SANTO DOMINGO. -Más de 20 instituciones académicas, de asociaciones, sociedad civil, organizaciones no gubernamentales, en su mayoría miembros del Pacto Nacional por la Educación o veedores de este, manifestaron este martes su rechazo tajante a la propuesta del Poder Ejecutivo de transferir fondos del 4% de Educación a otros organismos.

Mediante un comunicado titulado Por una educación de calidad y respeto a la Ley, no se debe transferir el 4% de educación, consideran que la propuesta enviada al Congreso Nacional viola la Ley 66-97 y atenta contra el impulso que debe dar el país para superar los rezagos en la calidad de los aprendizajes en los centros educativos.

Consideran que la sociedad dominicana ha sido sorprendida por el gobierno central, con su iniciativa de restablecer lo que fue práctica ya superada, el incumplimiento de la Ley 66-97, al proponer la reducción del presupuesto al Ministerio de Educación en más de RD$4,000 millones.

Esta propuesta enviada por el Ejecutivo al Congreso Nacional atenta contra el impulso que debe dar el país para superar los rezagos en la calidad de los aprendizajes en los centros educativos.

“Como asociaciones y personas miembros del Pacto Nacional para la Reforma Educativa, solicitamos en estos momentos que el Poder Ejecutivo, a través de su ministerio de Hacienda, desista de incumplir la Constitución y las leyes con su propuesta de reducir el presupuesto de educación transfiriendo RD$4,250 millones a subsidios”, subrayan.

Por las entidades sustentantes de esta solicitud, figuran: Pontificia Universidad Católica Madre y Maestra (PUCMM) Universidad Iberoamericana (UNIBE) Alianza ONG Centro Cultural Poveda Centro de Investigación para la Acción Femenina (CIPAF) Centro de Investigación y Promoción Social (CIPROS) Centro Juan XXIII, Centro Montalvo Ciudad Alternativa, EDUCA.

De igual modo, Facultad Latinoamericana de Ciencias Sociales (FLACSO) Fe y Alegría, Foro Ciudadano Instituto Tecnológico de Santo Domingo (INTEC) Universidad Nacional Pedro Henríquez Ureña (UNPHU) Foro Socioeducativo INICIA Educación Instituto Superior de Estudios Educativos Pedro Poveda (ISEEPP).

También, Instituto Superior Pedro Fco. Bonó, Instituto 512, Misión Educativa Lasallista, Muchachos y Muchachas con Don Bosco, Plan Internacional, Repensar la Educación (RED), Sector Escuela Salesiana (SES), Unión Nacional de Escuelas y Colegios Católicos (UNECC), así como World Vision.

Estiman que la decisión no solo incumple la Constitución en su artículo 63, numeral 10, sino que atenta contra tres instrumentos legales clave de la administración del Estado: la Ley Orgánica de Educación 66-97, la Ley Orgánica 1-12 de Estrategia Nacional de Desarrollo y el Pacto por la Educación ordenado por esta Ley orgánica.

Igualmente, incumple la palabra dada por el partido en el gobierno al firmar el Compromiso Político y Social por la Educación del 7 de septiembre de 2011 y su concepción de las políticas públicas.

Afirma el comunicado, que en estos momentos la prioridad del país, y por ende del gobierno, en materia educativa debe ser el respaldo a la agenda planteada por el ministro de educación Ángel Hernández.

Dicha agenda incluye puntos como: atención especial a la calidad de los aprendizajes de niños, niñas y jóvenes; prioridad a los aprendizajes de la lectura y la escritura en los primeros cuatro años de escolaridad; desarrollo de un plan de acompañamiento y evaluación de desempeño docente; la mejora e intensificación de la formación docente; el impulso al uso de la tecnología en los procesos educativos; y la mejora en la gestión y calidad del gasto.

Desarrollar estas iniciativas, indica, además de dar continuidad a las políticas heredadas, requiere de recursos humanos cualificados y, sobre todo, recursos económicos que deben estar disponibles para el MINERD.

Precisa que la designación del nuevo ministro y el equipo que éste está integrando ha hecho renovar las esperanzas de una reforma educativa real, pero que la reducción del presupuesto es una medida que vuelve a la desesperanza.

Recuerda que el 4% destinado a la educación es una conquista social del pueblo dominicano y, como tal, debe respetarse.

Señala que las decisiones inapropiadas en materia de ejecución presupuestaria del pasado no han ayudado a mejorar los resultados; esto, sin embargo, no debe tomarse como pretexto para penalizar el Sistema Educativo reduciendo el presupuesto.

Sostiene que la alternativa es, por parte del Gobierno, mejorar los procesos y las instancias en las que se toman dichas decisiones y, por parte de la sociedad civil, jugar el papel que le corresponde de veeduría social, en el marco del Pacto por la Educación que está en proceso 2 de reactivación.

Precisamente por esto, precisa, su monto está protegido tanto en la Ley 66-97, como constitucionalmente, según el Art. 63 numeral 10: “La inversión del Estado en la educación, la ciencia y la tecnología deberá ser creciente y sostenida, en correspondencia con los niveles de desempeño macroeconómico del país (…) En ningún caso se podrá hacer transferencias de fondos consignados a financiar el desarrollo de estas áreas” expone el comunicado.

Por estas razones, los firmantes solicitan al Poder Ejecutivo desestimar la propuesta que pretende eliminar recursos del Presupuesto de Educación.

Exige al nuevo ministro de educación que defienda su gestión con gallardía contando con ellos y recuerda a los  legisladores su sagrada función de veeduría y el derecho que les asiste de disentir del Poder Ejecutivo gracias a la separación de poderes.

Consideran que este es el momento de cambiar y recuperar el foco y los aprendizajes y decidir, de una vez por todas, por la institucionalidad que necesita el país para una educación de calidad.