SANTO DOMINGO, RD.- El Partido de la Liberación Dominicana llama la atención sobre la situación del tránsito, el transporte y la movilidad, que se ha convertido en uno de los grandes problemas de la vida cotidiana de los dominicanos.

Cada mañana, millones de ciudadanos salen de sus hogares sin saber cuánto tiempo necesitarán para llegar a sus trabajos, escuelas, universidades o centros de salud, mientras se se pierden horas productivas diariamente en congestionamientos o tapones.

En comunicado leído en rueda de prensa en su casa nacional, el PLD deplora que las aceras hayan sido ocupadas por vehículos y actividades comerciales. El doble parqueo reduce la capacidad de nuestras calles.

Asimismo, motocicletas circulan entre vehículos, por las aceras, en vía contraria y frecuentemente irrespetando los semáforos, en tanto que camiones pesados transitan sin suficiente control por carreteras y zonas urbanas.

La consecuencia más dolorosa de esa situación se mide en vidas humanas, como se refleja cada año con miles de personas que pierden la vida y otros cientos de miles resultan lesionadas.

Precisa que a octubre de este año, el 66% de las víctimas mortales correspondía a motoristas, cifras que  reflejan la magnitud de un problema que debe ocupar un lugar prioritario en las políticas públicas.

El PLD considera que los dominicanos no pueden acostumbrarse a esta situación, por eso se empeñó en construir elevados, túneles, avenidas, metros y pasos a desnivel.

“La infraestructura es necesaria. También necesitamos ampliar y mejorar sustancialmente el transporte público. Pero hay una realidad que debemos reconocer: ninguna infraestructura será suficiente si las reglas no se cumplen”, advierte la organización opositora.

Indica que una avenida de tres carriles se convierte en una de dos cuando uno está ocupado por vehículos estacionados.

De igual modo, dice, una intersección desorganizada se convierte en un tapón cuando los conductores bloquean el cruce, pero una acera deja de proteger al peatón cuando se convierte en estacionamiento; un semáforo pierde su función cuando la luz roja deja de significar que hay que detenerse.

Recuerda que durante los gobiernos del PLD se puso en marcha el Plan Estratégico de Movilidad Urbana Sostenible, una iniciativa destinada a reorganizar el transporte público, reducir los congestionamientos y conectar los distintos medios de transporte del Gran Santo Domingo.

El proyecto contempló la creación de nueve corredores de autobuses, comenzando por la avenida 27 de febrero, con paradas establecidas, carriles preferenciales y unidades modernas.

El plan también procuraba integrar el Metro de Santo Domingo, el Teleférico y los autobuses alimentadores en un Sistema Integrado de Transporte Público, con conexión física, tecnológica y tarifaria.

Además, incluía la construcción de cinco terminales interurbanas en la periferia de la capital, para evitar que los autobuses procedentes del interior tuvieran que ingresar al centro de la ciudad.

Entre las obras ejecutadas durante esa administración estuvieron la extensión de la línea 2 del Metro hacia Santo Domingo Este, la puesta en funcionamiento del Teleférico de Santo Domingo y la incorporación de nuevos vagones al sistema ferroviario.

La iniciativa también estuvo acompañada de una reorganización institucional del sector transporte, con la creación del Instituto Nacional de Tránsito y Transporte Terrestre (Intrant), mediante la Ley 63-17.

Señala que buena parte de las conductas que diariamente provocan desorden están prohibidas expresamente por esa legislación, pero numerosas disposiciones fundamentales no se cumplen suficientemente o todavía no han sido implementadas plenamente.

Una crisis de autoridad y cumplimiento

Para el PLD resulta preocupante la existencia de retrasos importantes en instrumentos previstos por la legislación, incluyendo la Inspección Técnica Vehicular, la licencia por puntos y mecanismos de fiscalización integrada.

¿Por qué abandonaron el plan que ya estaba funcionando? En cambio, asumieron la improvisación como norte.

En violación a esa normativa, en el país circulan vehículos con neumáticos deteriorados, luces defectuosas y sistemas de frenado deficientes.

También están prohibidos el doble parqueo y el estacionamiento que obstruya el tránsito, y la legislación faculta a las autoridades para remover esos vehículos. Sin embargo, estas prácticas forman parte del paisaje cotidiano de nuestras ciudades.

El régimen de consecuencias debe aplicarse independientemente de quién sea el conductor, del vehículo que conduzca o de su posición económica, política o social.

La motocicleta requiere una política nacional

Cualquier política seria de movilidad tiene que reconocer la transformación experimentada por el parque vehicular dominicano. De aproximadamente 6.85 millones de vehículos registrados, cerca de cuatro millones son motocicletas, equivalentes al 57.9 % del total. Además, de los vehículos registrados durante el primer semestre de 2026, alrededor del 70.6% fueron motocicletas.

El PLD considera que la motocicleta no puede ser tratada simplemente como un problema policial. Para miles de familias constituye una herramienta de trabajo. El delivery, la mensajería y el motoconcho forman parte de la economía y del sistema real de movilidad del país.

Por eso proponemos, además, un Programa Nacional de Regularización del Motociclista, que facilite registro, licencia, capacitación, casco homologado y seguro obligatorio. La regularización debe ser sencilla y de bajo costo durante un período transitorio, acompañada de una gran campaña nacional de educación. Terminado ese período, debe comenzar una fiscalización rigurosa.

