SANTO DOMINGO, República Dominicana.- Fue convocada para este lunes 7 de octubre a partir de las 2:00 de la tardes, la Asamblea Nacional Revisora para iniciar los trabajos en torno a la reforma de la Constitución de la República Dominicana sobre los temas sugeridos por el Poder Ejecutivo.
La convocatoria se produjo 24 horas después que la Cámara de Diputados convirtiera en ley el proyecto que ordena la reunión de la Asamblea y que declara la necesidad de una reforma constitucional, con disidencia de los legisladores de la aposición política que consideran que esta no es necesaria porque lo que se pretende cambiar está contenida en la Carta Magna de 2010.
La CD aprobó el proyecto tal como lo hizo el viernes 27 de septiembre el Sanado de la República  en dos lecturas consecutivas, luego de haberlo recibido de parte del Poder Ejecutivo y conformada una comisión bicameral que consultó a especialistas por aproximadamente un mes.
La ley contempla el propósito de declarar la necesidad de la reforma constitucional para modificar los artículos   81, 166, 167, 169, 171, 178, 179, 209, 268, 274 de la Constitución, y adiciona una disposición general como artículo 278, a revisar y adicionar disposiciones transitorias.

Además, garantiza estabilidad en el tiempo al texto Constitucional y de manera especial, al modelo de elección presidencial vigente, para impedir que futuras modificaciones versen sobre el mismo, mediante el establecimiento de un sistema de candado y nuevas normas generales.
Señala además la consolidación de la autonomía constitucional del Ministerio Público, especializar sus funciones, establecer una nueva forma de designación y agregar requisitos para ser Procurador General de la República.
También, manda a unificar la celebración de las elecciones presidenciales, congresuales, municipales y demás representantes electivos, así como a celebrar la toma de posesión de los funcionarios de elección en una misma fecha.
El pleno también aprobó revisar la composición y forma de distribución de la Cámara de Diputados, así como crear la Oficina del Abogado General de la Administración Pública, como dependencia del Poder Ejecutivo.
La oposición política encabezada por la Fuerza del Pueblo y el Partido de la Liberación Dominicana (PLD) con representación en el Congreso, rindió un informe disidente en el que expresan que una iniciativa como esa no debía someterse ignorando las opiniones y de espalda a las instituciones de la sociedad dominicana.