SANTO DOMINGO, República Dominicana. -La Cámara de Diputados aprobó y envió al Senado el proyecto de Ley Nacional de Becas para el Desarrollo Productivo y Laboral, que establece igualdad de oportunidades y participación sin importar sus características físicas, sociales o culturales, además contempla sanciones hasta del tipo penal para funcionarios del gobierno que traten de obtener ventajas por sus posiciones.

El proyecto de la autoría del diputado José Manuel Caraballo, está destinado a garantizar el acceso equitativo a la educación superior, técnica y profesional, en correspondencia con las necesidades estratégicas del desarrollo económico, social y territorial de la República Dominicana.


Dicha pieza legislativa establece como brazo ejecutor al Ministerio de Educación Superior, Ciencia y Tecnología (MESCyT), el cual será el órgano de aplicación de la presente ley, con facultad de reglamentación técnica y administrativa.

La normativa crea el Consejo Nacional de Becas (CONABE), como órgano de dirección, coordinación, evaluación y seguimiento del Sistema Nacional de Becas para el Desarrollo Productivo y Laboral.

Las disposiciones previstas en esta ley son de aplicación a todos los ciudadanos dominicanos residentes en el territorio nacional o en el extranjero, así como los extranjeros legalmente residentes en el país, que cumplan con los requisitos establecidos en esta ley y sus reglamentos.

Las instituciones receptoras son las de educación superior, públicas y privadas, reconocidas por el MESCyT, los centros técnicos y tecnológicos reconocidos por el INFOTEP y demás órganos competentes y las universidades, institutos y centros educativos extranjeros, con los cuales el Estado dominicano tenga convenios de cooperación académica.

Principios rectores

 El Sistema Nacional de Becas para el Desarrollo Productivo y Laboral se regirá por los principios de Equidad: un principio ético y social que garantiza un trato justo e imparcial, adaptando la justicia a las necesidades específicas de cada persona en lugar de aplicar la misma norma estrictamente a todos.

Inclusión: es la actitud, tendencia o política de integrar a todas las personas en la sociedad, garantizando igualdad de oportunidades y participación sin importar sus características físicas, sociales o culturales.

Mérito: es la acción, cualidad, valor o virtud de una persona que la hace digna de premio, aprecio o para asignación de becas.

Transparencia: es la cualidad de ser abierto, claro y honesto, facilitando el acceso público a la información y la rendición de cuentas, que es la obligación de las autoridades y entidades que manejan fondos públicos de explicar, justificar y reportar sus decisiones, acciones y resultados a la ciudadanía.

Igualdad de género: es un principio jurídico y derecho humano fundamental que garantiza que mujeres, hombres, niñas y niños disfruten de los mismos derechos, responsabilidades y oportunidades, sin que su sexo biológico determine sus vidas.

No discriminación: es un principio jurídico y derecho humano fundamental que garantiza que toda persona sea tratada de forma igualitaria, sin distinciones, restricciones o exclusiones arbitrarias por motivos de raza, género, edad, religión, discapacidad o condición social.

Innovación: es el proceso de introducir novedades, mejorando elementos existentes o creando nuevos (productos, servicios, procesos o métodos), con el fin de generar un impacto positivo, valor significativo y éxito en el mercado o sociedad.

Pertinencia social y territorial: es la capacidad de las instituciones, políticas públicas, proyectos o programas educativos para responder de desafíos potencialidades específicas de una comunidad y su entorno geográfico. manera adecuada y coherente a las necesidades.

Beca Nacional

Para los fines de esta ley, se entenderá por: i) Beca nacional: ayuda económica otorgada para cursar estudios técnicos, tecnológicos o superiores en instituciones educativas del país reconocidas por el MESCyT

Beca internacional: ayuda económica para cursar estudios en instituciones extranjeras, en áreas de interés estratégico para la República Dominicana.

Crédito educativo: apoyo financiero reembolsable en condiciones preferenciales, otorgado a estudiantes que lo requieran.

Sectores productivos estratégicos: aquellos definidos en el Plan Nacional de Desarrollo, vinculados al desarrollo económico sostenible y la competitividad.

Portal Unico de Becas (PUBE): plataforma digital oficial de acceso público donde se centralizarán convocatorias, resultados, requisitos, seguimiento y evaluación de programas de becas.

Organo ejecutor

El MESCyT será el órgano de aplicación de la presente ley, con facultad de reglamentación técnica y administrativa.

Se crea el Consejo Nacional de Becas (CONABE), como órgano de dirección, coordinación, evaluación y seguimiento del Sistema Nacional de Becas para el Desarrollo Productivo y Laboral.

El CONABE estará integrado por: el MESCyT, quien lo presidirá; el ministro de Educación (MINERD); el ministro de Trabajo; un representante del Instituto Nacional de Formación Técnico Profesional (INFOTEP); un representante de la Universidad Autónoma de Santo Domingo (UASD); un representante de universidades privadas.

De igual modo, un representante del Instituto Tecnológico de Las Américas (ITLA); un representante del sector empresarial, representado por la AIRD; un representante estudiantil designado por el Ministerio de la Juventud.

También, un representante de las federaciones estudiantiles legalmente reconocidas, designado por el MESCyT, de una terna presentada por dichas federaciones.

Establece que cada cinco años, el CONABE elaborará un informe nacional de necesidades laborales y formativas, que servirá de base técnica para la priorización de áreas de estudio y programas.


