SANTO DOMINGO, RD.- La vuelta a la práctica sobre desalojos forzados que se practican en República Dominicana, principalmente en el Gran Santo Domingo, Santiago, Azua y el Seibo, ha sido llevada a la Comisión de Derechos Humanos de Naciones Unidas en un informe elaborado por entidades de la sociedad civil y religiosas.
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Miles de familias desalojadas en el Gran Santo Domingo, Santiago, Azua y los campesinos del Seibo, se mantienen en las calles a pesar de promesas y levantamientos de instituciones del Estado con miras a buscar soluciones.
Sin embargo, hasta el momento no ha habido respuestas que salen a estas familias de las precariedades en que se desenvuelven y que se deambulan por todas partes, arrimados en casas de familiares y amigos, en marquesinas prestadas y donde la coja la noche.
En otros casos, desalojados han tenido que ocupar estructuras del Estado como escuela en construcción, como ha sido el caso de cerca de 200 familias que ocupan un plantel en La Mina de Los Alcarrizos, en Santo Domingo.
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Ricardo González, director ejecutivo de Ciudad Alternativa, expresa que esa situación genera una situación de violación de los derechos humanos, por lo que enviaron a la Comisión de los Derechos Humanos de las Naciones Unidas un informe para que sea conocido el próximo año, en el Examen Universal Periódico que realiza sobre el estado de los derechos humanos en el mundo.
En este trabajo publicado este lunes en el periódico Hoy, González señala que las denuncias hecha por Ciudad Alternativa, la Red Urbano y Popular, así como por la Comisión de Vivienda y Hábitat del Foro Ciudadano, sobre los desalojos forzosos se mantienen sin solución.
Firman informe
El informe fue presentado a la Comisión de Derechos Humanos de la ONU porDominicans for Justice and Peace(Order of Preachers), Asociación Scalabriniana al Servicio de la Movilidad Humana (ASCALA), Congregación de las Hermanas Misioneras de San Carlos Scalabrinianas (MSCS), Hermanas de San Juan Evangelista.
También, el Centro Montalvo (SJ), Radio Seybo, Ciudad Alternativa, Misioneras Dominicas del Rosario Frailes Dominicos en la República Dominicana.
De igual modo, Misioneros Dominicos Selvas Amazónicas Jesuitas Caribe, Comisión Nacional de Pastoral de Migrantes de la Conferencia del Episcopado Dominicano (CNPM) y Congregación de los Padres Carlistas Scalabrinianos.
El director de Ciudad Alternativa estima en 3,100 las familias en desalojas y miles amenazadas, en la que en la mayoría de los casos están envueltos miembros de las Fuerzas Armadas y de la Policía Nacional, que actúan de espalda a las Leyes, una práctica que se desarrolló durante los gobiernos del extinto presidente Joaquín Balaguer y que se creía erradicada en las gestiones posteriores.
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Casos puntuales
En 2021, sábado 6 de marzo, 5:00 am, fueron desalojadas forzosamente 389 familias del sector Freddy Beras Goico, en el municipio de Los Alcarrizos de las cuales 114 viven de forma precaria en la escuela semi construida “Los Coquitos”.
Viven en condiciones de hacinamiento, sin acceso a agua potable, servicios sanitarios adecuados ni un sistema eléctrico estable, lo que conlleva problemas de salud e inseguridad. Estas familias ya cumplieron 2 años sin recibir respuesta a su situación por parte del gobierno.
En La Mina, San Isidro, el 24 de abril de 2021, alrededor de 600 familias fueron desalojadas por autoridades policiales y militares de terrenos cedidos por el Estado a las Fuerzas Aéreas.
El 1 de junio de 2022, 30 familias fueron violenta y arbitrariamente desalojadas en La Rusa, San Luis, Santo Domingo Este. Los afectados consideran que fue ilegal, ya que la propiedad fue vendida después del decreto 268-16, que prohíbe la venta de terrenos estatales a particulares.
A un año de haber sido desalojados del sector Arroyo Lindo, próximo a Los Girasoles, Distrito Nacional, 250 familias están en desbandadas, amaneciendo en marquesinas que prestan personas solidarias, en casas de parientes y amigos y donde le llegue la noche.
