SANTO DOMINGO, República Dominicana.- Este lunes 21 médicos comparecerán ante el juez de la Oficina de Atención Permanente del Distrito Nacional imputados de supuestamente prestar sus códigos para validar consultas, estudios y cirugías ficticias cobradas de forma irregular a la ARS estatal Seguro Nacional de Salud (SENASA).
De acuerdo con la instancia judicial, los involucrados seleccionaron estratégicamente perfiles de afiliados con un bajo historial de interacción institucional para reducir el riesgo de que las operaciones fueran detectadas.
A partir de esos datos, generaban autorizaciones médicas y reclamaciones a nombre de afiliados que posteriormente declararon no haber recibido los servicios facturados. En algunos casos, los afectados afirmaron que ni siquiera conocían a los médicos vinculados a los reclamos.
En la audiencia, pautada para las 2:00 de la tarde, se conocerá la solicitud de medidas de coerción en su contra, por el denominado caso Senasa 2.0.
Junto a los imputados comparecerán también cuatro empleados o exempleados del Senasa. Todos permanecen recluidos en la cárcel preventiva del Palacio de Justicia de Ciudad Nueva.
A través de la Procuraduría Anticorrupción (Pepca), el órgano de persecución solicita 18 meses de prisión preventiva para el grupo de 25 encartados en el que se incluye a los médicos y prestadores de salud procesados, y que el caso sea declarado complejo.
De acuerdo con el expediente de medida de coerción, los médicos imputados en esta segunda fase del caso Senasa son: Eisnten Rafael Borromé Valdez, Juan Henry Poueriet, Hanna Rashell Rodríguez Almánzar, Luz Esther Reyes Durán de Ramírez, Edwin Alberto Batista Cruz, José Luis Díaz Hernández, Carlos Job Ynoa Olivero, Guillermo Enrique Dicló Garabito y Griselda Altagracia Basora Ramírez.
También los galenos Juan Gabriel Rodríguez Ravelo, Martha María Saldaña Saldaña, Elsa Evelyn de la Rosa Vásquez, Engels Federico Días Mendoza, Keila Beatriz Acosta Leonardo, Rafael Mauricio Cabral González, Laura Altagracia Santana Evangelista, Víctor Felipe Rodríguez García, Wander Manuel Díaz Encarnación, Yocaira Antonia Méndez Beltré, Marcelino Eusebio Figuereo y Ernesto Mercedes Lugo.
Según la solicitud de medida de coerción son: Heidy Coronado Paulino, quien se desempeñaba en el Departamento de Autorizaciones Médicas y contaba con acceso directo a la base de datos e información confidencial de los afiliados; Angeury Guzmán Vásquez, exempleado que según el Ministerio Público actuaba como “enlace estratégico” en el esquema de falsificaciones y autorizaciones fraudulentas.
Asimismo, Starky Atahualpa Arturo Rodríguez Nova y Lucreisy Polanco Núñez, supuestos coloaboradores/intermediarios vinculados en el expediente principalmente a la logística de movimientos financieros y transferencias de dinero dentro de la red.
El Ministerio Público le atribuye al grupo ser parte de una red de corrupción administrativa, fraude clínico y farmacéutico que habría sustraído RD$40 millones, delitos que tipifica como: asociación de malhechores, estafa contra el Estado, desfalco y prevaricación, falsificación de documentos falsos, lavado de activos y coalición de funcionarios y cobro de sobornos.
Salvo contadas excepciones donde el cargo público es notorio como el caso del doctor Juan Gabriel Rodríguez Ravelo, exsubdirector del Hospital Dr. Darío Contreras, el expediente omite el centro de trabajo específicos de los demás galenos, a quienes identifica por sus datos personales y sus números de exequátur/código de Prestador de Servicios de Salud (PSS) ante Senasa, que era el mecanismo mediante el cual hacían los reclamos de pago. Entre ellos hay cirujanos, pediatras, ginecólogos y otros especialistas.
La gran mayoría ejerce en el sector privado o de manera ambulatoria desde consultorios independientes, dice el documento de solicitud de medida.