Advierten que una vivienda no es un regalo sino un derecho garantizado por la Constitución de la República
SANTO DOMINGO, República Dominicana.- En el marco del Día Mundial del Hábitat, comunidades urbanas, acompañadas por la Comisión de Vivienda y Hábitat del Foro Ciudadano y la Comisión Nacional de los Derechos Humanos (CNDH-RD), exigieron frente al Palacio Nacional el cese de los desalojos forzosos en todo el territorio nacional.
Los sectores de La Mina en San Isidro, Rivera del Ozama y Nueva Jerusalén en Santo Domingo Este; Las Malvinas y Arroyo Lindo en el Distrito Nacional; El Carril de Haina; así como Santa Lucía, Monte Adentro, Campo Lindo y El Gran Valiente en el distrito municipal de La Caleta, Boca Chica, reclamaron su derecho a una vivienda digna, tal como establece el artículo 59 de la Constitución Dominicana.
Los moradores de La Mina, en San Isidro, fueron desalojados forzosamente de sus viviendas en abril de 2021, en horas de la madrugada, mediante un uso desproporcionado de la fuerza pública.
“No recibimos ninguna información previa de que se iba a realizar un desalojo; solo dijeron que el Estado había cedido el terreno a las Fuerzas Aéreas, y que por eso debíamos desocupar de inmediato.
Expulsaron alrededor de 600 familias que llevaban hasta 20 años establecidas en la zona, donde incluso el propio Estado había construido infraestructura urbana, lo cual implica un reconocimiento del hábitat socialmente construido, declaró Esther Soriano, vocera de la comunidad.
La historia se repite en Arroyo Lindo, en el Distrito Nacional, en donde 250 familias fueron desalojadas el 6 de diciembre de 2022.
“Llegaron a las cuatro de la mañana con grúas y militares a derrumbar nuestras casas. No dejaron que sacásemos nuestras pertenencias, nos trataron violentamente y hasta hirieron personas. Teníamos 11 años viviendo en el sector, con servicios públicos reconocidos por el Estado”, comentó Beatriz Ureña, vocera del sector.
En Nueva Jerusalén, pese a existir un proceso judicial en curso y una orden legal de no derribar más viviendas, las familias viven bajo la amenaza constante de ser expulsadas. Desde 2023, miembros de la Fuerza Aérea irrumpen en la zona para desalojar familias sin previo aviso.
“Han derrumbado viviendas terminadas y en construcción, sin comunicación formal con los propietarios. Incluso han desalojado casas habitadas de forma violenta, provocando heridos entre las familias afectadas, todo esto sin justificación alguna”, denunció Mercedes de Jesús, representante comunitaria.
Por su parte, los sectores Carril de Haina (Bajos de Haina), Santa Lucía, Monte Adentro, Campo Lindo y Gran Valiente (La Caleta, Boca Chica) enfrentan amenazas de desalojo desde 2023.
“Tenemos más de diez años habitando en la zona y formando hogares con esfuerzo y sacrificio. Vivimos con el temor constante de que lleguen en la madrugada y destruyan nuestras casas. Nos hemos reunido con autoridades políticas, pero, pese a todo el esfuerzo, seguimos en la misma situación”, manifestó un comunitario.
Las comunidades fueron acompañadas por la Comisión de Vivienda y Hábitat del Foro Ciudadano y la CNDH-RD, que han dado seguimiento a cada uno de estos casos.
“Comunidades con más de diez años de existencia, que cuentan con servicios e infraestructuras públicas como acueductos, electricidad, escuelas, hospitales, iglesias, recogida de residuos sólidos, calles y aceras, no pueden ser clasificadas como invasoras, ya que son reconocidas por el mismo Estado como sectores establecidos”, expresó Sócrates Peguero, coordinador de la Red Urbana Popular y representante de la comisión.
Las organizaciones advirtieron que los desalojos forzosos incrementan el déficit habitacional y agravan la vulnerabilidad de las familias afectadas.
“Esta práctica refleja el predominio de una lógica neoliberal que convierte la vivienda en un producto de mercado, mientras el Estado incumple su obligación de garantizar el derecho a una vivienda digna”, señalaron.
Asimismo, enfatizaron que el acceso a una vivienda adecuada y asequible está protegido por el marco jurídico nacional e internacional, por lo que exigieron al Estado resarcir la deuda social con las comunidades afectadas.
“Procesos como la recuperación de los ríos Ozama e Isabela deben garantizar la participación efectiva de las comunidades involucradas, como es el caso de Rivera del Ozama y Las Malvinas, a fin de evitar repetir experiencias como la de Domingo Savio, donde alrededor de 2,500 familias fueron desalojadas sin una indemnización justa ni una reubicación digna”, subrayaron.
Dentro de sus demandas solicitan el cese inmediato de los desalojos forzosos, indemnización a las familias afectadas, participación comunitaria en las intervenciones urbanas planificadas por el gobierno, retomar el proceso de declaración de utilidad pública de terrenos habitados durante años por familias que son reclamados por particulares y continuar el Plan Nacional de Titulación en terrenos estatales ocupados de forma pacífica y prolongada.
Indicaron que el diálogo y la concertación son el camino y no la destrucción de viviendas y comunidades.