Coinciden en que la propuesta busca regular el mensaje y que los usuarios estén protegidos frente a redes sociales como Instagram y X
SANTO DOMINGO, R.D. – La Ley de Libertad de Expresión y Medios Digitales no promueve una censura, sino la responsabilización de los mensajes y la resistencia al proyecto obedece, en parte, a la desinformación sobre su contenido.
Así coincidieron los perriodistas Aníbal de Castro, director del periódico Diario Libre, y Fausto Rosario, director del periódico Acento, y los abogados Eric Raful y Jimena Conde, en el conversatorio académico “Análisis sobre la nueva ley de libertad de expresión y medios digitales: ¿Regulación o censura?”, con la moderación de la reconocida periodista Edith Febles, organizado po rlas escuelas de Derecho y de Comunicación de la Pontificia Universidad Católica Madre y Maestra (PUCMM).
Los destacados abogados y periodistas se reunieron para profundizar en el proyecto de ley de libertad de expresión, con el que se plantea sustituir la Ley 61-32 de Expresión y Difusión del Pensamiento, vigente desde 1962.
El encuentro reunió a los periodistas .
Aquí, señalaron que esta ley no promueve una censura, sino la responsabilización de los mensajes y coincidieron en que la resistencia al proyecto obedece, en parte, a la desinformación sobre su contenido.
Puntualmente, aquí se explicó que una de las primeras confusiones la generó el capítulo IV que se refiere a la regulación de “las plataformas de contenidos de internet”. Y se precisó que la palabra “plataformas”, se refiere a las empresas proveedoras, como Instagram y X, no a los usuarios que generan contenido a través de estas.
Este proyecto establece en su artículo 20, una serie de obligaciones de transparencia y rendición de cuentas para las plataformas digitales (redes sociales y buscadores), como ofrecer explicaciones claras y en español a los usuarios, sobre las razones y mecanismos para restringir, eliminar o remover contenido.
“Tendemos a hacer un uso indistinto de la palabra ‘plataforma’, esa es una de las razones por las cuales se decía que era una ley mordaza. Todo lo contrario, nos protege porque todos somos usuarios”, dijo la abogada Jimena Conde.
Eric Raful agregó que estas grandes empresas en otros países, como la Unión Europea, están altamente reguladas, “precisamente para garantizar transparencia”. Además, enfatizó que el proyecto no busca limitar derechos, “sino que representa un avance para la protección del derecho a la libertad de expresión”, incluida la de los usuarios.
Aquí los periodistas abogaron por la necesidad de regular también el mensaje. Aníbal de Castro planteó que la resistencia al proyecto de ley obedece, también al auge de medios electrónicos y a la falta de claridad en la diferencia entre la libertad de expresión como derecho y el ejercicio responsable de ese derecho.
“El ejercicio de una libertad implica responsabilidades. Y mal podría quien utiliza medios masivos no asumir que sus mensajes conllevan consecuencias”, dijo
“Lo que se está viendo hoy en República Dominicana es lo que se ve en otros países, donde la mentira se ha convertido en un recurso político trascendente, incluso para ganar elecciones”, dijo Fausto Rosario.
Recalcó en este escenario la necesidad de establecer reglas. “Y que, si el ofendido con ese mensaje se siente afectado, entiende que es una mentira o un daño a su ética, moral y su familia, tiene derecho a recurrir a los tribunales, eso es lo que planteamos aquí”.
Durante la actividad, desde las perspectivas del derecho y el periodismo se discutieron los alcances, herramientas e implicaciones del proyecto de ley, que fue presentado por el Poder Ejecutivo en mayo de este año.
El proyecto, que cuenta con 75 artículos, se encuentra siendo estudiando por una comisión especial, en el Senado de la República.