SANTO DOMINGO, República Dominicana.- La Coalición por una Seguridad Social Digna aboga en carta abierta a los legisladores y toda la nación dominicana por un Código Penal que proteja la vida y garantice justicia para todas las personas, porque la la pieza en discusión es un retroceso en materia de justicia, equidad y protección para mujeres y niñas.
En el documento la entidad de la sociedad civil expresa preocupación ante la aprobación de un Código Penal que, en su forma actual, representa un retroceso en materia de justicia, equidad y protección para las mujeres y niñas de la República Dominicana.
Advierte que este no es simplemente un cambio legislativo: es una decisión de país que definirá el tipo de sociedad que aspiramos a ser.
Señala que el texto aprobado en el Senado y conocido actualmente en la Cámara de Diputados, excluye protecciones esenciales para mujeres y niñas en situaciones de extrema vulnerabilidad.
Observa tipificación limitada del feminicidio al restringirse a solo tres circunstancias, se deja sin reconocimiento a cientos de casos de violencia letal por parte de agresores, negando justicia a muchas mujeres asesinadas.
Entre esas circunstancias cita: barrera probatoria en violencia intrafamiliar, ya que exige un patrón reiterado de agresiones invisibiliza y desprotege a las víctimas de actos únicos pero severos de violencia, contraviniendo estándares internacionales de protección.
De igual modo, la prescripción de delitos sexuales, en que indica que permitir que crímenes como la violación o el incesto prescriban, incluso cuando las víctimas son niñas, prioriza el silencio y la impunidad por encima de la justicia.
La criminalización absoluta del aborto, ya que negar las tres causales, riesgo para la vida de la mujer o niña, inviabilidad fetal y embarazo por violación o incesto, no es neutralidad.
Considera que eso es desconocer las realidades médicas, sociales y humanas de miles de dominicanas, y exponerlas a la muerte, la criminalización o el sufrimiento innecesario.
Indica que el aborto inseguro es actualmente la tercera causa de muerte materna en el país, y que la falta de legislación adecuada perpetúa un sistema que castiga a las víctimas y protege a los agresores.
Expresa que la omisión de garantías mínimas para las mujeres y niñas más vulnerables genera desigualdad estructural en el acceso a justicia y salud.
Coincidimos en la urgencia de actualizar el marco penal, pero advertimos que hacerlo sin una mirada inclusiva, ética y basada en evidencia es legislar desde el privilegio y el desconocimiento.
Estima que un Código Penal debe reconocer adecuadamente el feminicidio y eliminar la prescripción de delitos sexuales.
También, incluir las tres causales como un mínimo de protección a la vida y la dignidad de las mujeres, pero además, asegurar que la ley no excluya ni silencie a quienes más necesitan protección.
Subraya que legislar es un acto de responsabilidad histórica.
Cree que el Congreso tuvo la oportunidad de avanzar hacia un Estado más justo, más humano y más comprometido con los derechos de todas las personas y, sobre todo, demostrar que las mujeres y las niñas de nuestro país son valoradas como ciudadanas plenas, merecedoras de vivir con dignidad, y libres de violencia.
Negarse a ello, precisa, no será interpretado como una diferencia de opinión, sino como un acto de exclusión legalizada. Un Código Penal que no protege la vida ni los derechos no es una ley; es una renuncia institucional a la justicia.
Afirma que el proyecto de Ley a punto de ser sancionado representa un retroceso en materia de justicia, equidad y protección para las mujeres y niñas de la República Dominicana, ya que no es simplemente un cambio legislativo: es una decisión de país que definirá el tipo de sociedad que aspiramos a ser.