SANTO DOMINGO, República Dominicana.- Sectores empresariales, del sector inmobiliario, turísticos, notarios y otros manifestaron objeciones algunos artículos del proyecto de Ley de Alquileres de Bienes Inmuebles y Desahucios, tras considerar que favorece a quienes rentan viviendas y locales comerciales en desmedro de propietarios e inversionista.
En las vistas públicas abierta ayer en la Cámara de Diputados expusieron alrededor de 20 personas, frente a la comisión especial que estudia el proyecto y que preside el legislador Amado Díaz.
Luego en la sesión del pleno, el presidente de la CD Y Proponente del proyecto de Ley, Alfredo Pacheco, adelantó que muchas de las observaciones planteada en las vistas públicas serían tomadas en cuentas.
Perla Contreras, representante del Consejo Nacional de la Empresa Privada (CONEP) consideró de vitgal importancia que las disposiciones contenidas en la pieza incentiven la competitividad y el desarrollo económico del país.
Estima que el proyecto desborda su objetivo inicial, que es garantizar y contribuir a disminuir el déficit habitacional, por lo que subiere que la pieza se limite a regular solamente el contrato de alquiler de inmuebles destinado a viviendas con fines habitacionales.
Critica que la normativa establezca un trato igualitario para alquileres de viviendas, comercio y entidades sin fines de lucro, por lo que exhorta a una reformulación del proyecto, ya que cada uno de los sectores posee características muy diferentes.
También señaló oposición en cuanto a los procesos para conocer sobre demandas en torno al contrato de alquiler establecido en el articulo 32 y siguiente.
Estima innecesario que el juzgado de paz establezca una preliminar de conciliación entre las partes en caso de conflictos, antes de establecer un juicio, debido a que esta es una vía externa en la conciliación de conflictos, no un requisito del proceso judicial.
De su lado Cristian Molino, representante del sector fiduciario, informó que el déficit habitacional en RD supera las 800 mil viviendas y que la Ley propuesta no garantiza seguridad jurídica para invertir en proyectos para alquiler.
Deplora que el proyecto imponga límites a la libertad de las partes para pactar condiciones, como por ejemplo, el reajuste anual de precios, así como obligaciones en mantenimiento de forma unilateral.
Definió como inviable que la Ley establezca que privilegie al inquilino en caso de que el propietario decida vender el inmueble, inviable cuando se trate de edificios completos, naves industriales y centros comerciales que deben ser vendidos como comunidades integrales.
Daniel Tejeda, del Colegio Dominicano de Notarios, propone que la demanda de abandono esté precedida de una acta de comprobación instrumentada por un notario de la jurisdicción donde se encuentre el inmueble.
Explicó que en muchas ocasiones el inquilino abandona y deja cerrado el inmueble, y el propietario no tienen forma como determinar si este abandonó la propiedad para ir al juzgado de paz a ejercer su demanda.
Pablo Isidro Medina, de la Asociación de Propietarios de Administradores de Casas y Apartamentos, Solares y Alquileres de la Provincia La Altagracia, observa el artículo 16 del proyecto de Ley sobre la devolución de la garantía.
Señaló que la garantía o depósito es el arma con que cuenta un propietario para que en el momento en que se le entregue el inmueble esté en las mismas condiciones como fue entregado.
Criticó que a los inquilinos se les de el mismo derecho que a los propietarios a recurrir ante el juzgado cuando ha sido sometido por incumplimiento de contrato.
Comisión Especial que estudia el proyecto integrada por los diputados Amado Diaz, Jorge Tavarez, Mayobanex Martínez, Onabel Aristy, Rosendy Polanco, Ydenia Doñé, Maria de los Angeles Rodríguez, Wandy Bautista, Indira de Jesús, Luis Gómez Benzo, Mélido Mercedes, Elías Wessin Chávez, Carlos Pérez, Olfanny Méndez y Rogelio Alfonso Genao Lanza.
Boris de León, de la comisión de justicia de la Asociación de Jóvenes Empresarios (ANJE) recordó a la comisión que la Constitución de la República ordena al Estado garantizar el acceso a la propiedad privada inmobiliaria.
Sostuvo que cuando a un dominicano cuesta décadas de trabajo para obtener un inmueble y cuando se coloca en alquiler se hace en una situación de riesgo, por lo que muchos han sufrido traumas por no obtener la renta de su propiedad.
Alertó que como está redactado el artículo 37 del proyecto de Ley se somete al propietario a tener que esperar 2 o 2 años para obtener una sentencia definitiva, con el agravante de que se emita la suspensión provisional de la sentencia.
Sugirió excluir del ámbito de esta Ley todos los contratos que tengan cláusulas arbitrales para por lo menos permitir que un segmento de la oferta de alquileres se maneja a través de estas.
Estima que la meta debe ser tratar de conseguir que un tiempo no más de seis meses, la ejecutoria de decisión sobre conflictos y que en caso de recursos de apelación seas resuelto con indemnizaciones a favor del inquilino.