Informes de la Contraloría General de la República y de la Cámara de Cuentas documentan desfalco por obras «fantasmas», violaciones sistemáticas a la Ley de Compras Públicas y severas incongruencias en declaraciones juradas de patrimonio
SANTO DOMINGO, República Dominicana.‐ Un detallado expediente de investigación técnica pone al descubierto una compleja estructura de irregularidades financieras y administrativas en el desaparecido Consejo Nacional de Población y Familia (CONAPOFA) durante la gestión 2020-2023, perfilando una inminente acción penal ante la Procuraduría Especializada de Persecución de la Corrupción Administrativa (PEPCA) contra sus principales ejecutivos.
El Informe Final de Auditoría Interna No. IN-CGR-DC-2024-00003, emitido por la Contraloría General de la República, sacó a la luz la erogación ilegítima de fondos públicos por concepto de servicios y remodelaciones que nunca fueron ejecutados.
Entre los hallazgos más críticos se destaca el pago del libramiento No. 2496-1 por un monto de RD$667,838.67 para el mantenimiento de cocina y plomería a favor de la empresa Soluciones Oportunas Suricato, SRL, cuyos trabajos no cuentan con evidencia física ni certificación de recepción.
El documento del órgano de control interno responsabiliza a la gestión encabezada por el exdirector ejecutivo Lic. Obed Alexander Fabián Leonardo y la exsubdirectora ejecutiva Dra. y actual directora del Hospital de la Mujer, Yakaira Alejandrina García Peralta de la adjudicación de contratos por decenas de millones de pesos al margen de la Ley No. 340-06 sobre Compras y Contrataciones Públicas.
La auditoría evidenció la omisión de pliegos de condiciones, la falta de garantías de fiel cumplimiento, adjudicaciones directas sin concurrencia y la ejecución de compras por RD$5,200,000.00 excluidas del Plan Anual de Compras y Contrataciones (PACC).
La Contraloría General de la República (CGR) identificó 14 procesos de compras por 16 millones 751,357 pesos cuyos expedientes no contenían informes de evaluación que sustentaran la selección de proveedores del Consejo Nacional de Población y Familia (CONAPOFA).
Además de los 14 procesos sin informes de evaluación, la auditoría identificó 13 sin constancia de garantías de fiel cumplimiento, de seriedad de la oferta o de ambas. Algunas contrataciones figuran en los dos grupos, por lo que sus cantidades y montos no deben sumarse como operaciones distintas.
Según el informe, la entidad suscribió 850 contratos de compras y contrataciones por 55 millones 612,299 pesos durante el período examinado. Los auditores revisaron una muestra de 21 procesos que comprendían 22 contratos.
Además de los 14 procesos sin informes de evaluación, la auditoría identificó 13 sin constancia de garantías de fiel cumplimiento, de seriedad de la oferta o de ambas. Algunas contrataciones figuran en los dos grupos, por lo que sus cantidades y montos no deben sumarse como operaciones distintas.
Según el informe, la entidad suscribió 850 contratos de compras y contrataciones por 55 millones 612,299 pesos durante el período examinado. Los auditores revisaron una muestra de 21 procesos que comprendían 22 contratos.
Expedientes incompletos
La revisión identificó 11 expedientes sin evidencia de pliegos de condiciones, por 4 millones 717,887 pesos, y otros ocho con pliegos o términos de referencia que no cumplían el formato establecido, por 6 millones 485,703 pesos.
Según la auditoría, los documentos de este segundo grupo carecían de información relevante y no habían sido elaborados por peritos designados. Además, en tres procesos por 5 millones 461,183 pesos, los auditores no encontraron las actas de adjudicación.
En otros diez, por 8 millones 230,572 pesos, las actas incumplían el formato estándar y presentaban deficiencias de información, orden cronológico o formalización.
La ausencia de documentos limita la verificación de las adjudicaciones. No demuestra, por sí sola, que las garantías nunca se constituyeron ni permite determinar los criterios utilizados para seleccionar a los proveedores.
Los 14 procesos sin informes periciales ascendían a 16 millones 751,357 pesos y los 13 sin constancia de garantías, a 15 millones 551,357 pesos.
Asimismo, se reportó la falta de localización física de múltiples vehículos registrados en el Sistema de Administración de Bienes (SIAB) y la Dirección General de Impuestos Internos (DGII).
La denuncia se extiende de manera particular sobre la Dra. Yakaira Alejandrina García Peralta.
Según el informe de auditoría, la exsubdirectora devengó compensaciones especiales adicionales por RD$42,700.00 mensuales (junio 2021 – agosto 2022) manteniendo simultáneamente su sueldo de RD$83,638.79 en el Ministerio de Salud Pública, a pesar de la objeción técnica expresa del Ministerio de Administración Pública (MAP) mediante la comunicación No. 0015324.
A este cuadro se le suma el reciente análisis de su Declaración Jurada de Patrimonio No. DJP-41696, presentada ante la Cámara de Cuentas.
El documento oficial revela serias incongruencias entre su salario neto declarado y una estructura de gastos mensuales donde reporta erogaciones educativas en moneda extranjera que alcanzan los USD$22,000.00 (más de un millón de pesos dominicanos), cifra matemáticamente incompatible con sus ingresos legales.
Adicionalmente, el registro omite los pasivos financieros de un vehículo declarado como financiado, incurriendo en presunta falsedad por omisión bajo la Ley No. 311-14.
Actualmente, Obed Alexander Fabián Leonardo se desempeña como Asesor en la Dirección General de Aduanas (DGA), mientras que la Dra. Yakaira Alejandrina García Peralta ejerce como Directora del Hospital Infantil Santo Socorro (Hospital de la Mujer / Evangelina Rodríguez).