Modalidades de becas

Las becas podrán ser: becas de formación técnica y profesional; becas universitarias de grado; 3) becas de posgrado nacional e internacional; créditos educativos en condiciones preferenciales.

Las becas serán compatibles con otras ayudas siempre que no superen un monto máximo definido en el reglamento.

Tendrán duración igual al tiempo teórico de la carrera o programa, condicionada al rendimiento académico del beneficiario.

El MESCyT, en coordinación con el CONABE, podrá celebrar convenios con empresas, universidades y organismos internacionales para financiar becas conjuntas en áreas críticas; garantizar pasantías y prácticas profesionales; promover proyectos de vinculación tecnológica y territorial.

Seguimiento

El MESCyT, con apoyo del CONABE, implementará un sistema de seguimiento a beneficiarios y de evaluación del impacto de las becas en la inserción laboral y en el desarrollo nacional.

El CONABE establecerá mecanismos de auditoría externa y de control, incluyendo la publicación anual en el Portal Único de Becas, de informes detallados de adjudicación, montos otorgados, programas de estudio, regiones y resultados de inserción laboral.

En las convocatorias y en la determinación de prioridades formativas, el CONABE convocará consultas públicas y garantizará la participación de organizaciones estudiantiles, comunidades rurales, minorías, personas con discapacidad y la comunidad dominicana en el exterior, cuyos aportes serán incorporados en los informes técnicos de priorización.

El Sistema adoptará como meta que, al menos un porcentaje mínimo de las becas anuales, beneficie a estudiantes de zonas rurales, de territorios con mayor rezago social y de la comunidad dominicana en el exterior, publicando antes del 31 de marzo de cada año el grado de cumplimiento de dicha meta.

Obligaciones de beneficiarios

Los beneficiarios de las becas otorgadas en virtud de la presente ley tendrán que mantener el rendimiento académico mínimo establecido por la autoridad de aplicación.

Utilizar los recursos otorgados exclusivamente para los fines autorizados; cumplir con las normativas y reglamentos de la institución receptora.

En el caso de becas en el extranjero, regresar al país al término de los estudios y prestar servicios profesionales en la República Dominicana, en el área de formación recibida, por un periodo mínimo de dos a cinco años, conforme lo disponga el reglamento de aplicación.

El incumplimiento de esta obligación conllevará el reintegro proporcional o total de los fondos otorgados, sin perjuicio de las sanciones administrativas y civiles que correspondan.

Lo dispuesto en este articulo no constituye restricción indebida de derechos fundamentales, sino una condición legitima vinculada al principio de reciprocidad social y a la función pública de la educación, en los términos del artículo 63 de la Constitución de la República.

Financiamiento

El SNBDPL se financiará con asignaciones del Presupuesto General del Estado; aportes del sector privado; donaciones y cooperación internacional.

Un fideicomiso público denominado Fondo Nacional de Becas, administrado conforme a la legislación vigente.

Establece que en ningún caso podrán desviarse los fondos asignados a educación, conforme la Constitución de la República.

El SNBDPL será financiado con el presupuesto destinado a becas que recibe la MESCYT y las demás instituciones afines.

Clasificación de infracciones

Las infracciones de las personas y de sus representantes legales por violación a las disposiciones contenidas en esta ley, podrán ser leves, graves y muy graves.

Constituyen infracciones leves y se penalizarán beneficios hasta por un semestre académico o la imposición de medidas correctivas determinadas por la autoridad de aplicación, las siguientes: el incumplimiento ocasional de requisitos administrativos o plazos establecidos para la entrega de documentación.

La falta de actualización de datos o informaciones requeridas por la autoridad de aplicación; el descuido en el cumplimiento de obligaciones formales que no genere perjuicio económico ni académico relevante.

Constituyen infracciones graves y se penalizarán con la suspensión de la beca hasta por un año académico, el reintegro proporcional de los fondos mal utilizados y la inhabilitación para participar en futuras convocatorias por un periodo de hasta tres años, por el incumplimiento reiterado de los requisitos académicos exigidos para el mantenimiento de la beca; la utilización parcial de los fondos otorgados en fines distintos a los autorizados.

La obstaculización o negativa injustificada a los procesos de supervisión, auditoria y seguimiento; la omisión de informar sobre cambios sustanciales en la condición socioeconómica del beneficiario.

Constituyen infracciones muy graves y se penalizarán con la cancelación definitiva de la beca, la obligación de reintegro total de los fondos percibidos, la inhabilitación para participar en futuras convocatorias por un periodo de hasta diez años y la remisión del caso al Ministerio Público para la determinación de responsabilidades penales.

Esto si se produce la presentación de documentos falsos o adulterados para obtener o mantener una beca; el uso fraudulento o el desvío total de los recursos asignados; la manipulación, alteración o falsificación de registros académicos, financieros o administrativos; la participación de funcionarios o servidores públicos en actos de corrupción, favoritismo o asignación irregular de becas.

El incumplimiento deliberado de los procesos de rendición de cuentas en la gestión del Sistema Nacional de Becas para el Desarrollo Productivo y Laboral.

En el caso de funcionarios y servidores públicos, además de lo dispuesto, se aplicará lo establecido en la Ley de Función Pública, la Ley de Compras y Contrataciones Públicas, la Ley contra el Lavado de Activos y Financiamiento del Terrorismo, y demás disposiciones penales y administrativas aplicables.