SANTO DOMINGO, República Dominicana.- La Fundación Primero Justicia depositó en la Procuraduría General de la República querella penal contra Bartolomé Pujals y Pedro Quezada, director y ex director de la Oficina Gubernamental de Tecnologías de la Información y Comunicación (OGTIC).
De igual modo contra Lorenzo Ramírez, director de Pasaportes por la suscripción de contratos de alquileres fraudulentos de inmuebles a precios sobrevaluados.
Surún Hernández, presidente de la FPJ, explica que mediante esos contratos garantizaban la sustracción de miles de millones de pesos en perjuicio del Estado Dominicano, quienes para evitar sospechas del fraude, usaban a la Inmobiliaria Reservas como aparente propietaria, cuando en realidad, los inmuebles alquilados eran propiedad del Fondo de Inversión Cerrado Inmobiliario Reservas I, de allegados al presente gobierno.
Se trata, precisa, de una suerte de asociación fraudulenta, entre directores y funcionarios de alto rango del Estado, con allegados del sector privado, a los fines de esquilmar el patrimonio público, mediante supuestos arrendamientos de locales comerciales e inmuebles, a precios exorbitantes, que superan el valor del inmueble arrendado.
Usando como cortina de humo y vehículo legitimador de capitales ilícitos, al denominado Fondo de Inversión Cerrado Inmobiliario Reservas 1 administrado por la Administradora de Fondos de de Inversión Reservas S.A. donde los allegados del sector privado, adquieren el inmueble en cuestión, por un monto inferior al arrendamiento previamente acordado con la entidad Estatal.
Explica que lo mismo que ocurrió en el caso del Edificio de 16 niveles “Corporativo Vista 311”, que fue comprado y adquirido en su totalidad por dicho fondo, en fecha 11 de abril del 2022 por el monto de RD$1,400,406,577,798.14, del cual alquilan al Estado Dominicano, 5 de sus 16 niveles, por el monto exorbitante de RD$1,440,331,299.88, que duplica el monto que pagaron los propietarios, por el edificio completo, en una clara y aberrante actuación de sustracción de los fondos públicos.
Lo peor, señala, es que de conformidad con la documentación depositada ya el citado Fondo de Inversión anunció un nuevo contrato de arrendamiento a suscribirse con el INTRANT para la instalación de su nueva sede en el edificio recientemente adquirido de Teleantillas, en la Ave. John F. Kennedy, lo que confirma el mismo patrón fraudulento.
Circular de DGCCP
El grupo pudo efectuar sus cuestionables actuaciones amparado en la circular de fecha 3 de febrero del 2022, de la Dirección General de Compras y Contrataciones (DGCCP).
Mediante la circular se autorizó a todas las instituciones que conforman el Estado Dominicano, a suscribir de grado a grado, “contratos de arrendamientos y alquileres, eligiendo de antemano el beneficiario del contrato de alquiler, la propiedad, y el precio, sin ningún tipo de control, ni verificación, ni estudio, respecto al monto, ni al precio del alquiler versus el precio del inmueble, versus el precio del alquiler del valor de mercado.