SANTO DOMINGO, República Dominicana.- El Partido de la Liberación Dominicana (PLD) considera innecesario el proyecto de Ley de Medidas Pro-Crecimiento Económico, Simplificación Fiscal y Mitigación de la Crisis Internacional, sometido por el Poder Ejecutivo al Congreso Nacional, tras afirmar que para mitigar la crisis basta con enfrentar la evasión y la elusión fiscal, además de recortar gastos superfluos.
En rueda de prensa, el PLD estima que la propuesta desaprovecha una oportunidad histórica para enfrentar de manera más decidida la evasión y la elusión tributarias, tras precisar que solo en el ITBIS la evasión fue de 43.6% en 2025.
“Las medidas planteadas en materia de control son limitadas y no constituyen una estrategia integral. El país necesita metas concretas de reducción de la evasión, fortalecimiento de la facturación electrónica, mayores cruces de información entre instituciones, mejoras en la fiscalización basada en riesgos y mecanismos efectivos para ampliar el cumplimiento tributario”, expresa en un documento leído por el secretario general del PLD, Jhony Pujols.
Cree que antes de aumentar tasas impositivas, debe agotarse plenamente el potencial recaudatorio existente en la reducción de la evasión, ya que el espacio potencial de recaudación asociado a reducción de evasión podría ser comparable o incluso superior al rendimiento de varias de las medidas propuestas.
Preocupación por nueva amnistía tributaria
El PLD entiende que la amnistía tributaria solo pueden justificarse de manera excepcional y bajo condiciones estrictas.
Advierte que la repetición frecuente de amnistías termina castigando a quienes cumplen con sus obligaciones y transmiten la percepción de que incumplir puede resultar más conveniente que actuar responsablemente, por lo que la moral tributaria es un activo institucional que debe protegerse.
Riesgos para la seguridad jurídica
La organización opositora expresa especial preocupación por las disposiciones que podrían otorgar al Poder Ejecutivo capacidad de intervención discrecional sobre beneficiarios de incentivos fiscales.
El gasto tributario debe ser revisado y racionalizado, sin embargo, esa revisión debe realizarse mediante reglas generales, objetivas y transparentes, nunca mediante decisiones discrecionales que puedan generar incertidumbre, favoritismo o inseguridad jurídica.
Recuerda de prensa, en la que también intervinieron los vicepresidentes Temístocles Montás y Sorayma Cuello, recuerda que la confianza de los inversionistas y la credibilidad institucional del país dependen precisamente de la estabilidad y previsibilidad de las reglas.
La posición del PLD
El PLD reconoce que el país enfrenta desafíos fiscales reales que requieren soluciones responsables, pero rechaza que se soliciten nuevos sacrificios tributarios sin transparencia, sin una estrategia integral contra la evasión, sin una explicación clara del destino de los recursos y sin evidencias verificables de un esfuerzo serio de racionalización del gasto público.
Estima que la RD necesita una política fiscal orientada al desarrollo nacional: que recaude mejor, que combata la evasión con firmeza, que proteja la inversión productiva, que promueva la formalización, que preserve la seguridad jurídica y que garantice una rendición de cuentas efectiva ante la ciudadanía.
Entiende que el país no necesita simplemente cobrar más, necesita administrar mejor, invertir mejor y rendir cuentas mejor, por lo que a eso es que tiene que dedicarse el gobierno.
Antes de solicitar nuevos sacrificios tributarios a las familias y a los sectores productivos, el Gobierno debe explicar por qué el gasto corriente pasó de representar el 14.1% del PIB en 2019 a 16.5% del PIB en 2025, un aumento de 2.4 puntos porcentuales.
Este incremento es varias veces superior a los recursos adicionales que se pretende recaudar mediante la reforma tributaria.
Resulta legítimo preguntarse si el problema fiscal que enfrenta el país se origina exclusivamente en una insuficiencia de ingresos o si, por el contrario, una parte importante de la presión actual proviene del crecimiento sostenido del gasto corriente durante los últimos años.
El PLD considera que una política fiscal responsable debe comenzar por revisar la calidad y el nivel del gasto público.
“Antes de imponer nuevas cargas tributarias a empresas, trabajadores y clase media, el Gobierno tiene la obligación de identificar áreas de ahorro, eliminar gastos innecesarios, mejorar la eficiencia administrativa y demostrar con cifras verificables que ha agotado todas las posibilidades de racionalización del gasto corriente”, afirma el PLD.
Considera que la ciudadanía no puede ser llamada a aportar más recursos mientras persisten dudas razonables sobre la capacidad del Estado para administrar con austeridad y eficiencia los recursos que ya recibe.
Una verdadera reforma fiscal debe sustentarse en un equilibrio entre mayores ingresos y un compromiso igualmente firme con la disciplina y la responsabilidad en el gasto público.
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Señala que desde ante de su presentación, el Gobierno ha sostenido que esta iniciativa persigue fortalecer el crecimiento económico, mejorar la equidad y modernizar el sistema tributario dominicano.
