SANTO DOINGO, Repùblica Dominicanma.- Organizaciones de la sociedad civil insisten en la necesidad de estudiar, discutir y consensuar todo lo relativo a la cuestión fiscal, con base en lo establecido en la Constitución, que dispone la realización de un Pacto Fiscal previamente consensuado por vía del Consejo Económico y Social (CES).
Mediante un comunicado, responden al anuncio del ministro de Hacienda y Economía de presentar un proyecto de ley para “modernizar” la administración tributaria.
Las entidades estiman que el verdadero problema fiscal dominicano radica en factores estructurales mucho más profundos, como el enorme volumen de exenciones fiscales corporativas e institucionales.
Consideran necesario precisar con claridad el alcance real de lo anunciado, garantizando el respeto a los derechos y orientando las decisiones hacia el aseguramiento de la justicia social.
De acuerdo con el contenido divulgado públicamente por el ministro, en una reunión con la cúpula empresarial, su administración no pretende realizar una reforma fiscal, sino cambios administrativos y la eliminación de impuestos anacrónicos que no han sido especificados.
Este camino, advierten, no es democrático, contradice compromisos políticos asumidos por el gobierno y desconoce lo establecido en la Estrategia Nacional de Desarrollo (END-2030), que obliga a discutir este tema crucial de cara a la sociedad.
Precisa que cuando el ministro adelanta producir “una reforma administrativa y de gestión tributaria orientada a simplificar procesos, digitalizar procedimientos y eliminar algunos tributos considerados obsoletos”, se vulnera la legislación que establece la necesidad de un Pacto Fiscal.
Reiteran, como organizaciones de la sociedad civil, que una reforma administrativa tributaria podría mejorar el funcionamiento del sistema, pero no modifica la estructura de los ingresos públicos ni corrige los desajustes estructurales crónicos del sistema fiscal dominicano.
“Por esta razón, desde la sociedad civil advertimos que si el proyecto de ley mencionado por el ministro de Hacienda se limita a lo anunciado, estaríamos repitiendo más de lo mismo, imponiendo ajustes administrativos parciales que no enfrentan las causas profundas de la crisis fiscal ni los desajustes estructurales del sistema socioeconómico dominicano” señalan en el documento.
El aumento de las capacidades recaudatorias del Estado y la localización de recursos financieros gubernamentales que permitan forjar nuevas capacidades para la economía, orientadas a políticas públicas que fortalezcan derechos y promuevan justicia social, como garantizan la Constitución, no puede estar al margen de un Pacto Fiscal consensuado entre la ciudadanía, el gobierno y el empresariado.
Señala que eliminar algunos impuestos no resolverá el problema fiscal, ya que la propuesta del ministro de Hacienda y Economía no enfrenta el hecho de que el país tiene uno de los índices más bajos de presión fiscal de la región.
Eliminar algunos tributos considerados anacrónicos puede tener sentido desde el punto de vista administrativo, pero no constituye una transformación del sistema fiscal capaz de enfrentar los desequilibrios tributarios que existen desde hace décadas y que fueron reforzados por los tratados de libre comercio.
El problema
Las entidades estiman que el verdadero problema fiscal dominicano radica en factores estructurales mucho más profundos, como el enorme volumen de exenciones fiscales corporativas e institucionales.
De igual modo, los altos niveles de evasión y elusión tributaria, baja tributación sobre la riqueza y la propiedad, dependencia excesiva de impuestos al consumo, baja calidad del gasto público en la aplicación del presupuesto anual consolidado del Estado dominicano.
Consideran que mientras estos problemas no sean abordados de manera profesional y estructural, las finanzas públicas seguirán enfrentando debilidades profundas.
Indican que la digitalización de procesos, la automatización de exenciones fiscales y el fortalecimiento de la factura electrónica pueden contribuir a mejorar la eficiencia, sin embargo, estas iniciativas solo forman parte de una reforma administrativa y de gestión tributaria.
Podrían representar mejoras operativas, pero no transformarán la estructura tributaria ni redefinirá la relación entre ingresos públicos, gasto público, deuda pública y sostenibilidad fiscal, por lo que el país necesita no solo una administración más moderna, sino un sistema tributario más justo, equitativo y progresivo.
Exenciones y evasión
La estructura de ingresos del Estado dominicano se encuentra debilitada por dos factores principales: las exenciones fiscales masivas y los altos niveles de evasión tributaria.
Deploran que mientras la mayoría de la población paga impuestos al consumo en cada compra, numerosos sectores económicos cuentan con regímenes especiales de incentivos fiscales que reducen significativamente la base tributaria.
A esto se suma una evasión considerable en impuestos clave como el Impuesto sobre la Renta (ISR) y el Impuesto a la Transferencia de Bienes Industrializados y Servicios (ITBIS).
Subrayan que estos factores explican gran parte de la baja presión fiscal del país, debilitando estructuralmente las finanzas públicas.
Rechazo a nuevas amnistías fiscales
Expresa rotundo rechazo a la posibilidad de incluir una nueva amnistía fiscal en el proyecto de ley anunciado, tras recordar que en las últimas dos décadas el país ha aplicado cuatro amnistías fiscales, justificadas bajo el argumento de ampliar la recaudación y regularizar contribuyentes.
