SANTO DOMINGO, República Dominicana.- Los senadores de la República, Daniel Rivera, Lía Díaz y Guillermo Lama, consideran que de comprobarse irregularidades en el Seguro Nacional de Salud (SENASA) deberá caer todo el peso de la Ley sobre los responsables, como proclamó el presidente Luis Abinader, tras señalar que se trata sobre la salud de los dominicanos.

Lía Díaz, presidenta de la comisión de salud del Senado, , estima que Senasa deber ser cuidada como la niña de los ojos, ya que se trata de la ARS del Estado, donde están afiliados la mayoría de los dominicanos.

La senadora de la provincia de Azua espera que las investigaciones arrojen claridad sobre las denuncias sobre supuestos actos de corrupción, porque Senasa es el seguro del Estado que debe ser preservado.

De su lado, Daniel Rivera, de Santiago de los Caballeros, recuerda que ya que el presidente de la República había ordenado una investigación sobre las denuncias que se hacían sobre supuestas irregularidades en Senasa, porque habían procesos que no habían sido licitados, como los centros de atención primaria.

De igual modo, recuerda, la Superintendencia de Salud y Riesgos Laborales (SISALRIL) también había rendido su informe sobre el particular.

“Es decir, que ya todos estos elementos te dicen que el propio Estado tomó acciones cuando se comenzó a decir que había retrasos en los pagos, inmediatamente el presidente de la República dispuso una investigación y que caída todo el peso de la Ley, más en salud, a los culpables de sacar recursos para cirugías que no se materializaban, y eso es grave”, precisa Rivera, miembro de la comisión salud del Senado.

Señala que el tema Senasa impacta sobre manera el sistema, porque ahora todas las instituciones privadas, principalmente, estarán revisando sus catálogos para ver que sucedió, porque no se les pagaba.

Recuerda que hace varias semanas, la Asociación Nacional de Clínicas y Hospitales Privados (ANDECLIP) había denunciado que SENASA no estaban pagando a sus afiliados, por lo que pueden alegar el incumplimiento al desvíos de fondos por parte de la ARS estatal.

Ante la situación descrita, el senador Rivera, estima que urge establecer “el expediente único” en el Sistema Dominicano de la Seguridad Social (SDSS) de donde se podrán vigilar en línea todos los procesos, públicos y privados.

“Así todo el mundo puede ver en el sistema si en verdad te estoy operando sobre una cirugía de vesícula y verificar con los  centros de salud que las están practicando, lo propio con laboratorios, rayos X y otros estudios tan costosos como la tomografía, resonancia y otros”, explicó.

El senador Andrés Guillermo Lama, de la provincia Bahoruco coincide con su colega Rivera en el sentido de que hay esperar las investigaciones dispuesta por el presidente Abinader para determinar la gravedad de las denuncias.

En La Semanal, del pasado lunes, el presidente Luis Abinader afirmó que cualquiera que haya sustraído fondos públicos, en especial de salud, debe tener consecuencias drásticas, pero que en noviembre de 2024 ordenó una investigación en esa institución por sospechas.

Explicó que en noviembre de 2024,antes de que salieran en los medios de comunicación los presuntos actos de corrupción en el SeNaSa, el Gobierno había contactado al Ministerio Público, al departamento Antifraude, a la Cámara de Cuentas y la Superintendencia de Salud y Riesgos Laborales (Sisalril) para que investigaran la situación y los archivos de los procesos en esa entidad que registran situaciones al parecer desde 2020.

Reiteró que no intervendrá en las decisiones del Ministerio Público en su accionar contra quienes cometan actos que afectan los fondos del Estados dominicano.

Aunque a los casos sobre supuestos actos de corrupción en SeNaSa les daban seguimiento desde 2024, por denuncias de pacientes y centros de salud, fue a mediados de agosto pasado que el Poder Ejecutivo destituyó a Santiago Hazim, quien era el director ejecutivo desde 2020.

Las denuncias abarcan contratos con prestadores de servicios privados que recibían altas sumas de dinero sin pruebas de que cumplían lo reportado.

El Seguro Nacional de Salud (Senasa) se encuentra desde hace tiempo en el ojo del huracán, debido a los cuestionamientos sobre su manejo administrativo y financiero, así como a la existencia de una presunta red interna de corrupción. Las recientes investigaciones de las periodistas Nuria Piera y Julissa Céspedes han sacado a la luz irregularidades en su gestión, aumentando la presión sobre la institución.

La investigación de Piera reveló que, desde 2020, el entonces director de Senasa, Santiago Hazim, firmó contratos con prestadores privados que reciben millonarios pagos, sin certeza de que los servicios contratados lleguen efectivamente a los afiliados.

Durante su gestión (2020-2025), Hazim aumentó su salario de RD$286,000 a RD$424,500. Además, la nómina pasó de RD$70.3 millones con 1,408 empleados a más de RD$98 millones con 1,971 trabajadores, incluyendo 19 plazas en oficinas en Nueva York, Nueva Jersey, Puerto Rico, La Florida, Boston y Pensilvania, con salarios entre RD$163,400 y RD$341,340. Según Piera, antes estos servicios eran ofrecidos por los consulados, lo que representaba un ahorro mensual de RD$5 millones.

También se incrementaron las bonificaciones libres de retenciones, que pasaron de RD$35 millones a más de RD$58 millones.

Uno de los contratos más cuestionados es el firmado con Khersun SRL, que recibió 500,000 afiliados del régimen subsidiado y una cápita fija de RD$130 por usuario. Esto equivale a RD$65 millones mensuales, independientemente de que los afiliados utilicen los servicios.

La investigación señala que apenas un 30% recibiría la atención médica.