SANTO DOMINGO, República Dominicana.- Vecinos de Cuesta Brava y Arroyo Hondo, distrito Nacional, se querellaron contra el viceministro de Viviendas Danny Santos Comprés y su constructora, por levantar dos proyectos habitacionales de más de 60 mil metros cuadrados en el cinturón verde de Santo Domingo, próximo a Arroyo Manzano y al río Isabela.

La denuncia, respaldada por las asociaciones de vecinos de ambas comunidades y el Instituto de Abogados para la Protección del Medio Ambiente (Insaproma), también va dirigida a la hermana y socia de Santos Comprés, Yudith Santos Comprés y al ministro de Medio Ambiente, Armando Paíno Henríquez, a quien acusan de haber otorgado los permisos ambientales para construir sobre un área protegida.

De acuerdo con el abogado Euren Cuevas Medina, hace dos meses los comunitarios lograron que el procurador fiscal paralizara el proyecto Balcones de la Rivera, de 18,894 metros cuadros, en el que se construirán 144 apartamentos y plazas comerciales.

No obstante, el proyecto Balcones del Cerro, de 43 mil metros cuadrados y 168 apartamentos proyectados, sigue en marcha y sin intenciones de detenerse, a pesar de las denuncias de que impacta negativamente el ecosistema y viola regulaciones ambientales.

Entra las irregularidades del proyecto, destacaron que la constructora hace uso de una declaración de impacto ambiental falsificada que presuntamente pertenece a otro proyecto ubicado en una zona cañera muy distante al lugar, donde se realiza actualmente la construcción de los complejos.

Denunciaron que el Ministerio de Medio Ambiente no tuvo forma de demostrar a la junta de vecinos que la constructora recibió los permisos de tala de árboles, derribo de lomas y extracción de material ecológico, ni tampoco los recibos de pago de los impuestos para obtener las autorizaciones.

Por otro lado, los vecinos llamaron también la atención a la Dirección de Planeamiento Urbano de la Alcaldía del Distrito Nacional, por violar sus propias normas, al aprobar el uso de un suelo calificado por ellos mismos en 2023, como zona R1, para la construcción de casas unifamiliares.

Ante esa situación, solicitaron a la Comisión Ambiental de la Universidad Autónoma de Santo Domingo una investigación sobre el verdadero impacto ambiental de la obra.