Ediles solicitan intervención de la Contraloría General de la República; buscan evitar sean sometidos a la justicia por inobsdervancia de la Ley 176-07
SANTO DOMINGO, República Dominicana. -El Concejo de Regidores (CR) del Santo Domingo Oeste (ASDO) negó que ese cuerpo compuesto por 15 ediles, acusa al alcalde Francisco Peña, de transferir partidas de la cuenta de inversión a nómina, en franca violación a la Ley 176-07 de los Ayuntamientos y el Distrito Nacional.
En rueda de prensa, los 15 regidores del cabildo rechazaron que obstaculicen las prestaciones de los servicios municipales como han denunciados miembros de la Alcaldía.
Explicaron que el 31 de diciembre de 2025 aprobó el presupuesto municipal correspondiente a 2026 por RD$1,549 millones 550 mil, en el que fue consignada la suma de RD$464 millones 865 mil, el 30% del monto original, para el pago de la nómina.
Señala que el 2 de febrero pasado, el alcalde de SDO, Francisco Peña, sometió por ante el Consejo de Regidores una propuesta de modificación presupuestaria en la cual solicita transferir 10 millones de pesos desde la cuenta de inversión hacia la cuenta de personal.
Eso, explica, con la finalidad de cubrir la cuenta correspondiente a salarios, lo que consideran una violación al artículo 22 de la Ley 176-07, que prohíbe la reducción de partidas destinadas a inversiones, modificado dicho artículos por la Ley 75-25.
Ante la situación, el CR solicita la intervención de la Contraloría General de la República para que emita sus consideraciones y recomendaciones a este órgano de fiscalización local, en torno a la propuesta del alcalde Francisco Peña.
En un documento leído a la prensa por el presidente del CR, Joan Manuel Herrera Martínez, establece que la postura de ese cuerpo edilicio tiene como única finalidad garantizar la legalidad, la transparencia y el correcto uso de los recursos públicos.
De igual modo, salvaguardar la responsabilidad civil y penal de los miembros del CR ante cualquier actuación administrativa que contravenga la Constitución de la República y leyes vigentes, tras afirmar que los regidores han sido chantajeados por el alcalde.