SANTO DOMINGO, República Dominicana.- A propósito del Día Internacional de los Derechos Humanos, el director ejecutivo de Ciudad Alternativa, Ricardo Gonzalez Camacho, considera que la República Dominicana vive una paradoja difícil de ignorar con hambre, malnutrición, viviendas inadecuadas, empleos informales, falta de agua potable, servicios de salud inaccesibles y un sistema de protección social que llega tarde o no llega.
Señala que en un territorio capaz de generar riqueza suficiente para asegurar bienestar a toda su población, persisten desigualdades tan profundas que millones de personas continúan atrapadas en precariedades que vulneran su dignidad.
Precisa que el contraste es evidente: mientras un porcentaje mínimo del país exhibe niveles de consumo comparables con los estándares más altos del mundo, amplios sectores apenas sobreviven.
Este escenario, dice, refleja un problema que va más allá de lo económico; es un fallo estructural en la forma en que se organizan las instituciones, se diseñan las políticas públicas y se distribuyen las oportunidades.
Si la Constitución reconoce que la dignidad es la base del ordenamiento jurídico, pregunta ¿por qué aún no logramos traducir ese mandato en una vida digna para todos y todas?
Avances formales, brechas reales
Considera justo reconocer que el país ha avanzado en marcos normativos, instituciones, protocolos y reformas orientadas a fortalecer los derechos sociales y económicos.
La sociedad civil ha impulsado durante tres décadas una agenda persistente que ha logrado conquistas importantes logros en la formalidad del derecho.
Sin embago, plantea que estos avances, aunque valiosos, siguen siendo insuficientes, ya que la distancia entre la ley escrita y el ejercicio efectivo de los derechos continúa marcada por una visión de clase que condiciona el acceso a los bienes y servicios esenciales.
Indica que la calidad de la educación, la salud, la seguridad social o la vivienda depende todavía, en gran medida, de la capacidad de pago o de la influencia política.
Expresa que tras diez años de mayor inversión educativa, la calidad sigue rezagada, la seguridad social, concebida para garantizar salud y retiro digno, se ha transformado en una maquinaria que beneficia más a las élites financieras y al sector privado que a los trabajadores que la sostienen.
El sistema protege la estabilidad macroeconómica, sí, pero no necesariamente la vida de la gente.
Violaciones que persisten y poblaciones que quedan atrás
Deplora que cada vez se documentan con mayor frecuencia vulneraciones a derechos fundamentales: despidos injustificados, negación de servicios sanitarios, discriminación contra personas que viven con VIH, trato desigual hacia personas migrantes y dificultades para acceder al debido proceso en casos de deportación.
La situación de la población haitiana, o dominicana de ascendencia haitiana, sigue marcada por prácticas discriminatorias y por la existencia de redes de extorsión y abuso que operan frente a una institucionalidad débil o indiferente.
En los barrios, las dinámicas del microtráfico evidencian otro rostro del problema: la convivencia entre estructuras delictivas y sectores del Estado que toleran o ignoran su expansión.
Estas realidades afectan de manera directa la seguridad y el tejido social de las comunidades más empobrecidas.
La salud mental
Mientras tanto, expresa, la salud mental se deteriora sin que exista una respuesta estatal acorde a la magnitud del problema.
Las cifras de la Organización Mundial de la Salud (OMS) indican que cerca del 5% de la población padece trastornos depresivos o de ansiedad, y la tasa de suicidios aumenta especialmente entre jóvenes y adultos mayores.
Pese a ello, la inversión pública en servicios de salud mental es casi inexistente, y más del 60% de quienes requieren atención no la reciben.
La consecuencia es un sufrimiento silencioso que atraviesa hogares, escuelas y espacios laborales sin que se convierta en prioridad nacional.
Políticas públicas insuficientes
Subraya que el déficit de políticas públicas impacta a múltiples sectores: adultos mayores sin programas efectivos, mujeres víctimas de violencia sin la protección integral que necesitan, adolescentes en riesgo sin orientación adecuada, personas dentro del espectro autista con apoyos insuficientes y una accesibilidad urbana que sigue siendo excluyente.
La población con discapacidad continúa enfrentando barreras persistentes; la inclusión educativa sigue siendo más discurso que realidad,
Precisa que una rampa no hace una escuela inclusiva; se necesita inversión, formación docente y adaptación curricular, pero lo mismo ocurre en salud, transporte y espacios públicos.
Afirma que la comunidad LGBTIQ+ también continúa enfrentando discriminación laboral, educativa y social.
Y aunque los feminicidios han mostrado una leve disminución, los números siguen siendo alarmantes, ya kque a noviembre, ya se registraban 49 mujeres asesinadas y cientos de agresiones que evidencian fallos en prevención, atención y justicia.
Advierte que en el ámbito territorial, los desalojos compulsivos en comunidades consolidadas se han convertido en una de las expresiones más graves de la vulneración del derecho a la vivienda.
Las familias expulsadas rara vez reciben soluciones dignas o procesos acordes al debido proceso establecido en la ley.
Lo que necesitamos cambiar
Estima que los desafíos son enormes, pero no imposibles de enfrentar si existe voluntad política y compromiso social. Garantizar los derechos humanos en la República Dominicana exige acciones claras:
1. Lucha efectiva contra la corrupción y fortalecimiento institucional
Sin instituciones fuertes, ningún derecho se sostiene. La corrupción debilita servicios, desvía recursos y erosiona la confianza pública.
2. Veeduría social y rendición de cuentas
La supervisión ciudadana debe ser un componente estructural del Estado, no una excepción.
3. Un Pacto Fiscal verdaderamente progresivo
Se requiere aumentar la recaudación al menos al 6% del PIB mediante reducción de la evasión y revisión de privilegios fiscales. Sin justicia tributaria, no habrá justicia social.
4. Revisión del Pacto Eléctrico
Las distorsiones que favorecen a sectores privilegiados en detrimento del Estado deben corregirse para garantizar acceso justo y sostenible a la energía.
5. Políticas públicas universales con enfoque de derechos y territorialidad
Educación, salud, vivienda, accesibilidad y protección social deben diseñarse para quienes más lo necesitan, no para quienes más pueden pagar.
Un compromiso ineludible
El país tiene capacidad. Tiene talento, instituciones, organizaciones sociales y experiencias comunitarias que demuestran que es posible construir bienestar colectivo.
Lo que falta es un acuerdo nacional que coloque en el centro la dignidad humana y que transforme la desigualdad en oportunidad. Los derechos humanos no pueden seguir siendo una aspiración; deben convertirse en garantía. Esa es la deuda pendiente. Y es una deuda que, como sociedad, todavía estamos a tiempo de saldar.