SANTO DOMINGO, República Dominicana. -En plena sesión los diputados por la provincia de La Romana Carlos De Pérez, Jacqueline Fernández Brito, Eugenio Cedeño Areche y Wandy Modesto Bautista Gómez solicitaron formalmente al presidente de la Cámara de Diputados, Alfredo Pacheco, que se apoderen las Comisiones de Justicia, Ministerio Público y Derechos Humanos para que investigue de manera urgente el funcionamiento del sistema judicial en esta demarcación.
El diputado De Pérez, alertó a Pacheco sobre lo que considera “persecución contra su persona” tras la denuncia, al extremo que fue fotografiado por un agente de la Policía Nacional en momento que impartía un curso sobre medidas cautelares.
Indicó que si en algún momento su integridad física se viera comprometida, las investigaciones tendrían que empezar por la magistrata Reina Yaniris Rodríguez como fiscal titular de La Romana, la considera de facto, ya que lleva 10 años en el cargo sin haber sido confirmada.
A través de una comunicación oficial remitida vía la Secretaría General Legislativa y leída en el pleno por De Pérez, los legisladores señalan múltiples denuncias que han recibido sobre supuestas violaciones sistemáticas de los derechos humanos, incluyendo encarcelamientos sin base legal, denegación de justicia a personas de escasos recursos y falta de respuesta institucional efectiva.
En el documento subrayan el deficiente funcionamiento de la Oficina de Atención Permanente del Juzgado de la Instrucción, la cual solo opera en horario regular de lunes a viernes, de 8:00 a.m. a 4:30 p.m., dejando sin asistencia judicial a los ciudadanos durante fines de semana y días feriados, lo que constituye una grave violación a su razón de ser.
Asimismo, denunciaron que la oficina de atención al usuario presenta deficiencias en personal y espacio físico, provocando que los usuarios deban esperar hasta ocho horas por servicios básicos.
Además, cuestionan la permanencia en el cargo de la magistrada Reina Yaniris Rodríguez como fiscal titular de La Romana, lo cual, viola el artículo 98 del Reglamento de Carrera del Ministerio Público y los artículos 36 y 41 de la Ley Orgánica del Ministerio Público, Ley 133-11.
Señalan que existe una resolución del Consejo Superior del Ministerio Público, emitida en febrero de 2020, que dispuso su traslado y ascenso a la jurisdicción de San Pedro de Macorís, decisión que, hasta la fecha, no ha sido ejecutada.
Los legisladores exigen que se determinen las responsabilidades institucionales y se tomen medidas concretas para garantizar un sistema de justicia justo, accesible y transparente para todos los ciudadanos de La Romana, especialmente aquellos que no cuentan con recursos económicos ni influencia.
Los representantes congresuales de la provincia reafirman su compromiso con la legalidad, la equidad y los derechos fundamentales de su gente, y esperan que la Cámara de Diputados dé curso inmediato a esta investigación.
Pacheco responde
Ante la gravedad de las denuncias, el presidente de la CD, Alfredo Pacheco, se comprometió gestionar un diálogo con las altas instancias del Ministerio Público con miras a buscar una conciliación, si es pertinente, tras la gravedad del caso.