No más motocicletas en vía contraria. No más circulación sobre las aceras. No más violaciones de la luz roja. No más pasajeros sin casco. No más conducción utilizando teléfonos celulares. Regularizar primero, educar permanentemente y fiscalizar después con firmeza

Recuperar las calles y las aceras

De igual modo, debe iniciarse un Plan Nacional de Recuperación del Espacio Público. Las calles pertenecen a todos. Las aceras pertenecen prioritariamente a los peatones.

Debe establecerse un período de advertencia y organización y, posteriormente, aplicar estrictamente la legislación sobre doble parqueo, ocupación de aceras, estacionamiento en esquinas, pasos peatonales, entradas y carriles de circulación. Los vehículos que obstaculicen las vías deberán ser removidos conforme a la ley.

Esta política debe coordinarse entre INTRANT, DIGESETT y los ayuntamientos. El objetivo no debe ser recaudar dinero mediante multas. El objetivo debe ser cambiar comportamientos y recuperar el orden.

Inspección vehicular

Otro compromiso debe ser poner finalmente en funcionamiento un sistema moderno, transparente y nacional de Inspección Técnica Vehicular. Cerca de 700,000 unidades tienen registro correspondiente al año 2000 o anterior.

No significa que todo vehículo antiguo deba salir de circulación. Significa que todo vehículo, independientemente de su edad, debe demostrar que puede circular con seguridad. Frenos, neumáticos, luces, emisiones y demás componentes esenciales tienen que cumplir estándares mínimos. La seguridad de millones de personas no puede depender de la decisión individual de cada propietario sobre cuándo reparar su vehículo.

Ordenar transporte de carga

Consideramos que la circulación de camiones y patanas requiere igualmente una intervención integral. Deben instalarse y operar efectivamente estaciones de pesaje y control de dimensiones en los principales corredores logísticos. Debe fiscalizarse el estado mecánico de las unidades, establecerse mayor control sobre horarios de circulación y carga y descarga en zonas urbanas, y hacerse cumplir las disposiciones sobre utilización de carriles.

Además, el crecimiento futuro del movimiento de mercancías obliga a estudiar soluciones estructurales, incluyendo sistemas ferroviarios de carga que puedan conectar los principales puertos y centros logísticos del país.

El transporte público debe tener prioridad

No resolveremos el congestionamiento simplemente construyendo más espacio para automóviles. Debemos ofrecer alternativas. La prioridad de la inversión pública en movilidad debe desplazarse progresivamente hacia un sistema integrado de transporte colectivo.

Metro, autobuses, corredores y demás modalidades deben funcionar como partes de una sola red, con integración física, operacional y, progresivamente, tarifaria. También proponemos recuperar el concepto de estacionamientos de transferencia en las proximidades de estaciones del Metro y terminales principales.

Un ciudadano que pueda dejar su vehículo en un estacionamiento seguro y continuar su recorrido utilizando transporte público representa un automóvil menos congestionando el centro de la ciudad.

Tecnología para ordenar, no para improvisar

La gestión moderna del tránsito necesita tecnología. Proponemos avanzar hacia una red inteligente de semáforos, cámaras, sensores y fiscalización electrónica que permita gestionar el tránsito en tiempo real.

Las infracciones objetivamente verificables -cruce en rojo, exceso de velocidad y determinadas formas de estacionamiento prohibido- deben poder ser registradas electrónicamente dentro de un sistema que garantice tanto la aplicación de la ley como el derecho del ciudadano a reclamar. Esto reduce además la discrecionalidad del agente y hace más transparente la fiscalización.

Una hoja de ruta: de la ley a la calle

El PLD entiende que no basta con diagnosticar el problema. La ciudadanía necesita saber qué puede hacerse, cuándo puede hacerse y quién debe responder por los resultados. Por eso proponemos un Plan Nacional de Movilidad, Orden y Seguridad Vial organizado en tres etapas: medidas inmediatas durante los primeros 100 días; reformas de consolidación durante los primeros dos años; y transformaciones estructurales de mediano y largo plazo.

Reclamamos volver al plan que empezó a aplicar el PLD, contemplar el uso de las terminales.

Además, lanzar campañas viales de orientación, seguridad. La ausencia de estas campañas evidencia que la publicidad del Gobierno, que supera los 10 mil millones de pesos, está mal orientada. 

En ese sentido, también consideramos que el Estado tiene la responsabilidad de garantizar el cumplimiento de la ley, pero también la obligación de dar el ejemplo.

No puede exigirse respeto a los semáforos mientras vehículos oficiales incumplen las señales de tránsito sin consecuencias. No puede sancionarse al ciudadano común y tolerarse la misma infracción cuando la comete alguien con influencia política, económica o institucional.

La autoridad debe ejercerse con firmeza, pero también con transparencia, proporcionalidad y respeto a los derechos ciudadanos.

Las multas no deben convertirse en un instrumento fundamentalmente recaudatorio. Su propósito debe ser prevenir infracciones, modificar comportamientos y proteger vidas. Igualmente, toda intervención debe acompañarse de una campaña nacional permanente de educación vial, porque ninguna transformación será sostenible si no cambia también nuestra cultura de convivencia.