SANTO DOMINGO, República Dominicana.- La Fuerza Nacional Progresista (FNP) manifestó su respaldo al al acuerdo de cooperación suscrito recientemente por los gobiernos estadounidense y dominicano para la lucha contra el Crimen Organizado Transnacional (COT) en el Gran Caribe.
En un documento de prensa, la FNP, estima que dicho acuerdo es oportuno, correcto y necesario, sustentado en sólidas bases constitucionales, convencionales y legales.
Pelegrín Castillo, presidente en funciones de la organización, explicó especialmente que los Artículos 128 y 262 de la Constitución consignan claros mandatos de enfrentar el Crimen Organizado Transnacional.
“Su expansión en el Gran Caribe es un peligroso fenómeno que viene constituyendo, hace tiempo, una amenaza capaz de destruir instituciones y Estados y de lesionar la seguridad de nuestras comunidades y nuestra gente. Estimamos que dicho acuerdo de cooperación debería ser respaldado en el plano político por resoluciones del Congreso Nacional”, consideró Castillo.
Señaló que la expansión del Crimen Organizado Transnacional en la RD ha provocado, al igual que en todas las naciones de la región, daños considerables y muy difíciles de medir: la penetración de las organizaciones políticas y los poderes públicos, su impacto distorsionante sobre las actividades económicas y productivas, el surgimiento de una narcocultura, la entronización de estructuras de violencia criminal y la afectación negativa de las variables demográficas.
Cita cfras dramáticas, como que las personas jóvenes en condición de adictos superan los 300 mil, mientras los riesgos a la seguridad nacional e internacional del Estado son considerables.
Esto quedó demostrado, afirma, en diciembre del año 2024, con el frustrado envío de 9.8 toneladas de cocaína desde el Puerto Multimodal Caucedo, a Amberes, Bélgica.
Considera que aquella fue una operación transnacional con muchas implicaciones, ya que, según señalara el presidente colombiano, dicho cargamento, enorme e inédito por sus dimensiones y valor, fue enviado desde el Catatumbo, Colombia, en la frontera con Venezuela, por carteles narcoterroristas y consolidado en la Isla de Santo Domingo.
Nuestra organización, la Fuerza Nacional Progresista, con una larga trayectoria en la lucha contra la criminalidad organizada y el terrorismo, encabezada por nuestro líder y fundador, el Dr. Marino Vinicio Castillo, celebra con esperanza que la administración del presidente Donald Trump esté cambiando sustancialmente el enfoque de lucha de los Estados Unidos.
Estaba harto demostrado que las políticas débiles, ambiguas, mediatizadas y contemporizadoras ejecutadas en los últimos tiempos por las administraciones Bush, Obama y Biden, solo contribuyeron a agravar el fenómeno criminal.
El Costo Global: Mientras América Latina muestra las tasas más altas del planeta de homicidios violentos (29/33% con apenas el 9% de la población), los EE. UU. sufren a la vez un saldo de muertos por consumo de drogas, especialmente del fentanilo, muy superior a los muertos en las distintas guerras en que sus militares han participado (Solo en los últimos 5 años, medio millón de muertos).
- Coincidencia: Ese cambio de política de EE. UU. va en la misma dirección de iniciativas nuestras como el Proyecto de Ley de interceptación aérea y marítima, incluyendo, derribó y hundimiento.
Es necesario que todos los dominicanos tomemos consciencia plena de que, desde hace algunos años, está en curso la Primera Guerra Global Híbrida, de 4ta Generación, con la que se procura reconfigurar el orden internacional tras las diversas crisis que han conducido al derrumbe irremisible de la globalización, del multilateralismo y el multiculturalismo que prometía el Nuevo Orden Mundial anunciado en 1990.
- Advertencia Histórica: Las lecciones de la historia y la geopolítica nos enseñan que cuando se producen conflictos mundiales de envergadura, la región del Gran Caribe se convierte en un campo de batalla entre las grandes potencias en lucha, con efectos trastornadores graves sobre la paz y la estabilidad internacional. En el presente estamos ante el cuarto episodio histórico de ese tipo, desde la Guerra Hispanoamericana de 1898.
En Las Américas, el régimen encanallado que oprime a Venezuela ha generado muchos daños. Existen pruebas sobradas de que el régimen que encabeza Nicolás Maduro y sus secuaces y aliados, además de ejercer un poder usurpado, es el responsable fundamental de tramas, redes y acciones criminales que vienen afectando la seguridad y la paz en todo el hemisferio.
- Criminalidad Auspiciada: No solo ha auspiciado en forma sistemática éxodos masivos de sus nacionales y extranjeros, incluyendo la suplantación de identidades a escalas nunca vistas, sino que en alianza con organizaciones de diversa índole ha estimulado múltiples formas de criminalidad organizada.
