Organizaciones sociales advierten que el Gobierno y el Congreso cerraron discusión con la cúpula empresaria
SANTO DOMINGO, RD.- Organizaciones comunitarias, académicos y movimientos sociales, agrupados en el Espacio Justicia Fiscal (JF), manifestaron su firme oposición al “Proyecto de Ley de Medidas Pro-Crecimiento Económico, Simplificación Fiscal y Mitigación de la Crisis Internacional”, aprobado por el Congreso Nacional.
El colectivo aboga por una Reforma Fiscal Integral y cuestiona tanto el contenido regresivo de la iniciativa como el proceso antidemocrático con el que se impone.
Luego de un análisis exhaustivo del contenido agregado de la propuesta, Justicia Fiscal sostiene que el gobierno busca predominantemente mejorar la eficiencia recaudatoria y los ingresos tributarios, sin corregir las inequidades históricas del sistema fiscal dominicano, por el contrario, advierten la medida corre el riesgo de profundizarlas.
La iniciativa, aunque amplía mecanismos de control tributario e introduce nuevas cargas impositivas, evita abordar componentes esenciales para hacer el sistema más equitativo y progresivo.
Si bien incorpora algunas disposiciones que formalmente podrían presentarse como progresivas, la información pública disponible no permite demostrar que la carga principal del esfuerzo fiscal recaerá sobre quienes poseen mayores ingresos, patrimonio o capacidad contributiva.
Persisten dudas razonables sobre la distribución efectiva de las cargas y sobre los sectores sociales que absorberán el mayor impacto.
Calificó como «especialmente preocupante» la inclusión de una nueva amnistía fiscal en el proyecto, medidas beneficia a quienes han incumplido sus obligaciones y envía una señal perniciosa de que la evasión puede ser regularizada mediante tratamientos excepcionales.
«Esta práctica erosiona la cultura tributaria, debilita la credibilidad institucional y reproduce inequidades que favorecen desproporcionadamente a contribuyentes con mayor capacidad económica», señala el comunicado.
Asimismo, cuestiona que la propuesta preserve privilegios y beneficios que históricamente han favorecido a grandes patrimonios y grupos económicos.
La iniciativa evita discutir abiertamente aspectos estructurales como el gasto tributario, las exenciones fiscales y la tributación de las rentas del capital, mecanismos que durante años han reducido la capacidad recaudatoria del Estado sin una exhaustiva evaluación pública de su impacto social.
De igual forma, considera grave que se impulse una reforma predominantemente tributaria sin acompañarla de compromisos concretos y verificables sobre la calidad, eficiencia y transparencia del gasto público.
La ciudadanía no solo tiene derecho a conocer cuánto se pretende recaudar, sino también para qué se utilizarán esos recursos.
JF denuncia que el Gobierno cerraron la discusión tributaria en un pacto entre el Poder Ejecutivo y la cúpula empresarial, excluyendo deliberadamente a la ciudadanía, las organizaciones sociales y los territorios.
Aprovechando la mayoría oficialista en el Congreso, imponen una reforma sin un debate democrático mínimo, en abierta violación del artículo 36 de la Ley 1-12 de Estrategia Nacional de Desarrollo, que concibió el Pacto Fiscal como un proceso de concertación nacional amplio y participativo.
«La aprobación express de esta reforma, sin consulta ciudadana y sin espacios de deliberación social, constituye un retroceso autoritario que vulnera el mandato de la ley y desconoce el derecho de la población a decidir sobre el modelo fiscal del país», afirmaron las organizaciones.
«Los problemas y debilidades indicados no constituyen simples deficiencias técnicas. En conjunto configuran una propuesta que incrementa obligaciones tributarias sin ofrecer garantías de equidad, transparencia y calidad del gasto público», enfatiza la organización.
Advierte que la combinación de viejos esquemas regresivos, nuevas cargas inequitativas, amnistías fiscales y la exclusión de la participación social, amenaza con profundizar las desigualdades existentes.
En la medida en que se recauden recursos sin corregir las asimetrías estructurales del sistema, se debilitan las posibilidades de garantizar derechos fundamentales como educación, salud, protección social, empleo digno y vivienda para la mayoría de la población.
Por todo lo anterior, el Justicia Fiscal reitera su cuestionamiento al carácter regresivo e inequitativo de la propuesta y al proceso antidemocrático con que se tramita.