Cámara de Diputados aprueba convenio de préstamos por hasta US$100 millones para saneamiento en casco urbano de San Cristóbal
SANTO DOMINGO, República Dominicana. -La Cámara de Diputados (CD) aprobó un convenio de préstamo entre el gobierno dominicano y la Agencia Francesa para el Desarrollo (AFD) por hasta US$100 millones de pesos para el saneamiento de las aguas residuales del casco urbano de la provincia San Cristóbal.
Mientras a pesar de haber sido aprobado por el Senado en dos lecturas y por la Cámara de Diputados (CD) en primera discusión, no fue posible sancionar el proyecto de Ley del Código de Trabajo en la presente legislatura por divergencias entre los trabajadores y el sector patronal.
En cuanto al préstamo, según el informe rendido por la Comisión de Hacienda que preside el diputado Francisco Paulino, los recursos serían manejado por el Instituto Nacional de Agua Potable y Alcantarillados (INAPA).
Aunque el convenio fue acremente criticado por la oposición política, especialmente por la Fuerza del Pueblo (FP) al final los legisladores de la provincia votaron a favor, aun los de ese esa organización de San Cristóbal, bajo la advertencia de que vigilarán para que los recursos no sean desviados a otros fines.
Código de Trabajo
En cuanto al Código de Trabajo, elpresidente de la CD, Alfredo Pacheco, afirmó que la próxima legislatura será determinante para la aprobación del proyecto de ley que modifica el Código de Trabajo.
Durante una rueda de prensa en el Congreso Nacional y luego en la sesión, Pacheco aclaró que el proyecto no perime con el cierre de la actual legislatura y explicó que la iniciativa ya superó etapas importantes del trámite legislativo.
Recordó que la pieza fue aprobada en dos lecturas en el Senado y en una en la Cámara de Diputados, por lo que solo resta una discusión para su aprobación definitiva.
“El proyecto del Código de Trabajo es una ley orgánica, por lo tanto requiere una mayoría especial, y por eso hemos privilegiado la concertación”, sostuvo.
Explicó que el Congreso ha optado por dar espacio al diálogo entre los sectores involucrados, pero advirtió que ese proceso tiene un límite.
“Nosotros entendemos que la legislatura que viene, que inicia el próximo 27 de Febrero, debe ser ya el plazo final, y que, si no se logra el acuerdo, el Congreso tendrá que cumplir su rol y decidir conforme a la mayoría que se configure en la Cámara”, expresó.
El presidente de la Cámara negó que exista una paralización del proyecto por presiones de algún sector y explicó que tanto los sindicatos como el empresariado han presentado observaciones sobre algunos artículos, pero que no entró en destalles.
“Los sindicatos quieren modificaciones importantes aquí en la Cámara y el empresariado también tiene propuestas. Nosotros hemos evaluado si ambas partes quedarían inconformes si no maduramos un poco más este proyecto”, refirió.
Reiteró que la cesantía no forma parte de los temas en controversia dentro del Congreso. “En este Congreso ninguna bancada está de acuerdo en tocar la cesantía, por eso no es un tema de discusión”, afirmó.