Sin embargo, al examinar el contenido de la propuesta, observa una marcada contradicción entre los objetivos proclamados y las medidas efectivamente planteadas.
Propuesta que puede afectar el crecimiento
Mientras el proyecto afirma promover el crecimiento económico, propone simultáneamente elevar la tasa del Impuesto Sobre la Renta aplicable a los grandes contribuyentes del 27% al 30%.
Es cierto que esta medida podría generar ingresos adicionales para el Estado en el corto plazo, sin embargo, también reduce la capacidad de inversión de las empresas, precisamente en un momento en que la inversión privada ha sido el principal sostén del crecimiento económico, la generación de empleos y la expansión de la actividad productiva, compensando el bajo nivel de inversión pública registrado en los últimos años.
Resulta igualmente llamativo que el propio Gobierno reconozca implícitamente este riesgo al proponer un régimen de depreciación acelerada para estimular la inversión.
No obstante, las autoridades no han presentado estimaciones transparentes que permitan conocer el efecto neto de ambas medidas sobre la recaudación, la inversión y el crecimiento económico.
La equidad proclamada se contradice
La propuesta incluye disposiciones positivas, como la indexación del mínimo exento del impuesto sobre la renta de las personas físicas y el fortalecimiento de las deducciones por gastos educativos.
Sin embargo, esos beneficios pierden gran parte de su impacto cuando se observan otras medidas incluidas en el mismo proyecto.
La iniciativa aumenta los gravámenes sobre las operaciones realizadas a través del sistema financiero y eleva la contribución de salida del país de US$20 a US$30 por pasajero, medidas que recaerán principalmente sobre la clase media, profesionales, trabajadores formales y pequeños empresarios.
Además, encarecer las operaciones financieras contradice los esfuerzos nacionales orientados a promover la bancarización, la formalización económica y la inclusión financiera.
En una economía donde todavía existe una amplia proporción de ciudadanos fuera del sistema financiero formal, elevar los costos de utilización del sistema bancario constituye una señal equivocada.
El Proyecto de Reforma propone elevar la contribución de salida del país de US$20 a US$30 por pasajero, lo que representa un incremento de 50%.
Esta medida contradice el objetivo declarado de proteger a la clase media, pues son precisamente los sectores medios los que realizan la mayor parte de los viajes internacionales por razones familiares, educativas, profesionales, comerciales o turísticas.
En una sociedad cada vez más integrada al mundo, viajar al exterior ha dejado de ser un privilegio reservado a grupos de altos ingresos.
Miles de profesionales, pequeños empresarios, estudiantes, trabajadores y familias dominicanas realizan viajes internacionales de manera regular, muchas veces para visitar familiares residentes en el extranjero o para atender compromisos laborales y académicos.
Aumentar en un 50% esta contribución significa imponer una carga adicional precisamente sobre un segmento de la población que ya enfrenta el aumento del costo de la vida, mayores gastos financieros y una creciente presión tributaria.
Resulta difícil sostener que una reforma fortalece la equidad cuando, simultáneamente, se incrementan gravámenes que recaen de manera significativa sobre la clase media formal del país.
Más aún, si se suma este aumento a las nuevas cargas sobre las operaciones financieras, el resultado es una acumulación de impuestos que termina neutralizando buena parte de los beneficios que el propio proyecto dice otorgar a la clase media mediante la indexación del mínimo exento del Impuesto sobre la Renta y el incremento de las deducciones por gastos educativos.
El PLD considera que una verdadera política de equidad debe evitar que los sectores medios carguen con una proporción creciente del ajuste fiscal mientras el Gobierno no presenta evidencias claras de reducción del gasto improductivo ni una estrategia integral para combatir la evasión tributaria.
Más impuestos, pero sin explicar para qué
Uno de los aspectos más preocupantes de la propuesta es la ausencia de información clara sobre el destino de los nuevos recursos que pretende recaudar.
Las estimaciones oficiales indican que el costo de los subsidios a los combustibles durante 2026 podría ubicarse en un rango similar al monto que se pretende obtener mediante esta reforma. Ante esta realidad, el PLD considera legítimo preguntar:
¿Cuánto de los nuevos ingresos será destinado a subsidiar combustibles? ¿Cuánto irá a inversión pública? ¿Cuánto se utilizará para reducir el déficit fiscal? ¿Cuánto se destinará a programas sociales o a otros compromisos presupuestarios?
La ciudadanía tiene derecho a conocer con precisión el destino de los sacrificios que se le están solicitando.
Antes de pedir más impuestos, el Gobierno debe mostrar austeridad
El Gobierno sostiene que ha realizado esfuerzos importantes para racionalizar el gasto público. Sin embargo, hasta ahora solo se han presentado declaraciones generales sobre posibles reducciones en publicidad, viajes, viáticos, eventos y compras gubernamentales.
Antes de solicitar nuevos sacrificios tributarios a familias y empresas, el Poder Ejecutivo debe presentar una relación verificable de las reducciones de gasto realizadas, las partidas afectadas y los montos efectivamente ahorrados.
La transparencia debe comenzar por el propio Estado.