SANTO DOMINGO, República Dominicana.- En un hecho sin precedente, a 50 días de haber sido aprobada por el Senado la modificación a la ley 225-20 sobre Gestión Integral y Coprocesamiento de Residuos Sólidos se mantiene “secuestrada” en el ese cuerpo legislativo, sin una explicación convincente a los gremios que conforman la municipalidad.
Con el engavetado de Ley, el Senado viola su propio reglamento, en su artículo 180, que otorga un plazo no mayor de 15 días para que una vez sancionada una normativa sea enviada al Poder Ejecutivo para su promulgación u observación, o devolverla a la Cámara de Diputados, lo que no ha sucedido.
El misterioso secuestro de la citada Ley, aprobada el 23 de julio, a final de la legislatura pasada, ha causado descontento entre los gremios que agrupan a los alcaldes, alcaldesa, directores y directoras, así como de regidores, que cifran sus esperanzas de obtener recursos para la higiene de sus territorios a través de la normativa.
A ese descontento se atribuye que los principales directivos de la Federación Dominicana de Municipios (FEDOMU) y la Federación Dominicana de Distritos Municipales (FEDODIM) brillaran por su ausencia en la rueda de prensa encabezada ayer por el presidente de la Liga Municipal Dominicana (LMD) Víctor D´ Aza, para informar sobre la erogación por parte del Poder Ejecutivo, de RD$4,000 millones para aceras y contenes en los territorios.
Al ser preguntado al respecto, D´Aza reusó responder, bajo el alegato de la importancia del tema de los recursos, en cambio, se comprometió hablar del tema la próxima semana.
En otro escenario, el director ejecutivo de la FEDODIM, Pedro Richardson, informó que estudian las posibilidades de acudir a instancias judiciales para obligar al presidente del Senado, Ricardo de Los Santos, a enviar de inmediato la Ley aprobada al Poder Ejecutivo, tras definir la acción como “secuestro”.
“Estamos altamente preocupado, porque esa Ley contempla ingresos que deben ser estipulado en el Presupuesto del próximo año; el presidente de la República ha pedido que se lo envíen, pero es una pena que el presidente del Senado entre a la historia por la puerta de atrás por una acción como esa”, expuso Richardson al ser consultado por este diario.
Afirma que en 181 años de historia republicana, un congreso unicameral o bicameral como el actual, nunca se había producido un hecho de ese tipo.
Informó que la semana pasada una comisión de los gobiernos locales se reunió con el presidente del Senado, en busca de explicación sobre la mora, pero sin recibir una respuesta convincente.
Señala que los municipios y distritos municipales recibían alrededor de RD$2,500 millones el próximo año, por concepto de Ley, única y exclusivamente para la limpieza de los territorios, que significa RD$20 por habitante por mes.
Define la modificación a la Ley como una iniciativa país, porque esta no contemplaba recursos para la recolección ¿, de esa manera no hay forma de trasladarlo a los puntos de transferencias y destinos finales.
“Con camiones destartalados, con 25, 30 y 35 años, lanzando lixiviados en las calles, consumiendo más de 30 galones de combustibles diarios, los gobiernos locales no pueden ofrecer un servicio de aseos urbano aceptable”, alerta el municipalista.
Richardson exigió al presidente del Senado que envíe la Ley al Poder Ejecutivo, como manda la Constitución y la Ley, para que este decida.
En medio del estudio del proyecto que modifica la ley 225-20 sobre Gestión Integral y Coprocesamiento de Residuos Sólidos, el Congreso no logró un acuerdo total con todos los sectores que serían impactados con la ley y se vio obligado a aprobar el proyecto casi al final de la legislatura pasada.
Por ejemplo, después que la ley fue aprobada en el Congreso, la Confederación Dominicana de la Micro, Pequeña y Mediana Empresa (Codopyme) advirtió que la pieza representaba una amenaza directa y letal para la sostenibilidad de más de un millón de mipymes en todo el país y, entre las preocupaciones señaladas por el gremio, destacan un «aumento desproporcionado en la contribución especial sin estudios técnicos ni capacidad de pago del sector».