SABTO DOMINGO, RD.- Decenas de personas agrupadas en el Comité de Defensa Desalojados por la Construcción de la Presa de Monte Grande, al sur de República Dominicana, reclamaron frente al Palacio Nacional la intervención urgente del gobierno para la entrega de tierra para producir, asentamiento digno y pago de deudas a desalojados para dar paso a obra.
Mientras moradores de varias comunidades de Cotuí reclamaron en el mismo escenario ser trasladados de la zona debido a que los efectos de la minera Barrick Gold los mata a plazo y podrían ser borrados ante cualquier desplome del muro de la presa.
Desde cuatro comunidades de los alrededores de Monte Grandes, decenas de personas llegaron al lugar a media mañana con una carta dirigida al presidente Luis Abinader en la que más de más de 400 familias desalojados solicitan su urgente intervención para que el gobierno cumpla los compromisos asumidos.
Recordaron que en enero de 2023, se firmó un acuerdo entre el comité y el gobierno; con el director del Instituto Nacional de Recursos Hidráulicos (INDHRI) ingeniero Olmedo Caba, el director del Instituto Agrario Dominicano (IAD) ingeniero Francisco Guillermo García; La ingeniera Marcia Sánchez y el ingeniero Carlos Javier en representación del proyecto múltiple Monte.
Como testigos firmaron el padre Marco Antonio Pérez, por la Diócesis de Barahona, Bienvenido Mejía, Manuel Pérez, Fernando Peña, Dionisio Mejía y Rafael Durán, representando organizaciones de la sociedad civil y consultoras del proyecto Monte Grande.
En este acurdo, precisan, se estable que a marzo del 2023, el gobierno le entregaría a las familias desalojadas 30 tareas de tierra a cada una; 10 con sistemas de riego por goteo cerca del centro poblado y 20 con riego convencional en Guanarate, construyendo un puente cajón para pasar el rio desde el centro poblado.
De igual modo, pagar 300 millones de pesos por los daños ocasionados en los cultivos; autorizar que en terrenos que se pueda seguir cultivando, los productores lo sigan sembrando y al momento de llenar el vaso de la presa evaluar las plantaciones y realizar los pagos correspondientes.
También, entregar el centro poblado con todos los servicios en funcionamiento; a la presente fecha no se ha entregado una pulgada de tierra a las familias y tampoco se hace lo necesario para que acurra.
Señalaron que más de 800 tareas de tierra que tenían sembradas de plátanos, yuca, limón y diferentes frutos menores, fueron destruidas el pasado 9 de este mes por los constructores de la presa, sin ser evaluadas, ni pagadas.
Deploraron que la deuda de 300 millones no haya sido pagada, el centro poblado se entregó sin haber sido concluido, faltando la construcción de la escuela, la policlínica, el centro deportivo, la iglesia, parque de recreo, ni el mercado.
Mientras eso ocurre, el gobierno planea inaugurar la presa en lo que resta de este año; sin cumplir con los compromisos asumidos con afectados y que también forman parte de los compromisos acordados por el Estado, mediante el acuerdo de préstamo con el Banco Centroamericano y del Caribe.
Desde Cotuí
Desde comunidades cercanas a la minera Barrick Gold llegaron a la casa presidencial con una comunicación con el reclamo de casi 50 mil personas de todo el mundo que expresan su solidaridad con las comunidades de La Piñita, La Cerca, Jurungo, Jobo Claro, El Naranjo y la Laguna, afectadas por una de la desgracia más brutal de contaminación.
En la misiva reclamaron porque el gobierno cumpla el compromiso del Estado de reubicar a las 450 familias que esperan ser sepultadas ante el eventual colapso de la Presa de Cola El Yagal en la provincia Sánchez Ramírez, una desgracia humana está a la Puerta.
Resalta un estudio reciente a cargo de uno de los más afamados investigadores del mundo, el Dr. Steven Emerman, de Utah, y testigo y denunciante ante el Congreso de los Estados Unidos, la Unión Europea y otros organismos multilaterales y académicos, en todos los continentes.
Señala que el documento contentivo del mismo pone de relieve y muestra como la Presa de Cola actual y el proyectado nuevo embalse de lodos tóxicos, en apenas 5 horas, tras un desgraciado colapso, podrían arrasar estas comunidades y todas sus familias y llevar hasta la costa atlántica en Samaná y Nagua, millones de toneladas de desechos envenenados que produce la minera canadiense Barrick Gold.
En esta ocasión, llevaron el documento firmado por 44,598 firmas de todos los continentes que le piden intervenir para que su gobierno cumpla con el compromiso de reubicar las familias amenazadas en sus vidas y existencia y que padecen desgracias en la provincia Sánchez Ramírez, por el impacto al medio ambiente y la vida comunitaria de la explotación minera aurífera de la multinacional Barrick Gold PVDC.
Se ha reiterado ante organismos como el Estándar Internacional por la Transparencia de la Industria Extractiva –EITI-, la demanda de que estas familias, encadenadas y en lucha desde hace siete años ininterrumpidos, sean reubicadas y atendidas en sus urgencias de agua, energía eléctrica, salud, producción y trabajo, urgentemente.
Recordaron que desde el gobierno pasado se acordó la reubicación de las seis comunidades debajo de la Presa de Cola El Yagal.
El gobierno realizó el censo de familias; se tiene seguimiento del tema de la propiedad en el área, se ha propuesto el diseño de la nueva comunidad a establecer en un lugar seguro y la ubicación fue examinada con sus funcionarios desde la transición del gobierno.
Sin embargo, precisaron, intereses extraños han operado para que este grave problema no se haya resuelto y quede pendiente, manteniéndose el riesgo de una catástrofe si se produce un eventual colapso de un gigantesco almacenamiento de lodos tóxicos, que ahora pretende ser potenciado con el proyecto de una nueva presa de colas a apenas 800 metros donde se ubica el primero y con tres veces mayor capacidad de almacenamiento de venenos.