SANTO DOMINGO, República Dominicana.- La Mesa Nacional para las Migraciones y Refugiados en la República Dominicana (MENAMIRD), saluda la apertura al diálogo convocado para este miércoles 15 de mayo por el presidente Luis Abinader para abordar la cuestión de la migración irregular y la crisis haitiana.
La entidad propone que este proceso sirva como punto de partida para relanzar una política de Estado que conciba la relación con Haití no como una amenaza, sino como una oportunidad para construir un futuro común más justo, seguro y más humano.
En su reflexión mediante un comunicado, aboga por la reactivación de la Comisión Mixta Bilateral Domínico-Haitiana, creada oficialmente en 1996, como el principal espacio institucional de diálogo entre ambos pueblos.
Advierte que los desafíos migratorios no se resuelven con medidas punitivas, sino con políticas públicas integrales, legales y justas.
Considera que la reciente convocatoria del presidente dominicano a los principales actores políticos nacionales para abordar de manera unificada el tema migratorio, abre una ventana histórica de diálogo que debe ser aprovechada con madurez y visión de Estado.
Señala que la coyuntura representa una oportunidad invaluable para promover una relación de buena vecindad entre República Dominicana y Haití, basada en el respeto mutuo, la cooperación regional, la corresponsabilidad y el enfoque en los derechos humanos.
Estima que el llamado al consenso constituye un paso positivo en un contexto donde la migración haitiana ha sido instrumentalizada políticamente, provocando tensiones sociales, discursos de odio y medidas administrativas que debilitan el Estado de derecho.
Cree que en vez de alimentar el enfrentamiento, es el momento de reafirmar que ambas naciones están llamadas a convivir, colaborar y avanzar hacia un desarrollo compartido.
Precisa que la Constitución de la República Dominicana, en su artículo 38, establece que “la dignidad del ser humano es inviolable y debe ser protegida por todas las autoridades”.
Asimismo, el artículo 61 reconoce el derecho a la salud como un derecho fundamental, señalando que el Estado debe garantizar el acceso universal y equitativo a los servicios sanitarios sin discriminación de ningún tipo.
Por tanto, afirma, políticas como el reciente protocolo que condiciona la atención médica al estatus migratorio violan principios constitucionales y contravienen compromisos internacionales asumidos por el país en materia de derechos humanos, tales como la Convención Americana sobre Derechos Humanos y el Pacto Internacional de Derechos Económicos, Sociales y Culturales.
Buenas prácticas históricas
Indica que la historia reciente demuestra que, cuando ha habido voluntad política y enfoque en la cooperación, ambos países han logrado avanzar hacia soluciones constructivas y eficaces.
Cita que en 1993, durante el embargo económico impuesto por la OEA y la ONU tras el golpe de Estado en Haití, el entonces presidente Joaquín Balaguer ordenó el envío de alimentos y combustible a territorio haitiano, desafiando el cerco internacional con el argumento de que “no se puede castigar a un pueblo entero por los errores de sus gobernantes”.
Este acto humanitario, recuerda, recibió reconocimiento internacional y simbolizó el espíritu solidario que debe guiar las relaciones entre ambos pueblos.
Asimismo, durante los gobiernos de Leonel Fernández (1996–2000; 2004–2012) e Hipólito Mejía (2000–2004) se promovieron esquemas de cooperación técnica, comercio fronterizo regulado y mesas bilaterales de diálogo permanente.
Se impulsaron campañas de salud binacional, iniciativas educativas y proyectos ambientales compartidos que sentaron las bases para una relación más institucionalizada.
El documento destaca que un ejemplo representativo del intercambio binacional fue el comercio impulsado por mujeres dominicanas en Puerto Príncipe, quienes establecieron redes económicas basadas en la venta de productos agrícolas, textiles y farmacéuticos.
Explica que esas mujeres, muchas veces invisibilizadas, fueron pilares del desarrollo comunitario y promotoras de integración social y económica desde las bases.
Destaca también la Comisión Mixta Bilateral Domínico-Haitiana, creada oficialmente en 1996, como el principal espacio institucional de diálogo entre ambos gobiernos encabezados por Leonel Fernández y René Préval.
Explica que esta comisión ha contado con diversas subcomisiones técnicas en áreas clave como salud, migración, comercio, medio ambiente, seguridad y educación, logrando importantes avances en acuerdos binacionales, mercados fronterizos, campañas de vacunación conjunta y mecanismos de respuesta ante desastres.
Considera que aunque ha tenido períodos de inactividad, su reactivación y fortalecimiento permitirían institucionalizar la cooperación, fomentar la corresponsabilidad y establecer una agenda binacional estable y de largo plazo.
Cooperación, no confrontación
Sostiene que las experiencias más exitosas de convivencia en la isla han surgido de estrategias de cooperación, no de confrontación.
Resalta iniciativas como la Mesa de Coordinación Binacional apoyada por Naciones Unidas, la Organización Internacional para las Migraciones (OIM) y otras agencias internacionales, permitieron coordinar respuestas sanitarias, mejorar infraestructuras fronterizas y fortalecer redes comunitarias binacionales.
Afirma que la corresponsabilidad entre ambas naciones ha sido esencial en campañas conjuntas de vacunación, lucha contra enfermedades transmisibles como la malaria y programas educativos en la zona fronteriza.
Estos esfuerzos, subraya, han probado ser más sostenibles que las políticas de expulsión o cierre unilateral.
En lugar de criminalizar la migración o utilizarla como plataforma de confrontación electoral, cree que el Estado dominicano puede fortalecer programas de regularización laboral, como los implementados entre 2014 y 2021 (caso venezolano), con acompañamiento técnico internacional.
De igual modo, implementar mecanismos de cooperación fronteriza en salud, comercio y protección infantil, especialmente en zonas de alta vulnerabilidad.
Además, impulsar inversiones en infraestructura, documentación y gobernanza, con apoyo de organismos multilaterales como el BID, la Unión Europea y la ONU, que ya han demostrado disposición a apoyar soluciones sostenibles.
Política migratoria con rostro humano
Advierte que los desafíos migratorios no se resuelven con medidas punitivas, sino con políticas públicas integrales, legales y justas.
Expone que la experiencia comparada indica que cuando los países apuestan por la integración, el respeto a los derechos humanos y la cooperación técnica, se reducen los flujos irregulares, se fortalece la seguridad interna y se dinamizan las economías locales.
Por ello, medita, es momento de renovar el compromiso con una relación binacional basada en la buena vecindad, el diálogo permanente, el desarrollo compartido y la solidaridad activa.
Observa que ambos pueblos están profundamente conectados por la historia, la geografía y la economía, su futuro está inevitablemente entrelazado.
Alerta que la estabilidad de República Dominicana depende también de la estabilidad de Haití, por lo que aportar al fortalecimiento institucional y al desarrollo del país vecino no solo es un acto de humanidad, sino una inversión estratégica en la paz, la seguridad y el bienestar de toda la isla.