SANTO DOMINGO, RD.- A pesar de los efectos del cambio climático y las amenazas de un mayor calentamiento global, los indicadores en República Dominicana son de una cada vez mayor degradación ambiental con la disminución considerable del agua en todo el territorio, ataque a las áreas protegidas, y la extracción indiscriminada de agregados de los ríos de manera inmisericorde.
Con motivo del Día del Medio Ambiente, ayer, Luis Carvajal, coordinador de la Comisión Ambiental de la Universidad Autónoma de Santo Domingo (UASD) y de la Academia de Ciencias de la República Dominicana, afirma que ha habido una disminución considerable del bosque primario y de degradación del sistema costero.
Tras analizar la situación medioambiental en los últimos 30 años, estima que la aprobación de la Ley 64-00 marca un avance significativo, porque a partir de entonces se inauguró la toma de decisiones legales con la posterior aprobación de la Ley de Áreas Protegidas, en 2004, la de Biodiversidad, de Costas, que responden a una demanda del movimiento ambientalista de RD.
Señala que la demanda principal del movimiento ambientalista es exigir al Estado que cumpla y haga cumplir la legalidad ambiental de la nación, extensivo esto a los sectores empresariales, colectivos sociales y a las personas en particular.
Precisa que de haberse cumplido la Ley, entre un 90 y un 95 por ciento de los problemas ambientales estarían resueltos en la República Dominicana.
Mientras se degradan los recursos naturales, indica, el Ministerio de Medio Ambiente y Recursos Naturales (MMARN) continúa con una fuerte vocación a las mentiras, ofreciendo datos que no corresponden con lo que se ve en el territorio, como el anuncio de sembrar 25.4 millones de árboles en la actual gestión.
Asimismo, los 43 millones de que habló Ángel Estévez, cuando fue ministro de Medio Ambiente, O los más de 30 millones que dijo haber sembrado su antecesor, que por suerte, ha sido una gran mentira, porque de haber sido verdad los daños habrían sido terribles, ya que se trata de especies introducidas, no endémica de la isla.
“Muchas de ellas con conductas invasoras, sembradas sin criterios técnicos ni científicos, sino una labor desarrolladas por militares sustituyendo la vegetación nativa”, dijo.
Explica que las especies introducidas son excelentes para otros fines, pero no como estrategia de restauración ambiental en una nación como RD.
Sostiene que si a esto se suman las violaciones continuas a las normativas ambientales, conduce a situaciones como la que se tienen en Montecristi con la presión sobre los sistemas de manglares, grandes víctimas del modelo de ocupación del desarrollo turístico y de muchas otras intervenciones.
Deplora el otorgamiento de muchos permisos de manera alegre y otras veces falsos, bajo el pretexto de permitir el desarrollo de múltiples proyectos de altos impactos.
Extracción agregados
El biólogo y ambientalista, Luis Carvajal, indica que la extracción de agregados de los ríos, no solamente continúa, sino que se producen de manera clara e impune ante la mirada de las autoridades.
Lamenta que los gobiernos solamente se levantan cuando las violaciones llegan a los medios de comunicación, cuando responde que “estamos tomando medidas, hemos tomado la decisión de eliminar con esa práctica”, pero en realidad es un círculo vicioso que se repite.
Expone que cuando se habla del sistema nacional de áreas protegidas, la gente piensa en los grandes parques nacionales, que han sido degradados, ocupados con ganadería, con agriucultura intensiva, se ha eliminado la vegetación del bosque nublado para la siembra de aguacate o de limones.
Al referirse al Cinturón Verde de Santo Domingo, Carvajal subraya ha sido degradado fundamentalmente por grandes constructoras, en su mayoría vinculadas al sistema de partidos o grandes empresarios, que incluso, son reconocidos.
Apunta que no se ha terminado bien la aprobación del Parque Nacional Loma 7 Picos, cuando se amplían las violaciones con funcionarios del Instituto Agrario Dominicano (IAD) otorgando asentamientos irregulares.
“Inclusive teniendo una situación en la cual hay una mafia con la titularidad de los terrenos de áreas protegidas y de áreas públicas, en la que hay una red de complicidades que van desde el Tribunal Superior de Tierra a diversos funcionarios del Estado a mafia estructuradas que ha permitido que un solo individuo haya dicho que es el dueño de 700 kilómetros del Parque Nacional Sierra de Bahoruco”, lamenta.
Cita las discusiones por los ocho millones de metros cuadrados que se dispusieron alrededor del proyecto turístico de Bucanyé, o conflicto como el que se tiene en torno a la Barcaza en las áreas de amortiguamientos de las áreas protegidas de manglares de Puerto Viejo, Azua.
Recuerda que el manglar está protegido como ecosistema, al tiempo que critica la construcción del muro en la frontera porque afecta la Laguna de Saladilla y las vinculación de las áreas.