SANTO DOMINGO, RD.- Las organizaciones que conforman la Mesa Nacional para las Migraciones y Refugiados en República Dominicana (MENAMIRD), expresan profunda preocupación y enérgico rechazo frente a graves denuncias en operativos migratorio en las últimas semanas en todo el territorio nacional.
La entidad, compuesta por organizaciones comprometidas con la promoción, protección y defensa de los derechos humanos, reconoce el derecho soberano del Estado dominicano a definir y ejecutar su política migratoria, así como a controlar sus fronteras y regular la permanencia de personas extranjeras conforme a la Constitución y las leyes.
Sin embargo, la MENAMIRD advierte que ese control jamás debe materializarse mediante actos de humillación, violencia o tratos incompatibles con la dignidad inherente a toda persona.
En rueda de prensa estima que los acontecimientos registrados durante las últimas semanas evidencian una situación que merece la atención urgente de toda la sociedad dominicana y de la comunidad internacional.
Expresamos nuestra profunda indignación ante las imágenes ampliamente difundidas en medios de comunicación y redes sociales que muestran a un ciudadano haitiano esposado y trasladado sobre una motocicleta por dos agentes de la Dirección General de Migración en San Juan de la Maguana, colocado de forma perpendicular sobre el vehículo, como si se tratara de una carga y no de un ser humano.
“Detrás de cada persona migrante existe un nombre, una familia, una historia, una vida. Y existe una dignidad que no desaparece por razón de la nacionalidad o del estatus migratorio”, expresa la MENAMIRD en un documento leído por su coordinador William Charpantier.
Indica que el citado caso no constituye un hecho aislado, ya que durante el último mes se han conocido múltiples denuncias relacionadas con actuaciones ocurridas en distintas provincias del país, entre ellas Azua y Bávaro, donde se reportó
públicamente el presunto uso de armas de fuego por parte de un miembro de un cuerpo militar durante una intervención migratoria.
Asimismo, denuncias prácticas relacionadas con deportaciones de mujeres embarazadas, familias con niños y niñas, personas en condiciones de especial vulnerabilidad.
Recuerda que República Dominicana y Haití suscribieron el 2 de diciembre de 1999 el Protocolo de Entendimiento sobre los Mecanismos de Repatriación, instrumento bilateral que establece principios y garantías mínimas para la ejecución de los procesos de devolución de nacionales haitianos.
Dicho Protocolo dispone que las repatriaciones deben realizarse en condiciones compatibles con el respeto de la dignidad humana, evitando tratos crueles, inhumanos o degradantes; prohíbe las expulsiones colectivas e indiscriminadas; establece la necesidad de una adecuada identificación de las personas sujetas a repatriación.
Asimismo, establece la coordinación entre las autoridades de ambos Estados; y salvaguardas especiales para personas en condición de vulnerabilidad, procurando que los procedimientos se desarrollen con respeto a los derechos fundamentales.
Asimismo, cita que la Constitución dominicana reconoce la dignidad humana como fundamento del Estado Social y Democrático de Derecho y garantiza el derecho a la integridad personal, al debido proceso, a la igualdad y a la no discriminación.
De igual forma, recuerda que República Dominicana ha asumido obligaciones internacionales en virtud de
la Convención Americana sobre Derechos Humanos, el Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos, la Convención sobre los Derechos del Niño y otros instrumentos internacionales que obligan al Estado a proteger los derechos fundamentales de toda persona, independientemente de su nacionalidad o condición migratoria.
En tal sentido, solicita al Estado dominicano: la apertura inmediata de investigaciones independientes, imparciales y transparentes sobre todos los hechos denunciados durante los operativos migratorios.
Que el Ministerio Público determine, conforme al debido proceso, las responsabilidades administrativas, disciplinarias y penales que correspondan cuando se comprueben actuaciones contrarias a la ley.
Que se fortalezcan los mecanismos de supervisión, formación y control de los agentes responsables de ejecutar la política migratoria, garantizando el estricto cumplimiento de los estándares nacionales e internacionales de derechos humanos.
Que se adopten medidas eficaces para prevenir la repetición de estos hechos y se garantice una protección reforzada a niños, niñas, adolescentes, mujeres embarazadas, personas adultas mayores, personas con discapacidad, solicitantes de asilo y demás personas en condición de vulnerabilidad.
También exhorta a las iglesias, universidades, gremios profesionales, medios de comunicación, organizaciones de la sociedad civil, organismos nacionales de derechos humanos, agencias del Sistema de las Naciones Unidas, organismos del Sistema Interamericano, de Derechos Humanos y al cuerpo diplomático acreditado en la RD para que mantengan un seguimiento cercano de esta situación.