SANTO DOMINGO, República Dominicana. -Mediante en un encuentro nacional, organizaciones de la sociedad civil y movimientos sociales plantearon este viernes la urgencia de un Pacto Fiscal Progresivamente justo que reduzca las desigualdades, garantice derechos fundamentales y exija al gobierno el cumplimiento de la Estrategia Nacional de Desarrollo (END).
En el Encuentro Nacional por un Pacto Fiscal Progresivo, demandan al presidente de la República a que convoque a todos los sectores económicos, sociales y políticos (empresarios, trabajadores, asociaciones profesionales, sindicatos, movimiento social) con el fin de definir, elaborar y apruebar las propuestas de la sociedad sobre este pacto.
Dentro del evento se realizó un panel con reconocidos panelistas como Apolinar Veloz, Antonio Ciriaco, Luis Ortega y Francisco Tavárez, quienes plantearon su visión sobre la necesidad de una reforma fiscal inclusiva.
Tavárez hizo hincapié en cuanto a premura de hacer ajustes en el gasto público, dando prioridad a la inversión en sectores claves como educación, salud, seguridad social y medio ambiente, con el objetivo de reducir la pobreza y garantizar derechos a todos los dominicanos.
En la proclama durante acto desarrollado en el salón Duran Bracho del Colegio Médico Dominicano (CMD) se acordó un plan de incidencia y movilización orientado a fortalecer la justicia fiscal en el país.
El moderador Ricardo González, explicó que el Pacto Fiscal debe ser el resultado de un diálogo inclusivo como establecen las vías instituciones, entre el gobierno, los empresarios, trabajadores y la sociedad civil buscando consenso social para garantizar políticas públicas a favor de la mayoría.
El diálogo surge como respuesta al rechazo social que provocó el retiro del proyecto de Ley denominado de Modernización Fiscal, presentado por el gobierno, considerado regresivo y generador de mayores desigualdades.
Afirma que la mayoría de los dominicanos exigen una transformación fiscal profunda que elimine privilegios distribuya de manera equitativa la riqueza.
En la proclama se recuerda que en la Reforma Fiscal que fracasó el pasado año, tampoco propuso un plan para reducir a su mínima expresión la evasión fiscal del impuesto sobre la renta (ISR) y el impuesto a la transferencia de bienes industrializados (ITBIS).
Afirma que a pesar de la necesidad de incrementar sus ingresos para superar el endémico déficit fiscal, no propuso una alternativa para superar esta deficiencia y prefirió continuar con su política fiscal regresiva que estanca la presión tributaria a pesar del extraordinario crecimiento que, según el Banco Central, tiene la economía dominicana desde mediados de los años noventa.
Pero que al mismo tiempo, precisa, exhibe una elevada concentración del ingreso, con coeficiente de GINI de 0.635 para el 2019 según CEPAL1 y, por consiguiente, el país tiene prevalentes niveles de pobreza y deterioro del acceso de la población a los derechos económicos, sociales, culturales y ambientales.
Por eso, indica, tiene que recurrir a cada vez más a transferencias sociales y empleos públicos para subsanar esta realidad.
Expone que esta situación se torna más grave porque el gobierno permite a los empresarios no pagar impuestos directos y se hace de la vista gorda en la evasión del ITBIS que todos pagamos religiosamente.
Deplora que el gobierno prefiriera complacer al empresariado y mantener los privilegios arancelarios y seguir adherido y profundizar las políticas neoliberales, de endeudamiento irresponsable, privatización de servicios sociales, reducción del Estado con la eliminación de ministerios claves para definir y ejecutar políticas públicas de desarrollo sostenible, como el de Planificación y Desarrollo (MEPYD).
De esa manera, subraya, garantizar los intereses de empresas extranjeras radicadas en el país que se benefician de exenciones fiscales sin pagar un solo centavo de impuestos.
Por todo esto la sociedad civil, los movimientos sociales, populares y productivos decidieron proponer y exigir la realización del Pacto Fiscal justo y sin privilegios fiscales encaminada a mejorar las condiciones de vida de los dominicanos, que se revierta en un desarrollo humano equitativo y ambientalmente sostenible.
Un Pacto que concite un amplio apoyo de las mayorías nacionales que, junto a una política de reajuste del salario real de acuerdo con la productividad de la mano de obra y un plan de inversión (educación, salud, seguridad ciudadana, medio ambiente) mejore y aumente las fuerzas productivas nacionales.
Que al mismo tiempo, permita un crecimiento económico de largo alcance, con mejor distribución del ingreso, menos pobreza y mayor bienestar para toda la población dominicana.
Estima que este Pacto debe ser el resultado de una amplia y democrática consulta ciudadana, buscando el consenso social que acompañe las decisiones de políticas públicas que afectan a toda la población.
Considera que un Pacto Fiscal que tenga como objetivo devolver el dinamismo a la presión tributaria de acuerdo con el crecimiento económico, no puede ser el resultado de acuerdos de aposento, sino de un amplio consenso social tal y como lo ordena la Ley 112-01 de la Estrategia Nacional de Desarrollo (END).
El Pacto debe utilizar los mecanismos institucionales contemplados en la END para discutir y consensuar la modificación de la estructura tributaria y del gasto público orientada a beneficiar a toda la población y no sólo a pequeños enclaves empresariales que tienen décadas beneficiándose de privilegios fiscales y evadiendo sus responsabilidades del pago del ITBIS y el ISR.
Apunta, debe corregir esta desigualdad haciendo que paguen más quienes más tienen, eliminando de una vez y para siempre la contribución de los más pobres y vulnerables a las riquezas empresariales mediante el mantenimiento de las exenciones fiscales y la evasión.
Advierte que fue precisamente por eso la población dominicana rechazó el proyecto de “Modernización Fiscal” sometido por el Poder Ejecutivo a las Cámaras Legislativas, lo que implicó también la impugnación social de las políticas de esta administración.
El Pacto fiscal debe ser el resultado del diálogo del gobierno con todos los sectores de la sociedad en igualdad de condiciones.
No se trata de una reforma para complacer a los grupos empresariales, sino para que cada sector obtenga de su trabajo una porción del excedente económico que sea coherente con su aporte al proceso de producción.