SANTO DOMINGO, RD. -La Comisión Ambiental de la Universidad Autónoma de Santo Domingo (UASD) considera que la reforma fiscal que se plantea tiene que establecer una nueva forma de fiscalizar la actividad minera en el país, al tiempo que considera que la extracción de agregados es sumamente rentable por la falta de fiscalidad.
El biólogo Luis Carvajal, coordinador de la Comisión, señala que nadie controla cuanto recibe el fisco por el negocio de los agregados, cuando los materiales que se extraen son ilegales.
Afirma que la extracción ilegal opera no solamente para evadir las leyes ambientales, sino para evadir los procesos fiscales.
Pregunta ¿Quien ha pagado impuestos por la arena que han movido de las Dunas, o por las que han sacado del río Nizao?.
Indica que las grandes compañías engañan al Estado doblemente, ya que cuando hacen contratos consignan la extracción de agregados, pero no dicen de donde, al final terminan tomándolo de los ríos.
Por lo que cita cuatro delitos: el ambiental, el de engaño del costo del proyecto, el delito fiscal y el peor, presentarse ante la sociedad como un empresario ilustre.
Leyes no cumplidas
Lamenta que la Ley General de Gestión integral y Coprocesamiento de Residuos Sólidos, 225-20, haya sido distorsionada a la hora de su aprobación.
Indica que una distorsión fue quitarle responsabilidad efectiva a los grandes responsables de volúmenes de manejo plásticos y por otro lado, sobre el manejo de los recursos que genera la normativa.
En cuanto a la Ley 368-22 de Ordenamiento Territorial, Uso de Suelo y Asentamientos Humanos, también tiene distorsiones gravísimas, que la haría incluso, anticonstitucional.
Una de las distorsiones, cita, es la de otorgarles capacidad de ordenamiento del territorio a ministerios específicos, como el de Energía y Mina, así como al de Turismo.
Advierte que la Ley convierte prácticamente la isla en un territorio minero, mientras quita poder a los gobiernos locales, mientras traslada al Consejo de Gobierno la facultad que constitucionalmente es de los municipios.
Cree que aún con esas distorsiones, es una gran Ley, necesaria, que hay que hacer que se cumpla donde no choque con la Constitución.
La Ley 225-20 tiene por objeto prevenir la generación de residuos y establece el régimen jurídico de su gestión integral para fomentar la reducción, reutilización, reciclaje, aprovechamiento y valorización. Igualmente regula los sistemas de recolección, transporte y barrido de dichos residuos.