SANTO DOMINGO, RD.- En el municipio Los Alcarrizos, en Santo Domingo, continúan sepultando cadáveres en unos terrenos improvisados que supuestamente pertenecen al Consejo Estatal del Azúcar, el Banco de Reservas y a particulares.
Con cinco años en esa situación, ya en los terrenos hay sepultados más de 7 mil cadáveres, por lo que la población espera que el presidente Luis Abinader lo declare de utilidad pública y este funcione como un verdadero camposanto.
Roberto Abreu, presidente del Movimiento Progresista Comunitario (MPC) urge del presidente Abinader declarar de utilidad pública los terrenos donde ya existen más de 7 mil cadáveres, para que el cementerio sea organizado como mandan las normas.
Informó que la Liga Municipal Dominicana (LMD) dispone de más de 20 millones de pesos para la verja perimetral del cementerio, pero no lo desembolsa porque los terrenos están en litis.
A esto agrega, el conflicto del alcalde de Los Alcarrizos con el presidente de la LMD, Víctor D`Aza y la desconfianza que existe desde el gobierno central con la actual gestión municipal que encabeza Cristian Encarnación.
Mientras tanto, la Asociación de Constructores es la que está al frente del cementerio, y sus miembros no sepultan a nadie en tierra sino en nichos por recomendación del Ministerio de Salud Pública, para no contaminar el subsuelo.
El terreno que ocupa el cementerio consta de 385 mil metros cuadrados, y los más de 7 mil cadáveres están en sepulturas señalizadas en áreas o por manzanas.
Al llegar al 15 de enero de 2017 el Patronato Comunitario que tomó los terrenos previó no vender terrenos, control absoluto de los expedientes de cada cadáver, contabilidad organizada, fue formada la Asociación de Constructores, enfrentar la delincuencia que tenía intenciones de penetrar al lugar, entre otras medidas.
Indicaron que son los más interesados en que el camposanto obtenga el rol de legalidad, para lo que han hecho los trámites de lugar en el CEA y el Banco de Reservas, cuyas documentaciones descansan en el despacho del presidente de la República.
El alcalde Encarnación considera que el cementerio es un asunto de seguridad nacional, por lo que los terrenos deben ser declarados de utilidad pública para cerrar el camposanto.
Dijo que en los próximos días habrá una reunión con la Procuraduría General de la República para ver el asunto legal con los terrenos, mientras tanto los munícipes siguen llevando sus muertos al improvisado camposanto.
El alcalde solicita al presidente de la LMD, Víctor D`Aza, entregar RD$51 millones que corresponden al cabildo que dirige para disponer de inmediato de la verja perimetral al cementerio.