SANTO DOMINGO, República Dominicana.- La procuradora general de la República, Yeni Berenice Reinoso, afirmó que todo acto de corrupción es una afectación a la educación, la salud y la seguridad ciudadana, lo que erosiona la confianza ciudadana en las instituciones y limita el desarrollo humano.
La funcionaria ofreció las palabras centrales del primer congreso internacional “Lucha contra la Corrupción: desafíos y oportunidades en República Dominicana y la región”, un espacio que reúne expertos nacionales e internacionales para analizar la evolución del crimen organizado, las nuevas tendencias delictivas y el fortalecimiento institucional necesario para combatir la corrupción pública.
Viola derechos humanos
Reinoso sostuvo que ese flagelo constituye una “violación sistemática de los derechos humanos” y que su impacto va mucho más allá del ámbito económico o administrativo.
“Un acto de corrupción en una aduana puede terminar en un homicidio en la calle”, expresó Yeni Berenice, tras explicar cómo el desvío de recursos y la impunidad alimentan al crimen organizado.
Recordó que en 2020 solo seis fiscales trabajaban casos de corrupción, cifra que en la actualidad ha crecido hasta conformar un equipo de cerca de cien fiscales y técnicos especializados.
Manifestó que la corrupción “es una amenaza para la democracia, una barrera para la paz y un impedimento para el desarrollo de la nación”.
Reinoso insistió en que la relación entre corrupción y crimen organizado debe analizarse de forma integral, debido a que las redes criminales utilizan recursos públicos desviados para sostener sus operaciones.
“No he visto una sola organización criminal de alto nivel que no dependa de la corrupción, lo constituye el principal combustible de estas estructuras”, expresó la funcionaria.
Marcos normativos
Durante la actividad, Wilson Camacho, director de Persecución del Ministerio Publico, indicó que la lucha anticorrupción requiere coordinación, cooperación interinstitucional y marcos normativos robustos.
Enfatizó que el Congreso concluye con un año clave, marcado por avances legislativos como el nuevo Código Penal y la Ley Compras y Contrataciones.
Reconoció el esfuerzo sostenido de los fiscales especializados y aseguró q ue en los últimos años han impulsado operaciones complejas que evidencian el nivel de profesionalización alcanzado.
Camacho señaló que esos instrumentos, junto a la Ley de Extinción de Dominio, fortalecen la capacidad del Estado para identificar, investigar y procesar estructuras de crimen organizado y corrupción.
El director de Persecución resaltó la importancia de jueces, fiscales y organismos de control, como pilares para el desarrollo de procesos que demandan rigor técnico y compromiso con la transparencia.
Camacho agradeció igualmente el apoyo de los medios de comunicación y de los organismos internacionales que acompañan los procesos de transformación institucional.
El acto contó con la presencia de los miembros del Consejo Superior del Ministerio Público, de representantes de los poderes Judicial y Legislativo, de organismos de control, de misiones internacionales y del cuerpo diplomático acreditado en el país.
Estuvo allí el ministro de Defensa, teniente general Carlos Fernández Onofre, y el presidente de la Dirección Nacional de Control de Drogas (DNCD), vicealmirante Manuel Cabrera Ulloa, entre otros representantes de agencias de seguridad de Estado.