SANTO DOMINGO, RD.- En los seis años de gestión del presidente Luis Abinader, no cumplió sus promesas de reducir un 30% el precio de los alimentos, disminuir la delincuencia en un 50% en dos años y aplicar una política de “cero tolerancia” contra la corrupción administrativa, según balance del Partido de la Liberación Dominicana (PLD).   

En rueda de prensa, en la Casa Nacional, el partido opositor afirma que seis años después, los tres temas citados aparecen, según las encuestas de opinión más recientes, entre las principales preocupaciones de los dominicanos.

Indica que entre finales de 2020 y mediados de 2026, el arroz -alimento base del país- se incrementó en un 116%, la habichuela, proteína vegetal esencial de la mesa dominicana, se encareció en un 69%, el aceite de soya aumento un 200%.

Asimismo, las carnes no se quedaron atrás: la libra de carne de pollo aumento su precio en más de un 99%, la carne de res ha superado el 132%, y la de cerdo ha seguido una trayectoria ascendente similar, superando el 94%.

Estos precios, ampliamente reportados por comerciantes y consumidores, dibujan una realidad difícil de conciliar con la promesa de una reducción del 30%. La percepción ciudadana, que hoy sigue colocando el costo de la vida entre sus tres principales preocupaciones, sugiere que el alivio prometido nunca se materializó de forma perceptible en el bolsillo de los hogares.

Los datos previamente señalados, de acuerdo al PLD, explican porque el costo de la canasta básica, que a finales de 2020 se elevaba a RD$36,936.17, se incrementó hasta RD$49,613.15 a mediado de 2026. El 20% de los hogares de menores ingresos (los más pobres) ha sido el más golpeado: su canasta pasó de RD$21,791.97 en diciembre de 2020 a RD$29,608.08.

Llama la atención sobre los costos de los útiles escolares, ya que para el inicio del año escolar 2026-2027, pautado para iniciar el próximo 24 de agosto, las familias enfrentan una inflación acumulada cercana al 32% en los artículos de la lista escolar en comparación con 2020, con incrementos interanuales que rondan entre el 10% y el 15% respecto al periodo pasado.

Afirma que adquirir los elementos básicos de la canasta escolar sin incluir libros ni matrículas representa un gasto promedio de entre RD$4,922 y RD$5,630 por estudiante según el nivel (inicial, primario o secundario), cifra que se dispara por encima de los RD$15,000 a RD$35,000 en el sector privado si se añaden textos y uniformes completos.

Delincuencia

El PLD advierte que ya no se trata solo de delincuencia común callejera, sino de redes criminales organizadas que operan, según las propias investigaciones, al interior de las instituciones del Estado.

Menciona el desfalco millonario en el Instituto Nacional de Tránsito y Transporte Terrestre (Intrant), cometido entre 2023 y 2024, es un ejemplo elocuente.

La acusación habla de un fraude vinculado a la contratación del sistema de semáforos y a la red de control que dejó paralizada partes de esa infraestructura, con perjuicios que las investigaciones sitúan en el orden de los RD$1,300 millones.

Si la seguridad vial y el ordenamiento del tránsito dependen de una institución desfalcada, la promesa de seguridad ciudadana se resiente desde adentro.

Considera que el problema trasciende el tránsito. La Operación Falcón, ejecutada en 2021, desmanteló una red acusada de narcotráfico y lavado de activos con decenas de allanamientos y la detención de funcionarios, evidenciando vínculos entre el crimen organizado y el aparato estatal.

 Precisa que la red de infiltración desmantelada en el Puerto Multimodal Caucedo, entre 2024 y 2026, reveló a empleados de la terminal portuaria implicados en una red internacional de narcotráfico que movía droga en isotanques y contenedores, con incautaciones de cientos de paquetes.

La frontera misma de la economía formal se mostró vulnerable, por lo que la dimensión internacional del problema no puede omitirse.

Autoridades de los Estados Unidos han reclamado en extradición a personas del entorno del propio oficialismo: el ex asesor presidencial Fabio Jorge, acusado de narcotráfico, tuvo que entregarse ante la justicia estadounidense, y el encargado administrativo vinculado al partido de gobierno, Luis Manuel Febles Peralta, fue entregado por decreto de extradición.

A estos dos casos, hay que agregar la extracción de diputados, alcaldes y regidores del PRM, lo que pone en evidencia que se trata de un fenómeno muy amplio.

En el primer cuatrimestre de 2026, el presidente se vio obligado a autorizar la extradición de 20 personas, en gran parte reclamadas por EE. UU.

Cuando la lucha contra la delincuencia cruza las fronteras y alcanza al círculo cercano del poder, la promesa interna del 50% queda corta frente a la magnitud del desafío.

Vistos en conjunto, estos casos describen un déficit estructural que ninguna cifra de homicidios puede explicar por sí sola: la delincuencia no se ha combatido solo en las calles, sino que ha sabido arraigarse en las instituciones encargadas de combatirla.

La promesa del 50% se midió, probablemente, contra una delincuencia que el propio Estado la alimentaba desde adentro. Seis años después, la percepción de inseguridad se mantiene elevada y la meta de la mitad de la delincuencia sigue sin refrendarse de manera creíble en los datos oficiales.

  “Cero tolerancia”

El PLD subraya que la política anticorrupción de un gobierno se mide por lo que ocurre dentro de sus propias instituciones, y ahí el caso del Seguro Nacional de Salud (SENASA) se ha convertido en el espejo incómodo de ese compromiso.

El Ministerio Público acusa a un entramado encabezado por el exdirector de SENASA y vicepresidente del PRM, Santiago Hazim, de haber desfalcado a la institución con montos por encima de los 15 mil millones de pesos, deficitarias sumas que, según algunas estimaciones, rondan los 19 mil millones.

Lo más grave, estima el partido morado, es la finalidad que se ha atribuido al dinero: los implicados habrían justificado el desfalco como un mecanismo para financiar la campaña electoral del 2024. Fondos destinados a proteger la salud de los más vulnerables habrían terminado, según esa versión, engrasando la maquinaria electoral del propio gobierno que prometió cero tolerancia.

Una política de “cero tolerancia” no se agota en el discurso ético ni en la creación de oficinas de integridad: se sostiene en la ausencia de espacios para el desfalco y en la sanción ejemplar que disuade.

Cuando el mayor escándalo de corrupción del período apunta a los fondos del seguro de salud de los pobres y, según el alegato de los propios implicados, a la campaña de reelección del mandatario, la brecha entre la consigna de campaña y la gestión institucional deja un déficit de confianza con costo electoral directo.

Energía y obras

En el documento entregado a la prensa, el PLD señala que durante los últimos seis años, el país ha soportado un deterioro persistente de la calidad del servicio eléctrico, con interrupciones que afectan a toda la sociedad, en un contexto de incremento de la tarifa.

Precisa que las perdidas eléctricas rondan el 40% y el propio presidente Abinader cifró el subsidio eléctrico 2025–2026 en RD$105,000 millones.

Deplora el debilitamiento de la Carrera Administrativa, expresado en reducción de los concursos públicos y aumento de nombramientos discrecionales, con sustitución de personal técnico por personal de confianza.

Esto se ha reflejado en un crecimiento del gasto administrativo sin mejora proporcional en la calidad del servicio al ciudadano.

En lo relativo a las obras públicas, lo que se ha vivido es una lentitud en la ejecución de obras, infraestructura deteriorada y mantenimiento insuficiente, caminos vecinales abandonados, drenajes deficientes y congestión vehicular creciente y obras inconclusas, retrasos administrativos, incremento de costos y desigualdad territorial en la distribución de la inversión.