SANTO DOMINGO, RD.- La Comisión Nacional de Pastoral de Ecología y Medio Ambiente de la Conferencia del Episcopado Dominicano (CED) respaldó que las cordilleras Central y Septentrional sean resguardados de actividades mineras, ya que pueden comprometer la integridad ecológica de las zonas y perturbar su rol en el ciclo hidrológico del país.
Además, mostró su apoyo a las comunidades y personas de buena voluntad que, haciendo uso del derecho que le asiste, promueven sin violencia, la preservación de esas áreas. Instó a las autoridades a escuchar el clamor de las localidades que piden el respeto de ambas cordilleras.
“Nuestra principal preocupación frente a posibles operaciones mineras en las cordilleras Central y Septentrional es su impacto sobre el agua, puesto que es un recurso vital para la vida humana, la agricultura y los ecosistemas. Las cordilleras funcionan como grandes reservorios hídricos: captan, almacenan y distribuyen el agua. Esta agua alimenta los principales ríos, acuíferos y sistemas de riego en gran parte del territorio nacional”.
Indica que en las actividades mineras, por su naturaleza, implican remoción de suelos y el uso intensivo de sustancias químicas.
Además, generan desechos, por lo general altamente tóxicos, que, aun bajo controles técnicos, conllevan riesgos para las fuentes hídricas. La posible contaminación por metales pesados o sedimentos representa un peligro.
Por lo tanto, ellas pueden tener como secuela directa la modificación de los cursos naturales del agua. También afectan a los ecosistemas que dependen de las cuencas impactadas por tales actividades. “La situación actual de la Presa de Hatillo, principal reservorio de agua del país, atestigua esta realidad”.
La Comisión Nacional de Pastoral de Ecología y Medio Ambiente de la CED reafirma su compromiso con una visión de desarrollo nacional integral sustentable. “Pedimos que se apliquen políticas económicas que armonicen el progreso económico con la protección ambiental”.
De manera especial, solicitó la protección del recurso agua, como criterio básico de decisión sobre la viabilidad o no de todo proyecto minero.
De igual forma, invitó a que se promuevan alternativas económicas que aseguren el bienestar integral presente sin comprometer el futuro.
Exhortó a fomentar el diálogo responsable entre autoridades y el pueblo, a fin de buscar soluciones que prioricen la vida, el agua y el equilibrio de nuestros ecosistemas.