SANTO DOMINGO, República Dominicana.- El Partido de la Liberación Dominicana (PLD) denuncia violaciones a derechos humanos y al Estado de Derecho en República dominicana, al tiempo que llama la atención del país sobre un patrón creciente de muertes a manos de agentes de la Policía Nacional, reportadas como “intercambios de disparos”, que no son otras cosas que ejecuciones extrajudiciales.
En rueda de prensa en la Casa Nacional, encabezada por Temístocles Montá, el ex senador Iván Lorenzo, Zoraima Cuello y Domingo Jiménez, miembros, el PLD defiende el derecho a la seguridad ciudadana, pero rechaza toda práctica que vulnere el derecho a la vida y el debido proceso, como el reporte periodístico qu registra al menos 50 muertes en presuntos “intercambios de disparos” entre enero y abril de 2025.
Señala que para el 2 de junio de 2025, el conteo ascendía a 65; y al 4 de julio ya eran 82 casos en el semestre, según el mismo seguimiento, pero el 22 de julio, cámaras de seguridad captaron en Baní a agentes del DICRIM disparando a un hombre en una galería; hecho denunciado por familiares como ejecución.
El partido morado señala que al mismo tiempo, el Gobierno reporta una tasa de homicidios en un dígito (7.9 en mayo; 8.22 en julio), mientras las muertes por intervención policial aumentan en un 195% en los últimos cuatro años.
Los fallecidos en los llamados intercambios de disparos y por otras acciones de las fuerzas del orden subieron hasta llegar a los 227 casos en el 2024, según datos oficiales.
Advierte que la Ley Orgánica de la Policía Nacional 590-16 establece los principios de actuación de los agentes: legalidad, necesidad y proporcionalidad.
Además, el Reglamento de uso de la fuerza del Ministerio de Interior y Policía (MIP) dispone que la fuerza letal debe minimizar daños y ser congruente y proporcional.
Recuerda que el Informe 2024 del Departamento de Estado de Estados Unidos señaló la existencia de reportes creíbles de homicidios arbitrarios o ilegales por agentes estatales en la República Dominicana.
Asimismo, la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) celebró audiencias en 2024 sobre el derecho a la vida en el contexto de acciones policiales.
Exige investigaciones penales
Exige que de inmediato se desarrollen investigaciones penales independientes en cada muerte por intervención policial, aplicando el Protocolo de Minnesota —estándar de la ONU para investigar muertes potencialmente ilícitas (ejecuciones extrajudiciales, muertes bajo custodia u operativos policiales)—, garantizando verdad, justicia, reparación y la cadena de custodia.
De igual modo, la suspensión inmediata de los agentes involucrados mientras duren las pesquisas y la preservación íntegra de las evidencias, incluyendo grabaciones.
Demanda el uso obligatorio de cámaras corporales con métricas públicas de su utilización y sanciones automáticas por apagar o manipular estos dispositivos durante los operativos.
Asimismo, requiere la creación de un tablero mensual de uso de la fuerza con disparos efectuados, heridos y fallecidos (civiles y agentes), denuncias y estado procesal por provincia y unidad.
Solicita además, una auditoría externa semestral del uso de la fuerza a cargo del Defensor del Pueblo, con la participación de universidades y organizaciones no gubernamentales (ONG), así como el fortalecimiento de Asuntos Internos de la Policía con independencia operacional.
Propuestas inmediatas
El PLD propone la creación de una Comisión Especial de Seguimiento a Muertes por Intervención Policial, con facultad de requerir información y celebrar audiencias públicas.
Regla de 72 horas: Publicación, del parte técnico mínimo de cada caso (hora, lugar, unidad actuante, motivo de la intervención, evidencia levantada, armas incautadas y videos disponibles).
Cobertura nacional de cámaras corporales y protocolo de activación obligatoria, con integración a la cadena de custodia digital.
Plan de capacitación y recertificación en uso diferenciado de la fuerza, desescalada y armas no letales para las unidades de mayor letalidad.
Asistencia técnica internacional (CIDH/ONU) para revisar el marco operativo y elevar los estándares de rendición de cuentas.
El PLD considera que la seguridad y el respeto a los derechos humanos no sonexcluyentes, por lo que exige verdad, justicia y garantías de no repetición de los hechos que denuncia.
Estima que ninguna política pública debe medir su éxito por la cantidad de “abatidos”, sino por la reducción sostenible del delito dentro del marco constitucional.