SANTO DOMINGO.- Consciente del descontento que produciría en la población la reforma fiscal sobre la que trabajaba su gobierno y que impondría nuevos impuestos perjudiciales, básicamente, para la clase media y los sectores más pobres de la sociedad, el presidente Luis Abinader desistió, por el momento, de darle curso a la mencionada reforma.
Recreó, en su discurso, el curso seguido supuestamente por su gobierno para racionalizar el gasto público y hacerlo más útil y productivo, medidas, entre otras, que les han proporcionado “medios suficientes para cuadrar (sus) cuentas sin tocar el bolsillo de los ciudadanos”.
El presidente, en un tono de alto optimismo, repitió lo dicho recientemente por el Banco Central de que el país registró un crecimiento del 12,7% del Producto Interno Bruto en comparación al año pasado.
Aun así y aceptando como válido lo dicho por el mandatario, por nueva ves este no tomó ni anuncio medidas concretas inmediatas que pudieran aliviar el “bolsillo” de los connacionales emigrados. Es como si no existiéramos, salvo para hacer llegar miles de millones de dólares en remesas.
Peor aún. En discurso presentado en New York en un encuentro con sectores de la comunidad dominicana, Abinader se comprometió desmontar los múltiples y elevados impuestos que nos cobra el Estado en la compra de los boletos de viaje, condicionando el desmonte al momento en que se fuera a discutir la abordada reforma fiscal.
En esa ocasión, Alianza País valoró positiva la declaración del presidente no así el factor condicionante que presentó dado lo incierto que resultaba la sazonada reforma fiscal.
Establecimos que lo que procedía si en verdad existía interés de favorecer en algo la diáspora, era de inmediato someter un proyecto de ley para el desmonte de estos impuestos por parte del Congreso Nacional bajo el control del partido oficial, el Revolucionario Moderno (PRM).
Los hechos vuelven a darnos la razón.
Por eso nos sentimos tener más razón hoy para reclamar del presidente y a partir de la propia línea argumentativa de su discurso, tomar las medidas legales de lugar para acabar con esta injusticia que nos afecta y al mismo tiempo demandar la modificación, vía decreto presidencial, del decreto 430-17 que nos obliga al pago de los 10 dólares de turistas y que el propio presidente también se comprometió en varias ocasiones a anularlo.
El desprecio y el utilitarismo oficial hacia las comunidades dominicanas de ultramar continúan prevaleciendo en un gobierno que surgió bajo la divisa del cambio.
Hoy como ayer, ante las promesas incumplidas el camino continúa siendo la protesta, la movilización activa de los sectores más desfavorecidos por gobernantes al servicio del gran capital y la oligarquía.