SANTO DOMINGO, RD. – Organizaciones sociales y económicas del país se reúnen para consensuar un anteproyecto de Ley de Economía Social Solidaria (ESS) y conocer el Código Cooperativo de la República Dominicana, con el objetivo central de buscan el bien común de las personas y la naturaleza.
El tema se trata en el Seminario Nacional: ¿Por qué es Necesaria una Ley de Economía Social Solidaria en la República Dominicana?
Entre los participantes se encuentran emprendimientos de Economía Solidaria, CooperaBvas, ASFL, Organismos de Integración, Redes, entidades de apoyo y funcionarios de instituciones gubernamentales relacionadas.
El evento que es parte del proceso que llegará hasta la presentación del proyecto de ley ante el Congreso Nacional, se realiza en la Facultad de Ciencias Jurídica y Política de la UASD y está organizado por el IDEAC, Ciudad Alternativa, CE-MUJER, MOSCTHA y las Facultades de Ciencias Económicas y Sociales y Jurídicas y Políticas.
Entre ellas las ASFL de fomento económico, cooperativas de cualquier tipo, federaciones de cooperativas, mutuales, asociaciones y federaciones campesinas, artesanales, pescadores, de auto- ayuda, fondos rotatorios, emprendimientos asociativos, redes de turismo comunitario y ecoturismo, asociaciones de producción orgánica y de comercio justo.
Igualmente, asociaciones de gestión de acueductos y de mini y pequeñas generadoras de energía renovables comunitarias, grupos de cuidado de cuencas y áreas protegidas y todas las iniciativas económicas que ponen el bienestar humano y de la naturaleza por encima del lucro y las ganancias económicas.
Según un informe elaborado por Instituto de Desarrollo de Economía Asociativa y Cooperativa (IDEAC) para la red de protección (INSPIR) en el año 2021, en el país, la ESS representaba alrededor del 5% del PIB, considerando solo a 1,200 cooperativas, 967 ASFL y 237 organizaciones de Comercio Justo y de productos orgánicos.
Así mismo, el informe expresa que la ESS tiene el potencial de llegar a alrededor del 57% del PIB de 2021, si se incluyen los aportes de los trabajadores a través de las remesas desde el exterior, la cooperación internacional no reembolsable, los fondos de pensiones, el trabajos de cuidados no remuderados que realizan fundamentalmente las mujeres, y los subsidios monetarios del gobierno.
Ante esta realidad las organizaciones convocantes consideran necesario la aprobación de un marco jurídico y régimen institucional integral que le regule y estimule, a través de políticas económicas que favorezcan su crecimiento, sostenibilidad y garantice la solidaridad en los procesos económicos que incluyen la producción, el intercambio (compra, venta, trueque y donaciones), el financiamiento y el consumo, orientado a la obtención del bien común de los humanos y de la naturaleza, que es el fin último de la actividad económica.