SANTO DOMINGO.- El reglamento para la aplicación de la Ley 368-22 de Ordenamiento Territorial, Uso de Suelo y Asentamiento Humano, tiene que tomar en cuenta a los gobiernos locales y la regionalización de los territorios para que pueda ser efectiva.
Así lo consideró este jueves Domingo Matías, viceministro de Ordenamiento Territorial y Desarrollo Regional del Ministerio de Economía, Planificación y Desarrollo (MEPYD) al inicio del primero Taller para el Diseño del reglamento de la citada normativa.
Matías manifestó que buscan darle fuerza reglamentaria a la Ley con miras a lograr la autonomía política de los gobiernos locales, determinante en un Estado social, democrático y de derechos.
“Esta es una Ley que más de venir a fortalecer el presidencialismo y el centralismo, debe venir a fortalecer los proceso de democracia local, de participación social en los territorios”, precisa el funcionarios.
Asegura que contrario a como piensan algunos analistas, la Ley 368-22 fortalece la autonomía municipal, tanto en el régimen de consecuencias, también en la clasificación y calificación de los suelos en coordinación con los diferentes sectores.
Ve necesario avanzar hacia un enfoque de los articulación de los instrumentos con el Sistema Nacional de Planificación e Inversión Pública.
Estima que el reglamento puede ayudar a construir la articulación con el Sistema Nacional de Planificación de Inversión Pública, por lo que considera que las normas de este sistema deberán ajustarse para alinear la inversión pública a los instrumentos de ordenamiento territorial.
Indica que el MEPYD es el órgano rector del proyecto, el que da la cédula, por lo que para otorgarla es importante que esté alineado con la Ley instituciones claves como Turismo, Medio Ambiente, Agricultura, Vivienda, Obras Públicas, Educación, y todos los sectores que intervienen en inversión pública.
La capacitación fue organizada por el Viceministerio de Ordenamiento Territorial y Desarrollo Regional a partir de las experiencias prácticas de distintos actores institucionales y no institucionales que inciden en la toma de decisiones en esta materia.
Las palabras de bienvenida del taller fueron pronunciadas por Domingo Matías, quien explicó los objetivos de la actividad, entre los que figuran interactuar con actores institucionales que inciden en los procesos a reglamentar de la Ley 368-22.
Además, vincular las expectativas y experiencias de técnicos de otras instituciones de carácter público en el proceso de reglamentación de la legislación.
La contextualización de los principales contenidos de la ley estuvo a cargo del director de Ordenamiento Territorial, Ramón Valdez.
El consultor, Juan Felipe Pinilla, presentó los retos de los marcos normativos e institucionales en el ordenamiento territorial y la gestión del suelo en América Latina.