SANTO DOMINGO.- Como parte importante de la mejora de la calidad de los servicios en la administración pública, organizaciones de la Sociedad Civil llamaron hoy al Ministerio de Administración Pública y al Ministerio de la Mujer a definir y aprobar políticas públicas y protocolos contra el acoso sexual en el Estado.
Participación Ciudadana, Ciudad Alternativa y Fundación Solidaridad, que forman parte del componente de Sociedad Civil del Programa de Apoyo a la Reforma de la Administración Pública y a la Calidad del Servicio Público (PARAP II), recordaron que el Estado está en la obligación legal y constitucional de proveer servicios públicos de calidad y que garanticen la igualdad de género.
Señalaron que el contexto actual es idóneo dado que a propósito del diálogo del Consejo Económico y Social (CES) y las mesas que procuran la transparencia y modernización del Estado, las discusiones y decisiones deben incluir las respuestas al acoso sexual para lograr estas metas.
“La reforma de la administración pública debe darse incluyendo la calidad de los servicios y hacer esto sin una perspectiva de género es imposible y erróneo”, expresaron.
Al respecto indicaron que la calidad de los servicios en la Administración Pública requiere que los usuarios y usuarias conozcan los canales necesarios para hacer denuncias, informarse y replicar los conocimientos. Además, que debe haber mayor claridad sobre las instituciones que tienen el rol de velar por el cumplimiento de esa calidad de los servicios públicos, incluyendo el Ministerio de Administración Pública. (MAP).
Reconocieron las iniciativas de creación de protocolos contra el acoso de instituciones como la Junta Central Electoral y el Defensor del Pueblo, al igual que los esfuerzos del Instituto de Investigación y Estudios de Género y Familia de la UASD por reglamentarlo en la academia, por ello le piden a Ministerio de la Mujer (MMUJER) que asuma eleve una política pública que la haga vinculante a todas las entidades gubernamentales.
Finalmente, recalcaron que el conocimiento y actualización de los marcos jurídicos referentes a la administración pública, tales como la Ley 41-08 de Función Pública, Ley orgánica de la Administración Pública (147-12), Ley general de salarios del Estado Dominicano (105-13) y sus reglamentos, que deben acompañarse de protocolos para prevenir, evitar y castigar el acoso sexual en todos sus niveles dentro de las instituciones.