SANTO DOMINGO, República Dominicana.- La Cámara de Diputados declaró de urgencia y convirtió en ley en dos lecturas consecutivas el proyecto de reconocimiento y autorización de pago de deudas por obras ejecutadas desde el año 1996,
El proyecto fue convertido en Ley con la abstención de la oposición política en la CD, tras advertir que en el paquete de cientos de contratos hay “gatos entre macutos”.
Los voceros de los partidos Fuerza del Pueblo (FP) Rafael Castillo, y de la Liberación Dominicana (PLD) Gustavo Sánchez, expresaron que el proyecto había llegado a la CD horas antes del inicio de la sesión de ayer, por tanto, los legisladores no tuvieron tiempo para leerlo.
Sin embargo, alertaron a los diputados que en el grupo de contratos había empresas y contratistas recientes, por lo que sugirieron que el proyecto fuera enviado a comisión donde sería estudiado minuciosamente y evitar que se colaran mansos por cimarrones.
A pesar de la insistencia de la oposición, se impuso la mayoría del Partido Revolucionario Moderno (PRM) y sancionó la Ley que ahora pasa al Poder Ejecutivo para su promulgación u observación, debido a que había sido aprobado por el Senado el pasado viernes.
La Ley reconoce la realidad de contratistas, recordando que muchas de las obras ejecutadas en casi todo el territorio nacional, desde 1996 sin el reconocimiento económico por parte del Estado.
Al motivar la aprobación de dicha legislación, el vocero de la bancada del PRM, Amado Díaz, consideró que la Ley honra la memoria de cientos de contratistas, muchos de ellos ya fallecidos
Las remuneraciones de los contratistas fallecidos serían recibidas por sus familiares, según establece la Ley aprobado por el Congreso de la República.
Algunos legisladores de la oposición que tomaron turnos, como Antonio Brito, de San Cristóbal, así como Carlos De Pérez, de La Romana cuestionaron el inventario de algunas obras citada en sus respectivas demarcaciones, las que habría que investigar.
La iniciativa tiene por objeto autorizar a las entidades de la administración pública, de manera excepcional y restrictiva, a eximir el cumplimiento de los procesos de selección establecidos en la Ley No. 340-06 sobre Compras y Contrataciones Públicas.
Esto permitirá reconocer trabajos realizados sin suscripción de contratos o adendas, y constituir los balances adeudados como deuda pública interna contraída por el Estado dominicano.
El reconocimiento involucra obras del Ministerio de Obras Públicas (MOPC), Educación (MINERD), el Instituto de Auxilios y Viviendas (INAVI) y el Instituto Nacional de Recursos Hidráulicos (INDRHI). Asimismo, se incluyen el INAPA, la CPADP, la JCE, la CAASD y el Ayuntamiento del Distrito Nacional (ADN).
En el caso de la OISOE y el INVI, las obligaciones serán asumidas por su continuador jurídico, el Ministerio de Vivienda, Hábitat y Edificaciones (MIVHED). Los pagos se realizarán tras las validaciones dispuestas en la ley.