SANTO DOMINGO, República Dominicana.- El Presiente de La Corriente Magisterial Juan Pablo Duarte (CMJPD) y dirigente nacional de la Asociación Dominicana de Profesores (ADP), Prof. Menegildo De La Rosa, saludó el anuncio realizado por el Instituto Nacional de Bienestar Magisterial (INABIMA) sobre la aplicación de la indexación salarial a 4,642 maestros jubilados y pensionados a partir de enero de 2026, calificándolo como un paso positivo en el cumplimiento de la Ley No. 451-08.
La organización reconoció que la medida responde a una demanda histórica del magisterio jubilado y pensionado, largamente reclamada por distintos sectores sindicales y sociales, y que constituye un reconocimiento al derecho de los docentes retirados a preservar su poder adquisitivo frente al impacto de la inflación.
No obstante, la Corriente Magisterial advirtió que el alcance de la indexación resulta limitado, al beneficiar solo a una parte de la nómina de jubilados y pensionados, dejando fuera a miles de docentes que también han sufrido la pérdida sostenida de sus ingresos reales.
“El cumplimiento parcial no resuelve la deuda social acumulada. La indexación debe aplicarse a la totalidad de los jubilados y pensionados del magisterio, sin exclusiones ni discriminaciones”, afirmó Menegildo de la Rosa, presidente de la Corriente Magisterial Juan Pablo Duarte.
De la Rosa exigió al presidente de la República, Luis Abinader Corona, que asuma de manera integral esta decisión y disponga el cumplimiento pleno de la ley, incluyendo el pago de la deuda acumulada desde el año 2017, que afecta no solo a los jubilados y pensionados, sino también a los empleados públicos y a los maestros activos del sistema educativo.
La Corriente Magisterial reiteró que la Ley 451-08 establece revisiones periódicas de las pensiones conforme a la variación del Índice de Precios al Consumidor (IPC), por lo que el Estado dominicano está en la obligación legal y moral de garantizar ajustes justos, oportunos y universales.
Finalmente, la organización llamó al Gobierno a profundizar esta medida, ampliarla a toda la nómina magisterial y avanzar hacia una política salarial coherente que proteja el derecho a una vida digna de quienes han dedicado su vida al servicio de la educación pública.