SANTO DOMINGO.- La Mesa Nacional para las Migraciones y Refugiados en la República Dominicana (MENAMIRD) considera que el país está obligado a modificar la Ley 137-03 sobre Trata de Personas y Tráfico de Migrantes, para adaptarla a las actuales circunstancias.
William Charpantier, coordinador de la MENAMIRD, explica que la citada Ley tiene relación con la Convención Internacional sobre el Crimen Organizado, de manera específica con la Trata de Personas, por lo que su objetivo es el combate a ese tipo de crimen.
Precisa que República Dominicana ratificó esa convención, por tanto, tiene que alinear la legislación interna a los requerimientos de la Ley de Trata y Tráfico de Personas a nivel internacional.
Estima que desde esa convención las mujeres y niños víctimas de trata serían beneficiados ya que podrían obtener una residencia en el país de acogida e integrarse a la sociedad.
“Son muchas las mujeres nuestras que son víctimas de trata de personas en Europa, Centro, Norte y Sur América, pero también el caso de las venezolanas y haitianas que viven aquí, víctimas de tratas de personas, que podrían ser beneficiadas de un programa de documentación”, explica el activista de los derechos de inmigrantes.
Ante las críticas de diversos sectores al proyecto de modificación de la citada Ley, el Poder Ejecutivo la retiró del Congreso Nacional, pero no de manera definitiva, por lo que podrían volver a este Poder del Estado en otro momento.
“Nosotros desde la MENAMIRD apostamos a que en cualquier momento el Congreso dominicano pueda realizar vistas públicas para que se pueda debatir a la altura que amerita la legislación”, expresó.
Señala que se trata de un mandato internacional, por tanto, no existe ninguna situación oculta, y que los dominicanos debemos acostumbrarnos a que las normas y leyes de convivencias hay que asumirlas.
El presidente del Colegio de Abogados de la República Dominicana (CARD) Miguel Surun Hernández, definió esta semana como catastrófico que las autoridades pretendan someter nueva vez el proyecto de Ley de Trata de Personas y Tráfico Ilícito de Migrantes, tomando en cuenta que existe la Ley 137-03, sobre el particular.
Indicó que, además, hay una sociedad que rechaza cualquier tentativa de destrucción de la identidad Nacional.