Pero lo más doloroso, 600 niños y adolescentes fuera de las aulas, debido a que no tienen domicilios fijos, lo que preocupa a padres porque no saben que le depara el futuro, pues la educación es la única herramienta para salir de la marginalidad y prevenir delincuencia.
Entre torturas, apresamientos, agresiones físicas, sexuales y de otras índoles, derribos de viviendas, miembros de la Fuerzas Aérea Dominicana han desalojados a 14 familias del barrio Nueva Jerusalén, ubicado detrás de la Base de este cuerpo militar y más de tres mil familias son amenazadas.
Los moradores del lugar llaman la atención del presidente Luis Abinader para que detenga las acciones, ya que al parecer quienes dirigen la FAD la quieren convertir en una “inmobiliaria” que apetecen los terrenos con fines inconfesables.
No se trata de un caso aislado, pues hay otros como los desalojos forzosos en la provincia de Santiago (25 de febrero de 2022, donde alrededor 130 familias) o el de Nuevo Domingo Savio (1,700 familias expulsadas por parte de la Unidad Ejecutora para la Readecuación de Barrios y Entornos (URBE).
Indica que en el último caso, las familias se han visto obligadas a aceptar una indemnización económica insuficiente que ha impedido la garantía de una alternativa habitacional digna.
“Observamos un patrón de prácticas de desalojo que constituyen una clara violación del derecho a una vivienda digna, de acuerdo con los tratados internacionales y a la legislación nacional en esta materia: se realizan de madrugada sin notificación previa, de manera violenta y sin ofrecer asistencia jurídica ni alojamiento alternativo.
Al déficit habitacional provocado por los desalojos, suman las más de 2,000 familias distribuidas en distintos albergues de la RD, damnificadas de la tormenta Noel y Olga (2007), y de los huracanes George (1998) y David (1979), que sólo recibieron ayuda asistencialista del Gobierno.
Se trata de una población residiendo por casi cuatro décadas en condición de damnificadas sin que el Estado dominicano despliegue una política que les asegure una solución habitacional alternativa.
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Iniciativa del senador
Resalta que desde el poder legislativo, el senador de la provincia Santo Domingo, Antonio Taveras Guzmán, presentó una resolución que solicita al presidente de la República la declaratoria de utilidad pública y justo pago de terrenos, a fin de regularizar comunidades establecidas en la provincia.
Señala que luego de visitas a cada una de las comunidades afectadas se elaboró un informe y se acordó una propuesta de decreto para que se detengan los desalojos en la provincia SD, tomando en cuenta el tiempo de las familias asentadas en cada lugar.
“Que las familias tengan más de cinco años en el lugar, si existía servicios sociales como aceras, contenes, agua potable, tendido eléctrico, escuela, es decir, que el Estado ya ha hecho una inversión pública, el número de familias sea significativo y el barrio se haya consolidado”, apunta González.
También, que si los asentamientos están en terrenos del Estado, el gobierno inicie el procedimiento para entrega de los títulos , pero que las propiedades son privadas, que el Estado permute o compre para asignar los títulos a quienes los ocupan.
“Ese proyecto de decreto nos pareció tan interesante que trabajamos en otra propuesta para todo el territorio nacional, que se remitirá al presidente de la República en los próximos días, para que lo que se hizo con el gran SD se replique en todo el país con los mismos criterios”, revela.
Si bien este hecho representa un avance, muchas comunidades desalojadas o en amenaza de desalojo no están incluidas en esta resolución y, por lo tanto, las familias viven en la incertidumbre de no vislumbrar una solución que les devuelva su derecho a la vivienda y el hábitat.
FOTOS
La primera fotografía corresponde a desalojados del barrio Freddy Beras Goico, en Los Alcarrizos, provincia Santo Domingo, alojados en una escuela en construcción en La Mina.
La segunda es del barrio Nuevo Jerusalén, San Isidro, Santo Domingo Este, donde ha sido derribadas 14 viviendas y cientos amenazadas de desalojos.
En la tercera, desalojados de Arroyo Lindo, próximo a Los Girasoles, en el Distrito Nacional; estos se encuentran arrimados en casas de familiares y amigos, otros en garajes prestados y 600 niños fuera de la escuela.
La cuarta fotografía también desalojados del barrio Freddy Beras Goico cocinan con leña y algunos brillan calderos para sobrevivir.