- Alianzas Terroristas: Sobre todo, ha trabado alianzas estratégicas con regímenes terroristas como el de la República Islámica de Irán, algo que ha conllevado la entrega de amplias extensiones de terreno venezolano, así como la construcción de fábricas de armamentos sofisticados y poderosos. Quizás este último aspecto explique mejor la naturaleza y alcance del despliegue aéreo y naval de los EE. UU. frente a las costas de Venezuela.
El pueblo dominicano no puede olvidar nunca que uno de los ataques más alevosos y agresivos que sufrió la Sentencia 168/13 del Tribunal Constitucional sobre nacionalidad dominicana, y por tanto la soberanía de la República, provino de una maniobra montada y ejecutada por el presidente Nicolás Maduro. Él, después de amenazar abiertamente al pueblo dominicano, impulsó acciones en la cumbre de la CELAC de La Habana del 2013 y luego en Caracas, al convocar a los presidentes Medina y Martelly, para comprometer al gobierno dominicano a dejar sin efecto dicha sentencia, clave para la defensa de la soberanía dominicana.
- Interés Obsecuente: Es bueno destacar que esa posición de Maduro contra la soberanía dominicana respondía al interés de hacerle un servicio obsecuente «a sus buenos aliados» de entonces en EE. UU. bajo la gestión del presidente Obama, en su condición de miembro distinguido y fundador del Grupo de Boston: otorgarle a cientos de miles de haitianos la nacionalidad dominicana, y despojar al estado dominicano de su derecho inalienable de definir quiénes son sus nacionales.
- Veto en Haití: También no debemos olvidar que fue Nicolás Maduro, como presidente del ALBA, quien, respondiendo a un reclamo de ciertos líderes haitianos radicales, ejerció de facto el veto de la Misión SS Haití (liderada por Kenia), contando con la sinuosa complicidad del presidente Petro, a pesar de que existía un mandato del Consejo de Seguridad de Naciones Unidas, contribuyendo a prolongar la inestabilidad y la violencia en esa desdichada nación.
Finalmente, la Fuerza Nacional Progresista advierte al Gobierno del presidente Luis Abinader y a los integrantes de los poderes públicos nacionales acerca de la urgente necesidad de fortalecer las fronteras terrestres, aéreas, marítimas, financieras y cibernética.
- Demandas Innegociables: Reiteramos las demandas de acciones tan importantes como declarar el estado de excepción para la defensa y la emergencia en la región fronteriza, terminar el muro con dispositivos de alta tecnología, así como proceder formalmente a dejar sin efecto el Plan de Contingencia sobre Flujos Masivos de Migrantes del año 2019.
- El Mayor Peligro: El mayor peligro inmediato de la RD es el escenario de violencia y caos que, con toda la deliberación y perversidad de un crimen sofisticado y de alta inteligencia, se ha montado en Haití, y que procura producir una agresión contra la integridad demográfica y territorial de la República Dominicana, «con ropaje de crisis humanitaria.»
- Rechazo al Esquema Tapón: En esta coyuntura histórica excepcional, consideramos que procede que el gobierno dominicano y el liderazgo nacional en general alcancen una reformulación a fondo del abordaje de los EE. UU. sobre la crisis haitiana. Debemos desechar en forma creíble el fracasado esquema de seguir siendo el estado tapón o pivote (su zona de amortiguamiento o buffering) de la crisis insular provocada por la condición de Estado Fallido de Haití, al tiempo que se procura en una Conferencia Internacional las fórmulas de solución a los problemas de Haití en Haití, reconstruyendo sus bases nacionales.
- El Enclave Criminal: Actualmente, Haití es el mayor enclave del Crimen Organizado Transnacional en el Caribe Antillano, y los EE. UU. lo saben de sobra, en gran modo por las erróneas políticas que sus gobiernos han seguido, especialmente bajo las administraciones demócratas, a veces en inteligencia con regímenes de Venezuela y Cuba. Su potencialidad de provocar la desestabilización de la Isla y la región es muy alta.
El presidente Donald Trump ha demostrado mucho interés en superar o prevenir conflictos remotos, y ha logrado éxitos notables. Es justo, necesario y urgente, que como muestra de su declarada voluntad de reconstruir las relaciones panamericanas sobre otras bases, se le dé la prioridad que merece el drama del pueblo y la nación haitiana, que constituye una herida dolorosa en el corazón del continente, y que no debe seguir siendo tratado como un estado descartado, como un caso irremisiblemente perdido, lo que conduciría a detonar una guerra muy cruel y virulenta en la Isla de Santo Domingo.