SANTO DOMINGO.- Mantener por décadas un tráfico ilegal de inmigrantes que se asientan en el país, y, a la vez, negarles derechos es inhumano y tiene un alto costo social, considera hoy la politóloga Rosario Espinal.
En un artículo publicado este miércoles en el periódico Hoy estima que si los haitianos han inmigrado por décadas a la República Dominicana y trabajan en este país, deben tener derecho a los servicios públicos, aunque no tengan documentos oficiales que certifiquen su existencia, no por caridad sino por justicia y hasta por conveniencia.
Indica que hay que controlar el tráfico ilegal por la frontera, pero advierte sin violar los derechos de los inmigrantes que radican en la República Dominicana.
En el artículo titulado Los Inmigrantes Haitianos no viven el Cielo, Espinal precisa que por décadas, la RD ha permitido el tráfico ilegal de haitianos por la frontera, que solo se logra con la complicidad de militares y oficiales de migración dominicanos que se lucran con la trata humana.
Asimismo, que empresarios dominicanos en la agricultura y la construcción han empleado muchos inmigrantes haitianos debido a que ¡trabajan duro bajo el sol!
Señala que por décadas, esa masa de obreros migrantes recibe bajos salarios sin beneficios, por lo que es súper explotada.
Expone que por décadas, la mayoría de esa población de inmigrantes haitianos ha vivido en la República Dominicana sin documentación que acredite su estatus migratorio, por tanto, carecen pues de derechos.
Por décadas, subraya, esa población migrante vivió en los cañaverales, pero ya circulan por todo el territorio nacional.
Expresa que siempre se ha dicho que los haitianos están invadiendo “de manera pacífica” la República Dominicana, pero la verdad es que han emigrado a trabajar, igual que hacen muchos dominicanos en el exterior.
Deplora que mientras la población inmigrante ha aumentado, los gobiernos dominicanos no hayan impulsado políticas de integración de esa población, aunque los empleen, razón por la cual viven sumidos en la pobreza e indocumentados.
Sostiene que mientras esa población inmigrante ha aumentado, se ha afianzado el discurso de que Haití es una carga para la República Dominicana, incluidos también los inmigrantes haitianos.
Desenredemos esto un poco.
Admite que Haití tiene gravísimos problemas, pero es un gran comprador de productos dominicanos, por tanto, por más pobres que sean, benefician la economía dominicana adquiriendo productos de aquí.
Por su parte, dice, los inmigrantes haitianos producen muchos de los alimentos que se consumen en este lado de la isla y construyen muchas de las casas y edificios donde viven y trabajan los dominicanos a precio de ganga.
Rosario Espinal afirma que sin esa mano de obra barata, el costo de la vida sería más alto en la República Dominicana.
Pregunta ¿Qué aterra entonces a los dominicanos de los haitianos? Para responder de inmediato: que son negros y muy pobres (no he dicho racismo ni clasismo, eso enerva mucha gente).
“Muchos dominicanos no quieren ver a los inmigrantes haitianos en los pueblos ni en los campos. Tampoco que vayan a los hospitales públicos ni que sus hijos asistan a las escuelas dominicanas. ¿Qué hacer entonces con esos inmigrantes? No viven en el cielo, viven aquí en la tierra”, expresa.
Asegura que el alma dominicana seguirá atormentada porque Haití existe al lado: pobrísimo, inestable y súper poblado.
Lamenta que sabiendo que ese es su vecino, la República Dominicana nunca haya impuesto control fronterizo efectivo, precisamente, para tener una masa de obreros indocumentados y explotarlos.
Por tanto, subraya, que mantener por décadas un tráfico ilegal de inmigrantes que se asientan en el país, y, a la vez, negarles derechos es inhumano y tiene un alto costo social.
“No es por caridad, es por justicia (y hasta por conveniencia). Si los haitianos han inmigrado por décadas a la República Dominicana y trabajan aquí, deben tener derecho a los servicios públicos, aunque no tengan documentos oficiales que certifiquen su existencia”, apunta.
Aboga controles del tráfico ilegal por la frontera, pero no violar los derechos de los inmigrantes que radican en la República Dominicana.