Sin embargo, la experiencia demuestra que estas medidas terminan debilitando la cultura tributaria, premiando a quienes incumplen sus obligaciones y reforzando lógicas rentistas en detrimento de lo público.
Creen que una nueva amnistía fiscal enviaría la señal de que la evasión puede ser posteriormente perdonada por decisión política.
La RD no necesita más amnistías fiscales; necesita fortalecer el cumplimiento tributario, aplicar un régimen efectivo de consecuencias contra la evasión y construir una verdadera cultura de corresponsabilidad fiscal.
Incluir gasto público
Las organizaciones cívicas estiman que el debate fiscal también debe incluir el gasto público, por lo que la ciudadanía tiene derecho a preguntarse: ¿Por qué el gasto público continúa dominado por el gasto corriente?
¿Por qué el empleo político sigue expandiéndose? ¿Por qué la deuda pública continúa aumentando?
El país necesita una discusión transparente sobre la calidad del gasto público, los planes de gasto de cada ministerio y la asignación presupuestaria basada en el cumplimiento de sus planes institucionales.
Asimismo, el anuncio del aumento de la inversión pública como estrategia de crecimiento económico no puede desligarse de la discusión sobre la eficiencia del gasto y la sostenibilidad fiscal.
Previenen que incrementar la inversión pública sin corregir los problemas estructurales de recaudación y gasto puede reproducir las mismas debilidades fiscales históricas.
Desajustes y subsidios
Los desajustes estructurales relacionados con tarifas eléctricas, combustibles, subsidios y valores catastrales deben abordarse con criterios de justicia social, transparencia y gradualidad.
Observan una gran temeridad insinuar nuevos sacrificios para la población mientras se mantienen intactos privilegios fiscales, amplias exenciones tributarias y espacios de evasión que benefician a sectores económicamente poderosos.
Reflexionan que la revisión de la regla fiscal y la creación de un Consejo Fiscal autónomo pueden contribuir al fortalecimiento institucional, siempre que sus integrantes sean economistas verdaderamente independientes de intereses privados.
Sin embargo, estos cambios tampoco sustituyen la necesidad de abordar las raíces estructurales del problema fiscal dominicano.
El llamado
Reiteran su disposición a participar en un diálogo nacional amplio, democrático y transparente sobre el futuro fiscal del país.
Señalan que la República Dominicana no necesita únicamente una reforma administrativa tributaria, sino además, avanzar hacia una transformación estructural de su sistema fiscal, basada en la justicia social, la equidad tributaria y la sostenibilidad fiscal.
Exhortan al Gobierno, al Consejo Económico y Social (CES) y, eventualmente, al Congreso Nacional, de ser apoderado del proyecto de ley mencionado por el ministro de Hacienda y Economía, así como a toda la sociedad, a abrir un proceso nacional para discutir el futuro fiscal del país.
La fiscalidad debe convertirse en una herramienta para promover el desarrollo, reducir desigualdades y garantizar bienestar para toda la población.
Entre las organizaciones que firman el comunicado figuran: Asociación Ciudad Alternativa (CA), Observatorio de Políticas Públicas de la UASD, (ODPP), Participación Ciudadana (PC), Asociación de Comités de Amas de Casas del Distrito Nacional y Santo Domingo (Acadisando), Asociación de Personas con Discapacidad Fiscomotora (ASODIFIMO), Centro de Educación para la Paz, Tolerancia y Desarrollo (Cepatode).
De igual modo, Red Urbana Popular (RUP), Centro de Investigaciones para la Acción Femenina (CIPAF) Centro de Solidaridad para el Desarrollo de la Mujer (Ce-Mujer), Centro Integral para el Desarrollo Local (CIDEL), Club María Auxiliadora, Coalición por la Seguridad Social Digna (CSSD), Comité de Desarrollo Comunitario 27 de Febrero (Codecofe).
El Comité de Desarrollo Comunitario Mejoramiento Social, Comité de Desarrollo Loma del Chivo, Comité para la Defensa de los Derechos Barriales (COPADEBA), Coordinadora de Organizaciones Barriales Don Bosco (Codonbosco), Federación de Campesinos Independientes Mamá Tingó (FECAINMAT), Federación Nacional de Discapacidad Dominicana (FENADI).
Frente de Desarrollo Comunitario Luz Concepción (Fredelu), Frente de Desarrollo Comunitario Villa María, Fundación Dominicana Amor a los Envejecientes y La Niñez (FUNDOAMOR), Iniciativa Solidaria (ISOL), Instituto de Desarrollo de la Economía Asociativa (IDEAC), Instituto de Resolución Alternativa de Conflictos Alexis Rafael Peña (Ircarp), entra otras.
De igual modo Junta de Vecinos Los Restauradores, Junta de Vecinos Los Uno, Junta de Vecinos Paz y Desarrollo, Núcleo de Apoyo a la Mujer, NAM, Red de Organizaciones de Desarrollo Comunitario 27 de Febrero (ReoCofe).