SANTO DOMINGO, República Dominicana.- Durante el año 2025, Los activistas, promotores y representantes comunitarias que conforman la Mesa Nacional para las Migraciones y Refugiados en República Dominicana (MENAMIRD constataron prácticas de violación de derechos humanos de las personas migrantes, especialmente la población haitiana, aunque recibió también impactos importantes de venezolanos.
Para diciembre de 2025, según reportes que sintetizan cifras oficiales y medios de prensa, alrededor de 386,000 nacionales haitianos fueron deportados o repatriados desde RD a lo largo del año, entre deportaciones forzadas y otras formas de retorno.
La entidad también recibió impactos importantes en migrantes venezolanos, pero de igual modo, en repatriados dominicanos desde el exterior.
Señala que desde principios de 2025, las autoridades dominicanas intensificaron las operaciones de control migratorio y deportación, estableciendo un ritmo sostenido de expulsiones.
Cita que en mayo se registraron 34,190 deportaciones, la cifra mensual más alta registrada hasta ese momento, pero durante los primeros ocho meses de 2025, la Dirección General de Migración (DGM) reportó más de 250,741 deportaciones de nacionales haitianos, acumuladas hasta agosto.
Estas cifras, precisa la MENAMIRD, representan un aumento considerable desde las cifras parciales reportadas meses atrás y constituyen uno de los volúmenes más altos de deportaciones en un solo ciclo anual reciente.
Deplora la organización que estas deportaciones fueron implementadas frecuentemente sin evaluación individual ni garantías de debido proceso, en contradicción con estándares internacionales que exigen procedimientos justos y respetuosos de los derechos humanos.
Violaciones documentadas
Indica que la MENAMIRD ha documentado prácticas que constituyen violaciones graves de derechos humanos durante las detenciones y deportaciones, como expulsiones colectivas sin evaluación individual ni debido proceso judicial.
Uso excesivo de la fuerza y tratos crueles, inhumanos y degradantes, especialmente en operativos en comunidades vulnerables y en horas nocturnas.
Asimismo, la implementación de protocolos migratorios en 33 hospitales públicos, que condicionan la atención a la verificación de estatus migratorio, generando miedo a acudir por atención médica.
Esto, afirma, ha tenido impacto especialmente en mujeres embarazadas y familias con menores, llevando a muchas a evitar servicios hospitales por temor a ser detenidas o deportadas.
Considera que estas prácticas no solo vulneran la dignidad humana, sino que generan un clima de exclusión y discriminación estructural que afecta especialmente a personas en situación de vulnerabilidad.
Centro de Retención
Indica como uno de los hechos más dolorosos del año el registro de muertes dentro del Centro de Retención Migratorio de Haina, evidenciando condiciones deficientes.
Saca a colación a Ellen Francés Hulett, mujer trans/intersex estadounidense de 24 años, quien falleció tras más de dos meses detenida en el centro.
También, a Gedilia Lonzandieu, ciudadana haitiana de 36 años, murió durante un traslado interno al sufrir un paro cardiorrespiratorio, pero en noviembre de 2025 un neonato falleció en el centro, pocas horas después de ser llevado junto a su madre haitiana que había dado a luz.
Estima que estos casos al menos tres muertes confirmadas en 2025 en Haina son evidencia de negligencia y falta de protección de la vida y la salud de las personas migrantes bajo custodia.
Impacto en personas vulnerables
Las medidas migratorias han afectado de forma profunda a grupos vulnerables: mujeres embarazadas, madres lactantes, niñas, niños, adolescentes y personas mayores, quienes han enfrentado discriminación y barreras para acceder a servicios básicos de salud y atención, incluso teniendo que optar por dar a luz en sus hogares por miedo a acudir a centros públicos.
Cree que estas prácticas constituyen violaciones al artículo 134 del Reglamento de la Ley General de Migración, que establece salvaguardas para grupos vulnerables, incluyendo la prohibición de detención en condiciones que pongan en riesgo su vida o salud.
Situación de venezolanos
Expone que aunque la atención pública se ha centrado en la crisis haitiana, la población venezolana en RD también enfrenta vulneraciones importantes.
Menciona casos como el de una mujer venezolana que fue retirada de la Maternidad Nuestra Señora de la Altagracia y trasladada al centro de retención de Haina por falta de documentación migratoria apenas horas después de haber dado a luz.
Este hecho pone de manifiesto la ausencia de protocolos sensibles al género y la condición de salud, y refleja la falta de mecanismos de protección humana que respeten la vida de quienes se encuentran en situaciones de especial vulnerabilidad.
Deportaciones de dominicanos
El 2025 registró un aumento de la repatriación de dominicanos desde los Estados Unidos, atribuible a medidas migratorias más estrictas en ese país bajo la administración de Donald Trump
Según la DGM, 3,581 dominicanos han sido deportados desde Estados Unidos en 2025, de los que aproximadamente el 68% fueron retornados por motivos de estatus migratorio irregular, mientras el resto se relaciona con causas diversas incluyendo delitos asociados a drogas, violencia y otros.
Estos repatriados llegan a RD, muchas veces a través del Centro de Procesamiento de Haina, enfrentando procesos de identidad, reunificación familiar y enfrentan situaciones de estigmatización laboral tanto en las comunidades y sus familias, carentes de apoyo estatal adecuado.
Crisis de regularización
En paralelo con las deportaciones, miles de migrantes especialmente haitianos y venezolanos pasaron gran parte de 2025 esperando la renovación de sus permisos laborales o carnets de trabajador temporero, sin acceso a procesos claros, ágiles ni transparentes.
Sostiene que esta incertidumbre ha limitado las oportunidades de empleo formal y empujado a muchas personas hacia la informalidad y la precariedad económica.
Conclusiones y exigencias
La situación de los derechos de las personas migrantes en RD durante 2025 fue crítica y profundamente preocupante, con cifras récord de deportaciones, con alrededor de 386,000 nacionales haitianos repatriados o deportados en 2025.
Exclusión institucionalizada, protocolos discriminatorios en servicios de salud, muertes en centros de detención migratoria y retorno masivo de dominicanos desde el exterior.
Subraya que estas prácticas configuran un patrón de violaciones sistemáticas de derechos humanos, por lo que exige con urgencia humanizar las expulsiones colectivas y garantizar evaluación individual con debido proceso.
De igual modo, garantizar acceso universal a servicios de salud y atención básica sin discriminación por estatus migratorio.
Dejar sin efecto las deportaciones a mujeres embarazadas, niñas, niños, adolescentes conforme a lo que establece la ley.
Investigar de forma independiente e imparcial todas las muertes y violaciones de derechos humanos en centros de detención y sancionar responsables.
Implementar un programa de inserción laboral y protección social a los dominicanos y dominicanas deportados desde los Estados Unidos y otros países.
Agilizar y garantizar procesos de documentación migratoria y laboral, incluidos permisos temporeros, con transparencia y respeto a la dignidad humana de conformidad a lo que establece la Ley General de Migración.
Asimismo, la defensa de la dignidad humana y el respeto irrestricto de los derechos humanos y fundamentales deben ser principios rectores de cualquier política migratoria.
Advierte que sólo así será posible avanzar hacia un enfoque justo y humano para todas las personas, independientemente de su origen o condición migratoria.