SANTO DOMINGO, República Dominicana.- Entre los puntos más propuestos en las vistas públicas sobre el proyecto de Modernización Fiscal, resaltaron que no se graven los productos de alimentación básica, que sean aplicados de acuerdo a la capacidad de pago, bajar o eliminar el Impuesto a la Propiedad Inmobiliaria (IPI), pero sobre todo, que el gobierno busque los recursos que necesita en la evasión.
Esos y otros puntos fueron expuestos en las vistas públicas sobre el proyecto de Modernización Fiscal presentado por el Poder Ejecutivo organizada por la Cámara de Diputados, a través de su Comisión de Hacienda, en la que participaron más de 150 instituciones, organizaciones y personas en particular.
Osmar Benitez, director ejecutivo de la Junta Agroempresarial Dominicana (JAD) con más de 180 mil afiliados, propuso que no se castigue con impuesto los alimentos que consume la población.
Mostró su disposición a discutir con el gobierno otras fuentes de ingresos que pudieran generar los ingresos que requiere el Estado, incluyendo el mismo sector agropecuario.
Invita trabajar para pagar el Impuesto Sobre la Renta (ISR) que considera el más sano porque se paga si se tiene una renta, si gana dinero, además, de que el 80% de los agricultores no está formalizado.
Eduardo Cabreras, presidente de la Confederación Nacional Agropecuaria (COPENAGRO) rechazó que el sector agropecuario pague anticipo e ITEBIS, porque esto encarecería los productos que llegan diariamente a la mesa de los dominicanos.
Recordó que el próximo año 2025 el Tratado de Libre Comercio queda abierto, por tanto urge proteger al sector agropecuario para que pueda competir en el mercado.
Antonio Cruz Rojas, vicepresidente ejecutivo del Consejo Nacional de Comerciantes y Empresarios (CONACERD) advirtió que la idea de gravar los alimentos no alcohólicos sería mortal para la sociedad y el sector comercial.
Precisa que del consumo nacional, el 23.2% es de alimentos y bebidas no alcohólicas, por lo que si se aumenta el gravamen a los productos de primera necesidad sus ventas disminuirían considerablemente.
Propone que dentro de la reforma se considere la figura del monotributo, ya que el 85% de la micro y pequeña empresa se encuentra en la informalidad.
Manuel Cabral, representante de la Asociación de Representantes Importadores de Vinos y Licores Asociados INC. (RIVLAS) advirtió que una carga mayor a la ya existe podría derivar en reducción significativa de los empleos directos e indirectos, afectando la sostenibilidad de la cadena productiva.
Además, prevé menor recaudación de impuestos para el gobierno, impacto negativo, pero al mismo tiempo, un aumento considerable del comercio ilícito en el país, como sucedió con la reforma fiscal de 2012, a pesar de la advertencia del sector.
El pastor Carlos Peña, del Partido Regeneración de Servidores, abogó porque el proyecto sea retirado del Congreso Nacional por considerar que deber ser debatido en el Consejo Económico y Social (CES).
Manifestó que la reforma no es necesaria, debido a que el gobierno ha tomado prestado más de 45 mil millones de dólares que no se sabe a dónde han ido a parar.
Alertó a los legisladores que si aprueban el proyecto el partido que lidera lo llevaría al Tribunal Constitucional para que sea declarada inconstitucional.
Aneury Melendez, de la Asociación Dominicana de Constructores y Promotores de Viviendas (ACOPROVI) sostuvo que el proyecto de reforma fiscal plantea un desolador escenario para las viviendas en RD, ya que amenaza con precios insostenible para la población.
Estimó que de aprobarse el Impuesto a la Propiedad Inmobiliaria (IPI) dejaría a seis de cada diez dominicanos sin acceso a su primer hogar.
Señaló que la eliminación de la tasa diferenciada del Impuesto Sobre la Renta a los fideicomisos de viviendas el precio aumentaría aproximadamente un 12.5%.
Virginia Antares Rodríguez, del Partido Opción Democrática (OD) afirmó que de aprobarse el proyecto de reforma como se plantea profundizaría la desigualdad, la desnutrición, el déficit habitacional y la pobreza en general en RD.
“Esto porque más del 70 por ciento de lo que se pretende recaudar con esta propuesta se basa en impuesto al consumo, como el ITEBIS, que son impuestos regresivos porque se aplican a todas las personas por igual sin tomar en cuenta sus diferencias de ingresos”, apuntó.
Eduardo Sánchez, de Somos Pueblo, expresó que está de acuerdo con que hay que hacer una reforma fiscal, pero antes hay que eliminar los privilegios de que gozan los partidos políticos, quienes reciben cientos de miles de millones y no son fiscalizados.
Juan Hubieres, presidente del Movimiento Rebelde, propuso al gobierno que en vez de colocar nuevos impuestos y aumentar los existentes, venda las emisoras y canales de televisión que pertenecían al grupo Baninter y que están rentados por centavos.
Además, estima que el gobierno puede obtener más de 200 millones si vende alrededor de un millón de tareas de tierra perteneciente al antiguo Consejo Estatal del Azúcar (CEA) que están en poder de poderosos.
Hubieres planteó que se revisen los privilegios de las mineras como la Barrick Gold y otras, las que aportan mucho menos que los sectores turismo y zona franca y remesas.
Recordó al gobierno que países como México, El Salvador, Honduras, Nicaragua y otros no cobran impuestos a zonas francas.
De su lado, la Coordinadora de Organizaciones Barriales Don Bosco (CODONBOSCO) planteó al presidente Abinader, posponer la reforma fiscal para el próximo año 2025.
Sugirió dejar sin efecto los impuestos propuestos a los productos de primera necesidad, dejar como está el impuesto a la vivienda, no aplicar la reforma a las empresas que ofrecen servicios de salud y educación.
Convocar a un diálogo nacional al país, vía el Consejo Económico y Social (CES) modernizar y adecuar a la Dirección General de Impuestos Internos (DGII), para que enfrente la evasión del Itebis, ya que por esa vía se evade cerca del 48% que debería recaudar el Estado.
Además, eliminar la propuesta de cobrar impuesto a las compras por internet, paralizar en el Congreso Nacional la toma de préstamos a organismos internacionales, rebajar los salarios a funcionarios que de devengan salarios superiores a los RD$200,000.00.