas para analizar los principales cambios introducidos por la nueva legislación, con especial énfasis en la responsabilidad penal de las personas jurídicas, los programas de compliance, la protección de la libertad de expresión y los nuevos mecanismos para prevenir y sancionar la corrupción.
Finalmente, ADOCCO exhortó a las instituciones públicas, al sector empresarial, a las organizaciones de la sociedad civil y a la ciudadanía en general a conocer el contenido del nuevo Código Penal, convencida de que la transparencia, la integridad y el respeto al Estado de derecho requieren no solo de buenas leyes, sino también de instituciones fuertes y de una sociedad informada y comprometida con la legalidad.